El gobierno de Córdoba impulsa una obra vial que partiría en dos una reserva estratégica para la biodiversidad, el patrimonio histórico y la provisión de agua en Sierras Chicas. Sin consulta previa y en el marco de un sospechoso canje de tierras federales, organizaciones ambientales y sociales denuncian un nuevo avance del modelo extractivista-inmobiliario.
Córdoba07 de julio de 2025
Sures Noticias
Por qué una ruta puede destruir mucho más que un paisaje
La decisión del gobierno de Martín Llaryora de asfaltar la ruta provincial E-64, que conecta La Calera con Malagueño, ha encendido una fuerte alarma ambiental, política e institucional. Con un presupuesto inicial de 18 mil millones de pesos, la traza prevista cruzaría por el corazón de la Reserva Natural de la Defensa La Calera, un área protegida de 13.360 hectáreas con un altísimo valor ecológico, hídrico e histórico. La obra, que avanzó sin consulta al Ejército Argentino (titular de las tierras), la Administración de Parques Nacionales ni a las organizaciones de la sociedad civil, pone en riesgo uno de los pulmones verdes más importantes del centro del país.
La Reserva, ubicada en el cordón montañoso de las Sierras Chicas, cumple funciones clave: alberga fauna y flora autóctona amenazada, actúa como regulador hídrico en una región que sufre sequías e inundaciones extremas, y contiene suelos y vegetación nativa que son esenciales para la prevención de incendios forestales. Su valor, sin embargo, excede lo ambiental: en su territorio se encuentra el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “La Perla”, un sitio de memoria ligado a crímenes de lesa humanidad.
La ruta provincial E-64 fue utilizada para trasladar a los detenidos de La Perla, quienes luego fueron asesinados en las cercanías de ese ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, ubicado dentro de la reserva. Una de las razones por las que no debe haber cambio de uso de suelo en el lugar es que ese territorio necesita ser preservado para las investigaciones relacionadas con la búsqueda de los restos de desaparecidos.
Según especialistas, el asfaltado provocaría una grave fragmentación del hábitat, interrumpiendo el Corredor Biológico de Sierras Chicas, un sistema vital para el desplazamiento y la reproducción de especies silvestres. Además, se teme el incremento de atropellamientos de fauna, pérdida de suelos, invasiones no autorizadas y un efecto de “urbanización inducida” que facilitaría el avance de los desarrollos inmobiliarios sobre la reserva.
El modelo Córdoba: canje de deuda por tierras públicas
A esta preocupación se suma el trasfondo político-económico del proyecto. En mayo, medios nacionales revelaron que la provincia de Córdoba negocia con Nación el pago de la deuda previsional mediante la cesión de bienes inmuebles federales. Entre ellos, figuran terrenos pertenecientes al Ministerio de Defensa, como los de la Reserva La Calera. De concretarse, estas tierras pasarían a manos del gobierno provincial, que ya ha demostrado su afinidad con el capital inmobiliario.
No es una sospecha infundada: la presión para urbanizar la reserva viene de larga data. La Calera, localidad vecina, ha crecido en los últimos años a fuerza de desarrollos tipo country que avanzan sobre el monte. El asfaltado de la E-64, denuncian organizaciones vecinales, no es una simple mejora de conectividad, sino una vía estratégica para abrir el acceso a zonas hoy protegidas. “Es el paso previo para la instalación de más barrios privados en un entorno natural que debería estar resguardado”, alertan desde el colectivo socioambiental “Salvemos la Reserva”.
Silencios, contradicciones y luchas en defensa del territorio
Lo más alarmante para los vecinos y especialistas es la ausencia total de instancias democráticas: no se realizó Estudio de Impacto Ambiental ni Audiencia Pública, requisitos legales para obras de esta magnitud. La política ambiental del gobierno provincial, que en sus discursos promueve la sostenibilidad y la protección de la biodiversidad, se contradice una vez más con los hechos concretos.
“No se puede defender el ambiente mientras se lo fragmenta con rutas y se lo pone al servicio del mercado inmobiliario”, expresó una bióloga que participó de la caminata conmemorativa por los 15 años de la Reserva, realizada días atrás por vecinos y organizaciones. El evento fue masivo y emotivo: incluyó recorridos guiados, paradas educativas y espacios de reflexión en plena naturaleza. Pero también estuvo atravesado por la bronca y la preocupación de quienes saben que, una vez perdida, la naturaleza no se recupera fácilmente.
