El juez Germán Sutter Schneider coincidió con lo planteado por el Ministerio Público Fiscal y rechazó el pedido de la defensa del acusado. Destacó que el exteniente coronel se encuentra procesado con prisión preventiva en dos causas que se encuentran elevadas a juicio.
Argentina12 de mayo de 2024
Sures Noticias
El juez de ejecución del Tribunal Oral Federal N° 1 de Rosario, Germán Sutter Schneider, rechazó ayer el pedido de libertad condicional que había planteado Juan Daniel Ámelong, acusado y condenado en múltiples causas por crímenes de lesa humanidad. El magistrado coincidió con lo planteado por el fiscal Adolfo Villatte, que se había opuesto al pedido tras remarcar que se encuentra procesado con prisión preventiva en dos causas que se encuentran elevadas a juicio. Además, el representante del Ministerio Público Fiscal había destacado que ya se encuentra condenado con una prisión perpetua firme, penas de 13 y 10 años de prisión también firmes y otras dos prisiones perpetuas aún no ratificadas.
La defensa de Ámelong había fundamentado su pedido en que se encuentra detenido desde el 17 de mayo de 2004 de forma ininterrumpida, actualmente en la Unidad 34, que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo, próximo a cumplir veinte años de prisión. También hizo foco en el cumplimiento de reglamentos penitenciarios, además de incluir informes del organismo técnico criminológico y del Consejo Correccional del Servicio Penitenciario Federal. De acuerdo a estos documentos, Ámelong se encontraría “en condiciones temporales” para acceder a la libertad condicional a partir del 17 de mayo próximo.
Tras analizar los planteos de la defensa, el Ministerio Público Fiscal y la querella, el juez Sutter Schneider consideró que “la circunstancia de encontrarse Amelong detenido en prisión preventiva para dos causas en trámite, decide ab initio [desde el inicio] la cuestión sin necesidad de entrar en valoraciones de otro tipo sobre extremos en que las partes han confrontado expresa o implícitamente”.
Dentro de esas consideraciones, destacó la incidencia de la especial naturaleza de lesa humanidad de los delitos por los que Amelong fue condenado, su conducta en el desarrollo de los juicios y en la ejecución de la condena, no haber tenido algún tipo de manifestación de arrepentimiento o cambio de actitud de su parte, la suficiencia o no de los informes penitenciarios elevados y la procedencia del examen pedido por la fiscalía al momento mismo de su presentación en audiencia.
Sutter Schneider también destacó "las manifestaciones de todas y cada una de aquellas víctimas que se expresaron ante el suscripto, oponiéndose unánimemente a que se le conceda la libertad condicional a Amelong, y de las que nuevamente interesa destacar especialmente el dolor e incertidumbre aún vigente acerca del destino final de sus familiares por cuya desaparición y/o muerte cumple condena Amelong".
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.
Tras un operativo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató un punto de venta de drogas en el barrio Maldonado, secuestró 272 envoltorios de cocaína y detuvo a tres hombres —entre ellos Pablo Learte, condenado por el homicidio de Facundo “el Rubio del Pasaje” Rivera Alegre—, todos con antecedentes penales
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
La Municipalidad de Cosquín confirmó daños intencionales en morteros rupestres de alto valor ceremonial ubicados en la Reserva Natural Río Yuspe‑Cosquín, donde se detectaron marcas de herramientas, retiro de cartelería informativa y bloqueo de senderos, y anunció denuncias penales para resguardar este patrimonio reconocido por la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia.
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.