lesa humanidad

La SIDE y la banda de Aníbal Gordon enfrentan un nuevo juicio por secuestros, torturas y crímenes cometidos en los centros clandestinos Automotores Orletti y Base Pomar, así como por el secuestro y apropiación de niños durante el terrorismo de Estado.​

En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.

Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.

El acusado es un exmiembro de la Armada que se manifestó de esa manera en el programa "La Libertad Avanza Radio". La fiscalía argumentó que fue un uso excesivo de la libertad de expresión, considerando que se trata de "un mensaje que legitima y glorifica prácticas relacionadas con el terrorismo de Estado, fomentando la repetición simbólica de dichas violencias".

La identificación fue posible con el cotejo de las huellas dactilares que tomó la policía antes de que el cuerpo fuera inhumado sin identificar. Las huellas fueron encontradas durante la revisión de causas tramitadas por la justicia penal entre 1975 y 1983, en búsqueda de información para las investigaciones en curso por delitos de lesa humanidad.

La Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina (FEPRA) inicia un espacio de reflexión y diálogo con un primer encuentro dedicado a los juicios de lesa humanidad y los dispositivos de acompañamiento a víctimas y testigos. Será el 25 de agosto, a las 19 horas, de manera virtual y abierta a toda la comunidad.

Durante la exposición realizada por el fiscal general Adolfo Villatte, titular de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad del Distrito Rosario, conjuntamente con los auxiliares fiscales Juan Patricio Murray y Alvaro Baella, se solicitaron también penas de hasta 25 años de cárcel para policías federales y un integrante de la policía provincial. El proceso aborda los crímenes contra 57 personas, calificados como privación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos, homicidios agravados y asociación ilícita.

La unidad ejecutora, que está integrada por los representantes del Ministerio Público Fiscal, presentó su tercer informe sobre la implementación de las medidas dispuestas en el pronunciamiento judicial de mayo de 2022 que reconoce la responsabilidad del Estado argentino en los crímenes contra los pueblos Qom y Moqoit en 1924. Destaca que entre 2024 y el primer semestre de 2025, se incorporó la Semana por la Memoria de este episodio al calendario escolar chaqueño, capacitaciones a trabajadores públicos, realizaciones audiovisuales, la digitalización de documentación y la implementación del “Proyecto AGUA”.

El cuerpo de Rosa Eugenia Novillo Corvalán fue hallado en diciembre de 1976 en la costa del río de la Plata, a la altura de Punta Indio, y debidamente identificado en un sumario policial, pero fue inhumado como NN. El extitular de la Subcomisaría de la localidad de Verónica y uno de sus subordinados son juzgados en el marco de un proceso correccional.

El gobierno de Córdoba impulsa una obra vial que partiría en dos una reserva estratégica para la biodiversidad, el patrimonio histórico y la provisión de agua en Sierras Chicas. Sin consulta previa y en el marco de un sospechoso canje de tierras federales, organizaciones ambientales y sociales denuncian un nuevo avance del modelo extractivista-inmobiliario.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba al ejecutar una sentencia de la Cámara Federal de Casación que le ordenó pronunciarse en ese sentido. La decisión conlleva la nulidad de todos los actos cumplidos con posterioridad a la medida implementada por orden de la dictadura, que derivaron en el vaciamiento del patrimonio de la firma.

La causa Civili (nombre de la víctima) dará inició su proceso el proximo 12 de mayo, en el Tribunal Oral Federal N°3, con Ernesto Guillermo Barreiro como único imputado por delitos cometidos en 1978.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad relevó que el 17% de las 338 sentencias dictadas desde la reapertura de los juicios incluye condenas por los tipos penales relacionados con agresiones sexuales a las víctimas del terrorismo de Estado.

Al concluir la octava audiencia del alegato, el Ministerio Público Fiscal realizó el petitorio de penas, de acuerdo a la reconstrucción de los casos. Para la fiscalía los hechos se dieron en “una actuación organizada dirigida contra la población”. En este juicio iniciado hace dos años y nueve meses, se juzgan crímenes cometidos contra 138 víctimas en ciudades del centro de la provincia de Buenos Aires.

La apertura del juicio n° 15 duró menos de 20 minutos porque apenas se inició el defensor Deheza informó sobre la muerte del hijo, del testigo Justiniano Martínez, y solicitó que la audiencia se ciña a lo mínimo para poder asistir al velatorio. Recibió las condolencias de las partes y se acordó una presentación breve. El Ministerio Público Fiscal y la querella realizaron una sintética exposición.

Así lo determinó la titular del Juzgado Federal N°1 de esa ciudad, Zunilda Niremperger, respecto de Gabino Manader, el único con vida de los imputados identificados, tras considerar crímenes de lesa humanidad las detenciones ilegales y la aplicación de tormentos a los párrocos Joaquín Nuñez y Gianfranco Testa, ocurridas en 1974.

Juan Carlos Alzugaray fue condenado por los tormentos a José Eduardo Porcel (h), quien fue detenido ilegalmente el 18 de enero de 1975 cuando viajaba a Tucumán para rendir una materia de la carrera de Derecho. La víctima recuperó la libertad en septiembre de 1983.

Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.

Juan Etchebarne fue absuelto en 1994 por esos hechos. La fiscalía de juicio había intentado avanzar contra esa decisión en el juicio oral. El tribunal y la Cámara de Casación indicaron que debía resolverse en primera instancia. Con el impulso de la fiscalía de instrucción, el juez federal Daniel Rafecas sostuvo que la prescripción por el mero paso del tiempo no puede aplicarse a crímenes de lesa humanidad.

Los imputados militares fueron responsables de la Sección de Inteligencia del Ejército y el principal colaborador del jefe del Área Militar 132, mientras que los civiles están sindicados como responsables de haber cruzado sobre la ruta la camioneta que embistió el vehículo que conducía el prelado. En la causa se investiga un atentado, tras la anulación de la sentencia que había declarado en 1978 que los hechos fueron un incidente vial.

El Ministerio Público Fiscal culminó su exposición en el proceso oral y público donde se juzga la intervención de integrantes de las brigadas de la Superintendencia de Seguridad Federal en seis procedimientos ilegales, en los que fueron asesinadas diez personas y otras dos fueron desaparecidas. También reclamó condenas de seis años de prisión para dos expolicías y la imposición de diferentes penas de inhabilitación para los quince acusados.

La medida, que consiste en la prospección geofísica del predio, fue ordenada por la titular del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, y se llevó a cabo ayer con la técnica del georradar en un predio ubicado frente al cementerio San Francisco Solano.

El Tribunal Oral Federal N°6 porteño sostuvo Adolfo Donda Tigel fue “central” en la apropiación de Victoria, la hija de su hermano y de su cuñada, quien fue inscripta como hija biológica por uno de sus subordinados en la ESMA. En línea con lo pedido por la fiscalía, el tribunal encuadró los hechos como violencia de género y obstétrica y parto deshumanizado. La sentencia valora el aporte documental del equipo de relevamiento que funcionó en el Ministerio de Defensa.

El juez Germán Sutter Schneider coincidió con lo planteado por el Ministerio Público Fiscal y rechazó el pedido de la defensa del acusado. Destacó que el exteniente coronel se encuentra procesado con prisión preventiva en dos causas que se encuentran elevadas a juicio.