La Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina (FEPRA) inicia un espacio de reflexión y diálogo con un primer encuentro dedicado a los juicios de lesa humanidad y los dispositivos de acompañamiento a víctimas y testigos. Será el 25 de agosto, a las 19 horas, de manera virtual y abierta a toda la comunidad.
Argentina20 de agosto de 2025
Sures Noticias
En un contexto en el que la salud mental y los derechos humanos se entrelazan de manera urgente y necesaria, FEPRA lanza el Ciclo de Encuentros: Derechos Humanos y Salud Mental. La primera jornada, titulada “Juicios de Lesa Humanidad y Dispositivos de Acompañamiento a las víctimas/testigos. La memoria como construcción social”, propone abrir el debate sobre la importancia de sostener espacios de cuidado, acompañamiento y escucha en procesos judiciales que marcan la historia del país.
El encuentro contará con la participación de referentes en la temática. Entre ellxs:
Lic. Fabiana Rousseaux, psicoanalista, directora de Territorios Clínicos de la Memoria (TECME) y autora del libro “Sueños y Testimonios. Inconsciente y Discurso Jurídico”.
Lic. María Molas y Molas, integrante del Centro Ulloa, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación.
El Equipo de Acompañamiento a Víctimas de Tandil (PBA), conformado por las licenciadas Josefina Guaspari, Silvana Cerda, Manuela Ponce y Aldana Giannasi.
La moderación estará a cargo de la Ps. Laura Capella, psicoanalista, miembro del Foro en Defensa de los Derechos Humanos del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Santa Fe (2da circ.) y del Seminario “El sujeto y los DDHH” de la Facultad de Psicología de la UNR.
Organizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de FEPRA, el encuentro es abierto, gratuito y virtual. Se realizará a través de la plataforma Zoom el 25 de agosto a las 19 horas, con el ID de reunión 884 3068 3919 y el código de acceso 323865.
El 23 de abril de 2026 comenzará en La Plata el juicio oral por crímenes de lesa humanidad contra Emilio Parodi, exgerente de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda, en una causa que busca fijar responsabilidades empresariales en el terrorismo de Estado a 50 años del golpe.
El Gobierno modificó por decreto la Ley de Inteligencia, rediseñó el organigrama del Sistema de Inteligencia Nacional y otorgó nuevas facultades a sus agentes, incluyendo la posibilidad de aprehender personas y la persecución política a través de un esquema parapolicial encubierta.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de Martín Cormick, anuló la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación al considerar que criminaliza la protesta social, avanza sobre facultades del Congreso y vulnera estándares internacionales de derechos humanos, en una causa impulsada por el CELS y decenas de organizaciones.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
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La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.
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