Los imputados militares fueron responsables de la Sección de Inteligencia del Ejército y el principal colaborador del jefe del Área Militar 132, mientras que los civiles están sindicados como responsables de haber cruzado sobre la ruta la camioneta que embistió el vehículo que conducía el prelado. En la causa se investiga un atentado, tras la anulación de la sentencia que había declarado en 1978 que los hechos fueron un incidente vial.
Argentina11 de julio de 2024
Sures Noticias
El fiscal federal de San Nicolás, Matías Di Lello, requirió ayer el llamado a declaración indagatoria de tres exmilitares y de dos civiles imputados como coautores del homicidio agravado del obispo Carlos Horacio Ponce de León y la tentativa de homicidio calificado en perjuicio de Víctor Oscar Martínez el 11 de julio de 1977 en el marco de un suceso que pretendió presentarse públicamente como un incidente vial.
La presentación del MPF se produce luego de que la Cámara Federal de Casación confirmara el fallo de la Cámara Federal de Rosario que anuló por cosa juzgada írrita la sentencia que en 1978 había determinado que el obispo conducía un automóvil Renault 4S por la Ruta Nacional N°9 y que a la altura del kilómetro 212 fue embestido por una camioneta Ford F-100, que cruzó de carril. La sentencia referida indicó que el prelado falleció producto del impacto, mientras que su acompañante, Martínez, resultó gravemente herido. El juez provincial Oberdán Andrín condenó entonces al conductor de la camioneta a la pena de 6 meses de prisión en suspenso y lo inhabilitó para conducir automotores por 5 años.
El fiscal formuló el pedido en el marco de la Resolución PGN 13/08, que instruyó a los/as fiscales a requerir la elevación a juicio en casos de crímenes de lesa humanidad aún cuando se encuentren pendientes recursos contra los procesamientos ante la Cámara Federal de Casación o ante la Corte Suprema. En este caso, la fiscalía reinterpretó esa resolución para pedir la convocatoria a prestar declaración indagatoria aún cuando se encuentra pendiente un recurso de la defensa ante la Corte Suprema respecto de la anulación de la sentencia de 1978 y la reapertura del caso.
La investigación del caso como un atentado contra Ponce de León -que al momento del hecho venía de denunciar en el Vaticano las violaciones a los derechos humanos en Argentina- fue una hipótesis trabajada desde 2005 por la Fiscalía Federal de San Nicolás, que logró que el Poder Judicial validara su postura, removiera los efectos de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y reabriera el proceso.
En efecto, la fiscalía recabó elementos de prueba que le permiten sostener que Ponce de León fue asesinado en un atentado planificado por diferentes órganos represivos como consecuencia de sus denuncias, que consistió en cruzar la camioneta sobre la ruta para que fuera embestida por el vehículo conducido por Ponce de León en la madrugada del 11 de julio de 1977.
El pedido de llamado a declaración indagatoria formulado por el fiscal Di Lello, que deberá resolver el juez federal subrogante Marcelo Bailaque, comprende al exjefe de Personal y Logística de la Plana Mayor del Área Militar 132 y del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, Bernardo Luis Landa; al exjefe y el exsegundo jefe de la Sección San Nicolás del Destacamento de Inteligencia 101, Omar Andrada y Luis Américo Muñoz, respectivamente; el conductor de la camioneta Ford F-100 ante la cual impactó el Renault 4 conducido por Ponce de León y empleado de la firma Agropolo S.A, Luis Antonio Martínez; y el titular registral de la camioneta, directivo de aquella empresa, Sergio Carlos Bottini, quien acompañaba a Martínez el día de los hechos.
El obispo Ponce de León había denunciado en el Vaticano las violaciones a los derechos humanos en Argentina.
El fiscal Di Lello recordó que, al validar la hipótesis del atentado propiciada por el MPF, la Cámara Federal de Rosario indicó que "no es posible soslayar que el Obispo estaba siendo objeto de operaciones de inteligencia, seguimientos y amenazas por parte de los órganos represivos del gobierno de facto que regía en el país entre 1976/1983".
