Juan Etchebarne fue absuelto en 1994 por esos hechos. La fiscalía de juicio había intentado avanzar contra esa decisión en el juicio oral. El tribunal y la Cámara de Casación indicaron que debía resolverse en primera instancia. Con el impulso de la fiscalía de instrucción, el juez federal Daniel Rafecas sostuvo que la prescripción por el mero paso del tiempo no puede aplicarse a crímenes de lesa humanidad.
Argentina11 de julio de 2024
Sures Noticias
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, a cargo de Daniel Rafecas, anuló el sobreseimiento del expresidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Juan Etchebarne, por la privación ilegal de la libertad de cinco víctimas del grupo empresarial "Chavanne-Grassi”, cuyos miembros fueron perseguidos durante la última dictadura cívico militar.
El pedido había sido realizado inicialmente por el fiscal general Alejandro Alagia y la auxiliar fiscal Berenice Timpanaro en el juicio oral en el que, además de Etchebarne -que resultó absuelto-, también fue juzgado el exagente civil de Inteligencia del Ejército Raúl Antonio Guglielminetti. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal N°5 porteño resolvió en la sentencia que la nulidad del sobreseimiento debía plantearse en el juzgado de instrucción, lo cual fue convalidada posteriormente por la Cámara Federal de Casación.
De esa manera, la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº 6 formuló el pedido en la etapa de instrucción, que derivó en la resolución dictada por el juez Rafecas. El magistrado anuló el sobreseimiento por prescripción dictado el 26 de abril de 1994 por el exjuez Carlos Liporace relativo a los hechos sufridos por René Grassi, Juan Claudio Chavanne, Marcelo Chavanne, Raúl Aguirre Saravia e Isidoro de Carabassa, por los que se encuentra imputado Etchebarne.
“El sobreseimiento definitivo por prescripción fundado en el mero paso del tiempo, aun cuando haya adquirido firmeza, no puede resultar un impedimento a la investigación de los hechos abarcados en la presente causa, por tratarse de delitos catalogados como de lesa humanidad, resultando en consecuencia, imprescriptibles", sostuvo el juez Rafecas.
El caso
Durante el juicio, el MPF sostuvo que, en su carácter de presidente de la CNV entre el 9 de junio de 1976 y el 4 de junio de 1983, Etchebarne intervino en calidad de coautor de la privación ilegal de la libertad de 23 personas mediante un grupo de tareas constituido para investigar ilegalmente la transferencia de acciones del Banco de Hurlingham entre los grupos económicos Graiver-Chavanne-Industrias Siderúrgicas Grassi S.A. Las víctimas, integrantes del grupo Chavanne, fueron secuestradas entre el 14 de septiembre y el 8 de noviembre de 1978. Cinco de aquellos 23 casos no se incluyeron en la acusación final y en la sentencia, dado que el TOF consideró que la revisión de la resolución que los había considerado prescriptos debía realizarse en el juzgado federal de primera instancia.
De acuerdo con la investigación, el objetivo de las operaciones contra los miembros del grupo económico era “recuperar” el dinero que la organización Montoneros había obtenido por el pago del rescate de los hermanos Juan y Jorge Born, directivos de la firma "Bunge & Born".
En este marco, Juan Chavanne fue privado ilegalmente de su libertad el 14 de septiembre de 1978, tras ser secuestrado en el microcentro porteño por un grupo de agentes del Primer Cuerpo del Ejército. Posteriormente fue trasladado a la sede del Comando del Primer Cuerpo y finalmente a la cárcel de Encausados de Campo de Mayo, donde sufrió tormentos. Esta misma mecánica se repitió con distintas variantes sobre las otras víctimas.
En el alegato del juicio oral la fiscalía había señalado que “Etchebarne intervino en interrogatorios a prisioneros secuestrados. Fue visto o escuchado con certeza por al menos cinco víctimas”. Además, indicó que el funcionario tuvo una intervención como presidente de la CNV de modo necesario en los secuestros y torturas ejecutados por un grupo de tareas que se encontraba a las órdenes del entonces jefe del Primer Cuerpo de Ejército, Carlos Guillermo Suárez Mason. “También fue reconocida su presencia en el campo de concentración por autoridades del Primer Cuerpo del Ejército y por funcionarios de la Comisión Nacional de Valores, que intervinieron en los interrogatorios en el lugar de los hechos”, sostuvo entonces el fiscal Alagia.
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Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.
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