Argentina

Cuatro exagentes de inteligencia comenzaron a ser juzgados por privaciones ilegales de la libertad, torturas y violencia sexual en los centros clandestinos de detención Automotores Orletti y Base Pomar, durante la última dictadura militar argentina. El proceso, que se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires, forma parte de la continuidad de los juicios por crímenes de lesa humanidad en el marco del Plan Cóndor y la represión sistemática contra opositores políticos.

En una sesión extensa con ribetes escandalosos, movilizaciones masivas y paro general de la CGT, el oficialismo aprobó la reforma laboral con 135 votos a favor y 115 en contra, blindando 26 títulos y 218 artículos; el proyecto pasa al Senado tras eliminar el artículo 44 sobre rebaja salarial por accidentes no laborales.

La SIDE y la banda de Aníbal Gordon enfrentan un nuevo juicio por secuestros, torturas y crímenes cometidos en los centros clandestinos Automotores Orletti y Base Pomar, así como por el secuestro y apropiación de niños durante el terrorismo de Estado.​

Repudios unánimes de ACERA, FOPEA, Amnistía y el Colectivo Más Democracia. Denuncian restricciones del Ministerio de Seguridad como violación constitucional y preámbulo a la represión durante el debate en Diputados.

Paro general sin movilización, Así lo dispuso la central obrera luego de una reunión virtual este mediodía. El miércoles habrá conferencia de prensa para explicar los alcances de la medida. En Córdoba habrá concentración en la Casa Histórica de la CGT a las 11 hs.

El Mileismo logró la media sanción del tratado comercial gracias al apoyo del PRO, la UCR, bloques provinciales y 43 diputados de Unión por la Patria, mientras otro sector peronista votó en contra

La Cámara de Diputados dio una media sanción irresponsable priorizando el punitivismo sobre los derechos de la niñez, ignorando advertencias de expertos y la Iglesia. Todos los diputados de la derecha cordobesa voto el proyecto de Milei, incluyendo a cordobesitas y libertarios.

El fotorreportero formalizó desde el Hospital Manuel Rocca su presentación como querellante en la causa por la represión del 12 de marzo de 2025 frente al Congreso, en la que fue gravemente herido por un disparo de gas de la Gendarmería. La querella reclama avanzar sobre los mandos del operativo y sobre la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, a quien acusan de intentar influir en la Justicia desde los medios.

Tras 15 horas de debate maratoniano, el oficialismo celebró la media sanción con presencia de la "familia Milei", mientras afuera del congreso la policía infiltro y reprimió salvajemente a manifestantes. Sindicatos denuncian un retroceso histórico para los trabajadores. Los tres senadores cordobeses acompañaron en general la ofensiva contra los trabajadores. Llaryora quien acompaño la reforma, reprimio a manifestantes en Córdoba.

Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.

La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.

El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.

El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.

de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.