En ese marco, el representante del MPF formuló la imputación a los cinco acusados teniendo en cuenta la participación material del conductor y del propietario (y acompañante) de la camioneta F-100 y la "estructura de poder organizada" en el Área Militar 132 para la ejecución del plan criminal de persecución y eliminación de personas opositoras al régimen.
Al respecto, el fiscal sostuvo que Landa "tenía un rol de relevancia en la estructura de la unidad militar que ejercía el control jurisdiccional a los fines de la lucha contra la subversión" y que era "una suerte de 'alter ego' del entonces teniente coronel [Fernando] Saint Amat", el fallecido jefe del área militar.
"No puede sostenerse en base a ningún razonamiento lógico que, cuando como Oficial S1 [denominación de los reglamentos militares para el jefe de personal] disponía de personal, o cuando como Oficial S4 [jefe de Logística] disponía de medios materiales para las distintas operaciones de seguridad y de aniquilamiento dispuestas en los reglamentos, ignorara que dichos medios tenían la finalidad clandestina propia de la llamada 'guerra contra la subversión'", explicó.
Un peritaje realizado con un programa informático determinó que la camioneta F-100 no estaba en movimiento sobre la ruta 9, sino que estaba cruzada de forma transversal para que fuera embestida por el Reunalt 4S que conducía el obispo Ponce de León.
Añadió que Landa "en su carácter de asistente directo del Jefe de la Unidad tuvo que tener un rol de importancia en la correspondencia, alguna de ellas con el rótulo de confidencial, intercambiada a partir de diciembre de 1976 entre el Jefe del área Militar 132 y del Batallón de Combate de Ingenieros 101 por el Comandante del Primer Cuerpo de Ejército y el Director General de Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores respecto de las operaciones de inteligencia que se estaban realizando sobre Monseñor Carlos Horacio Ponce de León y los integrantes de la Diócesis Nicoleña conforme se encuentra plasmado en la presente causa".
En cuanto a Andrada y Muñoz, jefe y segundo jefe de la Sección San Nicolás del Destacamento de Inteligencia 101, el fiscal les imputó haber colectado "la información que transformaron en inteligencia para poder identificar como oponente a monseñor Ponce de León y operar en su contra para la diagramación del atentado que cobrara su vida".
Finalmente, en relación a Luis Martínez y a Carlos Bottini, el fiscal señaló que “fueron ellos quienes dispusieron del dominio material de los hechos delictivos investigados, esto es colocar la Ford Pick Up F 100 que generó la colisión que acorde la hipótesis criminal sostenida fue un atentado pensado y ejecutado por las autoridades militares contra la persona del Obispo Ponce de León, el que ocasionara su muerte".
Pruebas de un atentado
Durante la investigación, la fiscalía basó su hipótesis del homicidio en las irregularidades detectadas en la causa tramitada en el fuero provincial que concluyó con la sentencia de 1978. En ese proceso, sostuvo, no se agregaron el certificado de defunción ni se investigaron las causas de la muerte de Ponce de León, no se secuestraron los vehículos, no se realizó un peritaje accidentológico ni se efectuaron diligencias para establecer la razón de la ausencia de huellas de frenadas, como tampoco se buscó testigos.
En tanto, en la investigación en el fuero federal se incorporó al caso el peritaje realizado por el ingeniero y licenciado en Accidentología y Prevención Vial Jorge Geretto, quien mediante el software PC-Crash elaboró un informe en el que estableció -entre otros aspectos- que no hubo un choque entre la F-100 y el auto que conducía Ponce de León, sino que la camioneta se encontraba detenida y cruzada en forma transversal sobre la ruta al momento de ser colisionada, y que tampoco era tripulada, "pues el chofer y el acompañante de la Ford F-100 hubieran tenido mayores o iguales lesiones a las que sufrió Ponce de León".
Otro de los peritajes realizados en la causa consistió en el examen antropológico realizado en 2009 sobre el cuerpo de Ponce de León, que demostró la ausencia de la "fractura y hundimiento de cráneo" que había sido descripta en la autopsia realizada en 1977 y que dejó en evidencia cuanto menos que la investigación provincial no fue consistente.
