La causa Civili (nombre de la víctima) dará inició su proceso el proximo 12 de mayo, en el Tribunal Oral Federal N°3, con Ernesto Guillermo Barreiro como único imputado por delitos cometidos en 1978.
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad relevó que el 17% de las 338 sentencias dictadas desde la reapertura de los juicios incluye condenas por los tipos penales relacionados con agresiones sexuales a las víctimas del terrorismo de Estado.
Al concluir la octava audiencia del alegato, el Ministerio Público Fiscal realizó el petitorio de penas, de acuerdo a la reconstrucción de los casos. Para la fiscalía los hechos se dieron en “una actuación organizada dirigida contra la población”. En este juicio iniciado hace dos años y nueve meses, se juzgan crímenes cometidos contra 138 víctimas en ciudades del centro de la provincia de Buenos Aires.
La apertura del juicio n° 15 duró menos de 20 minutos porque apenas se inició el defensor Deheza informó sobre la muerte del hijo, del testigo Justiniano Martínez, y solicitó que la audiencia se ciña a lo mínimo para poder asistir al velatorio. Recibió las condolencias de las partes y se acordó una presentación breve. El Ministerio Público Fiscal y la querella realizaron una sintética exposición.
Así lo determinó la titular del Juzgado Federal N°1 de esa ciudad, Zunilda Niremperger, respecto de Gabino Manader, el único con vida de los imputados identificados, tras considerar crímenes de lesa humanidad las detenciones ilegales y la aplicación de tormentos a los párrocos Joaquín Nuñez y Gianfranco Testa, ocurridas en 1974.
Juan Carlos Alzugaray fue condenado por los tormentos a José Eduardo Porcel (h), quien fue detenido ilegalmente el 18 de enero de 1975 cuando viajaba a Tucumán para rendir una materia de la carrera de Derecho. La víctima recuperó la libertad en septiembre de 1983.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.
Juan Etchebarne fue absuelto en 1994 por esos hechos. La fiscalía de juicio había intentado avanzar contra esa decisión en el juicio oral. El tribunal y la Cámara de Casación indicaron que debía resolverse en primera instancia. Con el impulso de la fiscalía de instrucción, el juez federal Daniel Rafecas sostuvo que la prescripción por el mero paso del tiempo no puede aplicarse a crímenes de lesa humanidad.
Los imputados militares fueron responsables de la Sección de Inteligencia del Ejército y el principal colaborador del jefe del Área Militar 132, mientras que los civiles están sindicados como responsables de haber cruzado sobre la ruta la camioneta que embistió el vehículo que conducía el prelado. En la causa se investiga un atentado, tras la anulación de la sentencia que había declarado en 1978 que los hechos fueron un incidente vial.
El Ministerio Público Fiscal culminó su exposición en el proceso oral y público donde se juzga la intervención de integrantes de las brigadas de la Superintendencia de Seguridad Federal en seis procedimientos ilegales, en los que fueron asesinadas diez personas y otras dos fueron desaparecidas. También reclamó condenas de seis años de prisión para dos expolicías y la imposición de diferentes penas de inhabilitación para los quince acusados.
La medida, que consiste en la prospección geofísica del predio, fue ordenada por la titular del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, y se llevó a cabo ayer con la técnica del georradar en un predio ubicado frente al cementerio San Francisco Solano.
El Tribunal Oral Federal N°6 porteño sostuvo Adolfo Donda Tigel fue “central” en la apropiación de Victoria, la hija de su hermano y de su cuñada, quien fue inscripta como hija biológica por uno de sus subordinados en la ESMA. En línea con lo pedido por la fiscalía, el tribunal encuadró los hechos como violencia de género y obstétrica y parto deshumanizado. La sentencia valora el aporte documental del equipo de relevamiento que funcionó en el Ministerio de Defensa.
El juez Germán Sutter Schneider coincidió con lo planteado por el Ministerio Público Fiscal y rechazó el pedido de la defensa del acusado. Destacó que el exteniente coronel se encuentra procesado con prisión preventiva en dos causas que se encuentran elevadas a juicio.
La fiscalía requirió que las dos parcelas de 36 hectáreas sean destinadas a actividades relacionadas con el derecho a la memoria, la verdad y la justicia. Los imputados son tres mujeres y un hombre, hijas e hijo de un miembro de la denominada “banda de Aníbal Gordon”, a quienes se los acusa de transferir, adquirir y administrar, dándole la apariencia de un origen lícito, los dos terrenos linderos a la laguna de Chascomús. Además, pidieron el pago de multas.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de esa ciudad hizo públicos los elementos que llevaron a la condena a prisión perpetua dictada para el exministro de Gobierno bonaerense, Jaime Smart, y el expolicía de la Comisaría 1era de Berazategui, Juan Humberto Keller, por el homicidio de un hombre y los secuestros y torturas a los que fueron sometida su tía, sus primos menores de edad y su medio hermano. Impulsado por la fiscalía, analizó diferentes conceptos que influyen en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad.