¿Desarrollo o extractivismo disfrazado?
El caso de la E-64 expone con crudeza un conflicto de fondo que atraviesa a muchas provincias argentinas: el choque entre el modelo de desarrollo centrado en la especulación inmobiliaria y el derecho de las comunidades a un ambiente sano. Lo que se juega no es solo la integridad de un área protegida. Es la vigencia de principios constitucionales, el respeto a la memoria histórica, el acceso al agua y la posibilidad de construir un futuro más equilibrado entre lo urbano y lo natural.
El proyecto vial, en su forma actual, debería ser inmediatamente suspendido hasta que se realice un Estudio de Impacto Ambiental serio, con participación real de la ciudadanía y aval de los organismos competentes. No se trata de frenar el progreso, sino de repensarlo desde otra lógica: una que no vea al monte como un obstáculo, sino como una herencia común que debemos cuidar.
El asfaltado de la Ruta E-64 no es un hecho aislado. Es un símbolo más del avance del capital sobre el ambiente, de la fragilidad de las reservas ante los negocios, y de la necesidad de que la ciudadanía exija políticas coherentes, transparentes y participativas. Córdoba necesita caminos, sí. Pero más urgente aún es no perder el rumbo hacia un desarrollo verdaderamente sustentable.
La ruta provincial E-64 tiene una historia marcada por el terrorismo de Estado, ya que fue utilizada para trasladar a los detenidos de La Perla, quienes luego fueron asesinados en las cercanías de ese ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, ubicado dentro de la reserva. Una de las razones por las que no debe haber cambio de uso de suelo en el lugar es que ese territorio necesita ser preservado para las investigaciones relacionadas con la búsqueda de los restos de desaparecidos.
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La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba al ejecutar una sentencia de la Cámara Federal de Casación que le ordenó pronunciarse en ese sentido. La decisión conlleva la nulidad de todos los actos cumplidos con posterioridad a la medida implementada por orden de la dictadura, que derivaron en el vaciamiento del patrimonio de la firma.
25 años de voces estudiantiles: El multimedio escolar más antiguo está en el norte cordobés. El IPEM N° 112 Dr. César Iñiguez Montenegro celebra un cuarto de siglo de la radio, 27 años de la revista escolar y más de dos décadas creando cortometrajes que construyen una comunidad que comunica, crea y resiste desde las aulas.
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La Red por los Derechos Humanos en contextos de encierro, junto al Museo de Antropologías, junto a IDACOR, CONICET y la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, organiza una jornada de debate el 15 de julio de 2025 a las 18 hs en el Museo de Antropologías, para reflexionar sobre los derechos humanos desde las ciencias sociales.
Una carta firmada por una diversidad de representantes y organizaciones argentinas critica el alineamiento del gobierno de Javier Milei con Estados Unidos e Israel, acusándolo de comprometer la tradición de neutralidad y los principios de derechos humanos del país.
El mensaje contenía una amenaza de muerte hacia a la funcionaria nacional y fue remitido el 19 de diciembre de 2024 por el Messenger de la red Facebook. La fiscalía identificó a un vecino de Orán como el supuesto autor del acto intimidatorio, realizado en un contexto de reclamo por la muerte de un trabajador de frontera en Aguas Blancas a manos de un disparo de escopeta tras un incidente registrado con efectivos de Gendarmería Nacional cuya responsabilidad política es de Bullrich.
Ante el deterioro de las políticas culturales del actual gobierno, del 3 al 9 de julio se llevará a cabo el Festival ENTRÁ, un encuentro federal y autogestivo en apoyo al Instituto Nacional del Teatro (INT).
El PJ presentará un pedido de juicio político contra la jueza Sandra Arroyo Salgado, a raíz de la detención de militantes, funcionarios y concejala opositores implicados en la protesta en la vereda del hogar del legislador odiante José Luis Espert. La denuncia será impulsada por los legisladores Mariano Recalde y Vanesa Siley ante el Consejo de la Magistratura.
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En un contexto de retroceso institucional y desfinanciamiento a las políticas de Derechos Humanos, las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la restitución del Nieto 140, apropiado durante la última dictadura cívico-militar. “La identidad siempre florece”, celebraron. Esta tarde, brindarán detalles en una conferencia de prensa en la Casa por la Identidad.
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