Por otro lado, la fiscalía recogió diferentes testimonios de miembros de la Iglesia Católica que refirieron que la víctima tenía "documentación vinculada a personas detenidas, perseguidas o desaparecidas durante el último gobierno militar" y que "luego de la muerte del obispo esa información nunca fue encontrada". Recordó asimismo que el único testigo que negó a hablar sobre la existencia de esa documentación fue el administrador apostólico de la diócesis local, Justo Oscar Laguna, quien fue procesado por falso testimonio por esa conducta.
Un informe especial de la Comisión Provincial por la Memoria, tras dos años de monitoreo de protestas bajo el gobierno de Javier Milei en la ciudad de CABA, advierte un incremento de la violencia estatal, con 2.585 personas heridas y 258 detenciones arbitrarias.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocaría a realizar un paro nacional con movilización el 10 de febrero, en coincidencia con el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral promovido por el oficialismo. La decisión se habría tomado luego de la masiva marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde sindicatos y organizaciones sociales reclamaron frenar la iniciativa del Ejecutivo y exigieron una medida de fuerza a nivel nacional.
Familiares, amigos y organizaciones sociales reclaman la inmediata liberación de Gonzalo Emmanuel Videla Castro, imputado por supuesto incendio doloso del pino navideño en el centro mendocino tras participar en manifestaciones contra la minería. Hoy, a las 10 horas, se realiza la audiencia de control jurisdiccional en el Polo Judicial para definir su situación procesal, en medio de denuncias por criminalización de la protesta ambiental.
Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, y el socialista Esteban Paulón promovieron un amparo para suspender el DNU 941/2025, que reformó la Ley de Inteligencia y convirtió a la SIDE en órgano central del sistema, con facultades propias de las fuerzas de seguridad. Sostienen que el decreto es inconstitucional, vulnera la división de poderes y abre la puerta a un modelo de Estado policial.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que, desde que rige el DNU 274/2024, la jubilación mínima sin bono perdió casi un tercio de su valor frente al esquema anterior, mientras el Gobierno exhibe el ajuste previsional como pilar del superávit fiscal; el fin de la moratoria y el congelamiento del bono agravan la exclusión y la pobreza entre adultos mayores.
Daniel Vera, docente jubilado de 64 años de Resistencia, Chaco, cumple seis meses bajo arresto domiciliario por publicaciones en Facebook que denunciaban el conflicto en Gaza y criticaban a figuras públicas como el presidente Javier Milei. La Justicia Federal, a cargo del juez Ariel Lijo, lo acusa de amenazas y apología al antisemitismo, pese a que la pena máxima es excarcelable y sus defensores denuncian persecución política.
La Provincia modificará la forma de calcular el Índice de Precios al Consumidor para preservar la comparabilidad con las estadísticas nacionales y porteñas, en un contexto de críticas a la metodología del INDEC por el uso de una canasta desactualizada y ponderaciones que habrían subestimado la inflación y sus efectos sociales.
Este viernes 16 de enero, en la Casa de los Trabajadores, se realizará un acto con diálogo abierto, presentaciones artísticas y reclamos contra la persecución política y encarcelamiento de Milagro Sala bajo los gobiernos de Macri, Fernández y Milei. Participan e invitan referentes y organizaciones políticas, sindicales, sociales y de derechos humanos. La actividad es promovida por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocaría a realizar un paro nacional con movilización el 10 de febrero, en coincidencia con el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral promovido por el oficialismo. La decisión se habría tomado luego de la masiva marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde sindicatos y organizaciones sociales reclamaron frenar la iniciativa del Ejecutivo y exigieron una medida de fuerza a nivel nacional.
Un informe especial de la Comisión Provincial por la Memoria, tras dos años de monitoreo de protestas bajo el gobierno de Javier Milei en la ciudad de CABA, advierte un incremento de la violencia estatal, con 2.585 personas heridas y 258 detenciones arbitrarias.