El máximo tribunal penal del país, integrado por los jueces Alejandro W. Slokar, Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci, confirmó la decisión de primera instancia, de la Justicia Federal de Bahía Blanca en la cual resultaron condenados integrantes del V Cuerpo del Ejército, autoridades policiales y del Servicio Penitenciario Bonaerense
El fiscal general a cargo de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños y Niñas durante el Terrorismo de Estado repasa los principales hitos de la búsqueda nunca interrumpida de los/as hijos/as de desaparecidos/as y describe las estrategias actuales para la investigación del fenómeno criminal que constituyó un plan sistemático.
El 8 de diciembre de 1977, el Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA inició un operativo que terminó con la desaparición de Azucena Villaflor, María Ponce de Bianco, Esther Ballestrino de Careaga, Angela Aguad, Remo Berardo, Julio Fondevila, Patricia Oviedo, Horacio Elbert, Raquel Bulit, Daniel Horane, Leonie Duquet y Alice Domon.
El máximo tribunal penal confirmó la condena dictada por el Tribunal Oral Federal de San Juan en junio de 2022 al exjuez condenado por no haber motivado las investigaciones para esclarecer el secuestro y las torturas que sufrió Héctor Cevinelli y la muerte de Alberto Carvajal, quien fue torturado en el Penal de Chimbas, ambos casos ocurridos en 1977.
El fiscal general Gonzalo Miranda y el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira consideraron acreditado que los expolicías Walter Alé y Juan Risso asesinaron a Horacio Alejandro Benavides en el centro de la capital provincial y que el entonces ministro de Gobierno promovió el ascenso de ambos como consecuencia de los hechos.
El fallo que ordenó la rectificación documental fue dictado el 22 de marzo pasado. Allí se acreditó que el militante y estudiante de entonces 22 años fue asesinado a manos de fuerzas conjuntas del Ejército y la Policía del Chaco, y que el hecho había sido encubierto como un “accidente”.
La fiscalía también solicitó la pena de inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cargos públicos y que se accionen los medios para la pérdida definitiva del estado policial. La representante del MPF destacó el rol de la policía y el aporte relevante que desde ese lugar tuvo en el plan de aniquilamiento durante el terrorismo de Estado. El acusado había sido reconocido por la víctima mientras testimoniaba en un juicio anterior.
Mario Alfredo Sandoval, inspector retirado fue condenado como coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad triplemente agravada por su condición de funcionario público, por haberse cometido con violencia y por haber durado más de un mes, en concurso real con la imposición de tormentos con el propósito de obtener información o quebrantar su voluntad, agravado por haber sido cometido en perjuicio de un perseguido político. La víctima fue secuestrada el 30 de octubre de 1976 y permaneció en cautiverio en la Escuela de Mecánica de la Armada.
La Secretaría de Derechos Humanos, que encabeza Horacio Pietragalla Corti, manifestó hoy su "preocupación por el beneficio de la prisión domiciliaria" otorgada al exdueño de la veloz del Norte, Marcos Levin, y a otros 3 acusados, en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad que sigue el Tribunal Oral Federal Número 1 de Salta.
El dirigente social Juan Grabois fue detenido durante 12 horas tras liderar una protesta pacífica con militantes y legisladores de Patria Grande en el Instituto Nacional Juan Domingo Perón, en el barrio de Recoleta, Buenos Aires.
La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital realizará este miércoles una nueva manifestación en oposición al ajuste del Gobierno Nacional. Hacen un llamado a la comunidad para que se una a ellos.
La ex mandataria afirmó que lo hará "para estar a derecho" y destacó que la prisión domiciliaria "no es un privilegio". Como se preveia CFK concurrirá ajustada a derecho: como siEmpre lo hizo: al requerimiento judicial. En Córdoba el Colectivo Más Democracia a traves de un video invitó a apoyar a Cristina el 18 de junio en la calle, en tanto desde el plenario sindical de las centrales obreras de Córdoba convocó a una reunión el 17 de junio a las 17 hs. en la Casa Histórica de la CGT para coordinar las acciones del miercoles proximo.
La ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure, acompañó el inicio de las actividades en la localidad de Malagueño. A partir de esta semana, inicia el dictado de capacitaciones en distintas localidades de la provincia, que alcanzarán a más de 70 mil cordobeses. Siguen abiertas las inscripciones para especializarse con propuestas virtuales y presenciales, todas gratuitas, con certificación de validez nacional.
Las CTA declararon un cese de actividades y una manifestación para el 18 de junio en respaldo a Cristina Kirchner, en oposición a su proscripción y en defensa de la democracia. Asimismo, criticaron el avance de un modelo neoliberal que se fundamenta en el ajuste, la exclusión y la persecución política.
De acuerdo con un informe del Observatorio de la Deuda Social, la pobreza infantil llegó a un máximo histórico del 67,3% en la primera mitad de 2024, aunque finalizó el año en un 52,8% debido a cierta estabilidad en la macroeconomía y la reducción de la inflación. A pesar de esto, las desigualdades territoriales siguen siendo muy marcadas.
El gobernador de Buenos Aires, que ha mantenido cierta distancia de la ex presidenta en las últimas semanas, participará de la marcha programada para el miércoles
El gobernador Martín Llaryora supervisó los trabajos. La sede de la UPC complementará con disciplinas científicas y tecnológicas la oferta académica que brinda el Polo Educativo San Francisco.