La medida, que consiste en la prospección geofísica del predio, fue ordenada por la titular del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, y se llevó a cabo ayer con la técnica del georradar en un predio ubicado frente al cementerio San Francisco Solano.
Argentina 02 de junio de 2024
Sures Noticias
En línea con el pedido de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia, integrada por el fiscal general Carlos Amad, el fiscal federal Patricio Sabadini y los fiscales ad hoc Diego Vigay y Horacio Rodríguez, la titular del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, ordenó la prospección geofísica en un predio situado frente al cementerio San Francisco Solano de esa ciudad, en el marco de la búsqueda de cuerpos de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico militar.
La medida se llevó a cabo ayer por parte del antropólogo Diego Rico y del geólogo Héctor Gámez, de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional, bajo la coordinación del antropólogo Juan Nobile, del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Los especialistas utilizaron la técnica del uso de georradar (GPR), un dispositivo que sirve para detectar objetos y/o estructuras por debajo del nivel del suelo.
Después de la actividad de campo desarrollada, sobreviene un trabajo en laboratorio con la finalidad de detectar objetos, estructuras y movimientos en el terreno, por debajo del nivel del suelo.
La información que motivó esta medida fue aportada por la Fiscalía Federal, luego de que un familiar de un policía chaqueño condenado por crímenes de lesa humanidad informara acerca de la existencia de un terreno baldío con una laguna, ubicado frente a ese cementerio, que se habría utilizado durante 1976 y 1977 para enterramientos clandestinos.
La fiscalía informó que en los últimos años, tanto el EAAF como el Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT) desarrollaron diversos trabajos de búsqueda, tales como excavaciones con trincheras, georradar y exhumaciones en el cementerio local, en una Chacra de Puerto Tirol, en el arroyo Guaycurú, en la Isla Soto y en el Regimiento La Liguria.
Añadió que, asimismo, por iniciativa de la Fiscalía Federal de Corrientes, desde 2007 también se llevaron adelante varias medidas de búsqueda en el cementerio de Empedrado.
En este contexto, la fiscalía indicó que en Chaco continúa la búsqueda de Fernando Pierola, Roberto Yedro, Reynaldo Zapata Soñe, Carlos Alberto Duarte, Juan Carlos Fernández, Delicia González, Raúl Caire, víctimas de la denominada masacre de Margarita Belén; también la de Sara Fulvia Ayala, Pedro Morel, Enzo Lauroni, Mónica Judith Almirón, Abel Arce y Horacio Oviedo, quienes fueron vistos/as en el centro clandestino de la Brigada de Investigaciones, y la de Carlos Héctor Orianski, Secundino Taco Vallejos, Rogelio Vocouber, Luis Fleitas, Armando Molinas y Juan Bautista Britez, militantes de las Ligas Agrarias.
La actividad del EAFF en la provincia
La fiscalía informó que el Equipo de Antropología Forense logró la identificación de ocho personas asesinadas o desaparecidas en la provincia, con el siguiente detalle:
En 2007 determinó la identidad de Emma Cabral a través de las huellas dactilares que habían sido tomadas al cuerpo de la mujer cuando fue ingresada en los registros “oficiales” como NN por el médico que firmó las actas de defunción.
En abril de 2009 el Tribunal Oral Federal de Resistencia restituyó, mediante la verificación de las huellas dactilares y ADN, la identidad de Alcides Bosch, cuyos restos habían sido exhumados como NN en el cementerio de Resistencia en 2007.
El 27 de agosto de 2010 el Tribunal Oral Federal de Resistencia restituyó los restos de Luis Díaz, identificado por ADN, a su hijo Martín y a su compañera Norma Cajal.
El 12 de noviembre de 2014, el EAAF identificó los restos de Julio Andrés "Bocha" Pereira, cuyos restos habían sido exhumados como NN en junio de 2006 en el cementerio de Empedrado de la provincia de Corrientes.
En febrero de 2018 fue confirmada la identidad de los restos pertenecientes a Carlos Zamudio, asesinado en la Masacre de Margarita Belén.
En septiembre de 2018 se identificó el cuerpo de Carlos Tereszecuck, que había sido enterrado en una tumba NN en el Cementerio de Empedrado Corrientes.
Finalmente, en noviembre de 2019, se logró la identificación de los cuerpos de Manuel Parodi Ocampo y Artuto Franzen. A través de estudios genéticos, se comprobó que se encontraban cruzados en sus sepulturas.
Fue por decisión de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, quien resaltó el relato aportado por la denunciante. Además, quedó firme el embargo al imputado por un monto de 1.500.000 pesos.
A través de una medida de no innovar que dictó a pedido de la Fiscalía de La Plata, el juez federal Ernesto Kreplak. La medida pretende que la documentación no pueda ser modificada, mudada o cambiada • En marzo se comenzó a desarmar la política de Memoria, Verdad y Justicia que se implementaba desde hace catorce años.
Integrantes de todo el territorio plurinacional, asambleas socioambientales, comunidades indígenas, organizaciones y activistas autoconvocades pusieron en pie una campaña contra la adhesión al RIGI *Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones* en cada provincia y localidad. Escribieron una carta como propuesta colectiva que tiene como objetivo hacerla llegar a legisladores, diputados y concejales.
A través de un comunicado Abuelas señaló que, por medio de un decreto, el Gobierno pretende eliminar una unidad de investigación fundamental que busca garantizar el derecho a la verdad y a la identidad.
Daniela Calarco Arredondo, referente de un movimiento social, fue trasladada sin notificación a su abogado y presionada para firmar una declaración falsa a cambio de su libertad. Continúa detenida junto a David Sica, Cristian Valiente, Facundo Gómez y Roberto de la Cruz Gómez, cuya liberación inmediata sigue siendo exigida. Bullrich transformó su Ministerio en un centro de persecución política.
A partir de hoy 1 julio, entran en circulación “Los Chachos”, los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE) denominados Chacho. Estos bonos cuentan con diferentes normas de seguridad a tener en cuenta por la población.
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Un estudio del Centro de Almaceneros revela que, debido a la escasez de plata, se intensifica la práctica de omitir comidas (con padres y madres que no comen para que sus hijos puedan hacerlo), y las meriendas se están convirtiendo en cenas.
La jueza Sandra Cuneo, titular del Juzgado Civil de Villa Dolores, ordenó entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos, comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició. La madre cordobesa fue respaldada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDH de Córdoba la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.
Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Ayer se realizó la audiencia que determinaría el veredicto y la sentencia contra el individuo acusado de múltiples delitos contra la integridad sexual de una mujer en la comunidad de Córdoba.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.