La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad relevó que el 17% de las 338 sentencias dictadas desde la reapertura de los juicios incluye condenas por los tipos penales relacionados con agresiones sexuales a las víctimas del terrorismo de Estado.
Argentina10 de marzo de 2025
Sures Noticias
Desde la reanudación del juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado, tribunales federales de todo el país dictaron 338 sentencias, de las cuales 58, un 17%, abordaron delitos de violencia sexual.
La estadística fue elaborada por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad a propósito del Día Internacional de las Mujeres, con el objeto de visibilizar un fenómeno que caracterizó al plan criminal desplegado antes y durante la última dictadura cívico militar.
El total de personas condenadas por crímenes de lesa humanidad en aquellas 338 sentencias es de 1197, mientras que en los 58 pronunciamientos que incluyeron delitos de violencia sexual las personas condenadas son 170.
De acuerdo con el relevamiento, la primera sentencia que incluyó esta especie de delitos fue dictada en 2010 por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata en el caso que derivó en la condena a prisión perpetua del suboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Rafael Molina.
Salvo en 2011, los años que siguieron hasta 2024 —incluido—, tribunales de diferentes jurisdicciones dictaron sentencias que incluyeron delitos de violencia sexual. En 2023 hubo 6 sentencias en ese sentido, cifra que constituyó el pico en los registros anuales.
La persecución penal de los crímenes de violencia sexual cometidos durante el terrorismo de Estado fue incorporada a la política criminal del MPF con la Resolución PGN 557/2012. A partir de su dictado, la Procuración General instruyó a las/os fiscales a adoptar las acciones necesarias para requerir su investigación y sanción de forma autónoma, sin subsumirlos en otras figuras delictivas, como por ejemplo la de aplicación de tormentos.
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Lo dispuso la jueza federal María Servini a pedido del fiscal federal Eduardo Taiano, la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB).
El joven tenía 24 años cuando fue secuestrado en 1976. Además, solicitaron que se establezca el arrojamiento de cuerpos al río Paraná como una práctica sistemática del terrorismo de Estado. La fiscalía acompañó el pedido de los familiares para que se establezca que su secuestro, tortura y homicidio se produjo en un contexto de persecución generalizada y sistemática por razones ideológicas dirigida contra la población en el marco de la última dictadura cívico militar.
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) aseguró que el supuesto incremento salarial del 7,5 % anunciado por el Ministerio de Capital Humano ya había sido acordado previamente con UPCN y aún no se aplicó. El único cambio es un bono único de 25 000 pesos por dedicación completa, y se ratificó el paro hasta el viernes.
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