La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad relevó que el 17% de las 338 sentencias dictadas desde la reapertura de los juicios incluye condenas por los tipos penales relacionados con agresiones sexuales a las víctimas del terrorismo de Estado.
Al concluir la octava audiencia del alegato, el Ministerio Público Fiscal realizó el petitorio de penas, de acuerdo a la reconstrucción de los casos. Para la fiscalía los hechos se dieron en “una actuación organizada dirigida contra la población”. En este juicio iniciado hace dos años y nueve meses, se juzgan crímenes cometidos contra 138 víctimas en ciudades del centro de la provincia de Buenos Aires.
La apertura del juicio n° 15 duró menos de 20 minutos porque apenas se inició el defensor Deheza informó sobre la muerte del hijo, del testigo Justiniano Martínez, y solicitó que la audiencia se ciña a lo mínimo para poder asistir al velatorio. Recibió las condolencias de las partes y se acordó una presentación breve. El Ministerio Público Fiscal y la querella realizaron una sintética exposición.
Así lo determinó la titular del Juzgado Federal N°1 de esa ciudad, Zunilda Niremperger, respecto de Gabino Manader, el único con vida de los imputados identificados, tras considerar crímenes de lesa humanidad las detenciones ilegales y la aplicación de tormentos a los párrocos Joaquín Nuñez y Gianfranco Testa, ocurridas en 1974.
Juan Carlos Alzugaray fue condenado por los tormentos a José Eduardo Porcel (h), quien fue detenido ilegalmente el 18 de enero de 1975 cuando viajaba a Tucumán para rendir una materia de la carrera de Derecho. La víctima recuperó la libertad en septiembre de 1983.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.
Juan Etchebarne fue absuelto en 1994 por esos hechos. La fiscalía de juicio había intentado avanzar contra esa decisión en el juicio oral. El tribunal y la Cámara de Casación indicaron que debía resolverse en primera instancia. Con el impulso de la fiscalía de instrucción, el juez federal Daniel Rafecas sostuvo que la prescripción por el mero paso del tiempo no puede aplicarse a crímenes de lesa humanidad.
Los imputados militares fueron responsables de la Sección de Inteligencia del Ejército y el principal colaborador del jefe del Área Militar 132, mientras que los civiles están sindicados como responsables de haber cruzado sobre la ruta la camioneta que embistió el vehículo que conducía el prelado. En la causa se investiga un atentado, tras la anulación de la sentencia que había declarado en 1978 que los hechos fueron un incidente vial.
El Ministerio Público Fiscal culminó su exposición en el proceso oral y público donde se juzga la intervención de integrantes de las brigadas de la Superintendencia de Seguridad Federal en seis procedimientos ilegales, en los que fueron asesinadas diez personas y otras dos fueron desaparecidas. También reclamó condenas de seis años de prisión para dos expolicías y la imposición de diferentes penas de inhabilitación para los quince acusados.
La medida, que consiste en la prospección geofísica del predio, fue ordenada por la titular del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, y se llevó a cabo ayer con la técnica del georradar en un predio ubicado frente al cementerio San Francisco Solano.
El Tribunal Oral Federal N°6 porteño sostuvo Adolfo Donda Tigel fue “central” en la apropiación de Victoria, la hija de su hermano y de su cuñada, quien fue inscripta como hija biológica por uno de sus subordinados en la ESMA. En línea con lo pedido por la fiscalía, el tribunal encuadró los hechos como violencia de género y obstétrica y parto deshumanizado. La sentencia valora el aporte documental del equipo de relevamiento que funcionó en el Ministerio de Defensa.
El juez Germán Sutter Schneider coincidió con lo planteado por el Ministerio Público Fiscal y rechazó el pedido de la defensa del acusado. Destacó que el exteniente coronel se encuentra procesado con prisión preventiva en dos causas que se encuentran elevadas a juicio.
Previo al Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores, las principales centrales sindicales de Córdoba —CGT, CTA Córdoba y CTA Autónoma convocaron a una concentración bajo el lema “¡Contra el ajuste y la represión! ¡No al acuerdo con el FMI y las reformas laboral y previsional!”.
El Foro por la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos de Córdoba manifestó su más enérgico repudio a la reciente disposición del Gobierno Nacional que habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir en tareas de seguridad interior, autorizando la detención de civiles en supuestos casos de “delitos en flagrancia” en zonas de frontera.
Hoy 30 de abril se conmemoran 48 años de militancia, memoria y resistencia de las Madres de Plaza de Mayo. El homenaje se realizará en el Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECuNHi) con música, palabras de las protagonistas y un gesto cargado de simbolismo: la entrega del emblemático pañuelo blanco.
El gobierno de Lula participa en el desarrollo del primer modelo de lenguaje abierto que representará la cultura y la historia latinoamericanas.
Por decisión de la Comisión de Disciplina, el Consejo de la Magistratura postergó nuevamente el tratamiento del escandaloso viaje a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido, en el que participaron jueces federales, empresarios del Grupo Clarín y ex agentes de inteligencia. Crecen las críticas por la inacción.
Desde que Javier Milei asumió el poder, las injurias, difamaciones y amenazas hacia los periodistas y medios críticos han sido constantes. Además, se han implementado políticas que intensifican tendencias previas, como la alta concentración de medios, la falta de transparencia en su propiedad y la precarización del trabajo periodístico.
El Gobierno impulsa la desafiliación en los sindicatos de ARCA y la Aduana, ofreciendo una opción digital en medio de un intenso conflicto debido a la disminución de los salarios. Los sindicatos están considerando llevar esta situación a la justicia y a la OIT.
Este sábado 3 de mayo, en vísperas de un nuevo aniversario de la toma de la Cervecería Córdoba, el Centro Cultural La Piojera será escenario de un encuentro cargado de memoria y reivindicación. La jornada comenzará a las 20:00 horas con la proyección del cortometraje *“Huevo, Huevo, Cervecero”