Mar del Plata: piden prisión perpetua para 11 acusados y penas de hasta 20 años de cárcel para 20 imputados en el juicio por la Subzona militar 12

Al concluir la octava audiencia del alegato, el Ministerio Público Fiscal realizó el petitorio de penas, de acuerdo a la reconstrucción de los casos. Para la fiscalía los hechos se dieron en “una actuación organizada dirigida contra la población”. En este juicio iniciado hace dos años y nueve meses, se juzgan crímenes cometidos contra 138 víctimas en ciudades del centro de la provincia de Buenos Aires.

Argentina21 de noviembre de 2024Sures NoticiasSures Noticias
9te111az
Foto Fiscales.org

El Ministerio Público Fiscal concluyó el viernes pasado el alegato del juicio que tiene a 35 imputados -exintegrantes de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad y un civil-, acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en las ciudades y localidades del centro de la provincia de Buenos Aires que conformaron la Subzona Militar 12. En el petitorio, el fiscal Santiago Eyherabide, acompañado de los auxiliares fiscales María Eugenia Montero y Julio Darmandrail, pidió penas de prisión perpetua para once acusados, y penas de entre 20 años y 3 años de cárcel para otros 20 acusados. En relación a cuatro imputados, solicitó la absolución.

A este debate, iniciado el 25 de febrero de 2022, llegaron por primera vez 173 casos de víctimas que nunca habían sido juzgados y que fueron reconstruidos a partir de las pruebas incorporadas y los 200 testimonios escuchados en dos años y medio, a lo largo de 67 audiencias.

El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata está integrado para el este juicio por los jueces Nicolás Toselli, Fernando Machado Pelloni y Luis Imas, y cuenta con la actuación como cuarta jueza de Sabrina Namer.

El alegato del MPF se había iniciado en septiembre pasado, y la última audiencia culminó con las responsabilidades de cada imputado de acuerdo con los desempeños funcionales, sus propias declaraciones, documentos incorporados y testimonios oídos durante el debate.

“Una actuación organizada dirigida contra la población”

Luego, se analizó la calificación penal de los hechos juzgados. “Como podrá el tribunal advertir, a partir del análisis fáctico que este Ministerio Público ha desarrollado, se encuentra acreditado que los hechos ocurrieron en el contexto de una actuación organizada dirigida contra la población”, sostuvo el MPF, que añadió que “son reflejo de situaciones que han sido objeto de otras sentencias confirmadas por instancias superiores, pero también han sido materia de consideración y estudio por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“Todos y cada uno de los crímenes aquí juzgados revisten la cualidad de ser delitos contra la humanidad y, como tales, imprescriptibles”, remarcó la fiscalía.

Previo a enumerar el encuadre legal de cada hecho, desde el MPF sostuvieron: “Ha pasado mucho tiempo, pero debe tenerse siempre presente la reivindicación irrenunciable como Estado de Derecho que estos juicios significan”.

 Inspección ocular realizada en 2022 para el juicio de la Subzona militar 12 en el centro clandestino de detención de La Huerta. Foto de archivo: Oficina de Derechos Humanos del MPF de Mar del Plata.
Durante el debate, se abordaron casos de privaciones ilegítimas de la libertad, a través de allanamientos ilegales en las viviendas de las víctimas y/o sus lugares de trabajo, que muchas veces incluyeron robos. En esos secuestros nocturnos y de acuerdo al testimonio de sobrevivientes y familiares, nunca se les informaron las causas de las detenciones, tampoco si contaban con órdenes judiciales, ni les permitieron avisar a un abogado.

De acuerdo a la acusación fiscal, a ello se suma “la clandestinidad de los centros y lugares de detención donde las víctimas padecieron su secuestro, la violencia implícita en los tratos degradantes recibidos allí, que se añaden a los padecidos generalmente durante la aprehensión, así como las horrendas condiciones de cautiverio, todo lo cual conforma un cuadro fáctico que determina la agravante de violencia y amenazas”.

También se relató el encuadre legal de los tormentos, y los homicidios agravados de Pedro Mazzocchi, Daniel Reynaldo Medina, Carlos Moreno, Carlos Alberto Labolita, Alfredo Thomas, José Luis Musmeci, Norma Raggio y Raúl Balbuena.

“En relación a aquellos casos en los que aparecieran los cadáveres, al tratar cada caso se han descrito las circunstancias que permiten tener por acreditado que las muertes violentas sufridas por cada víctima resultan atribuibles al accionar doloso de sus captores. Asimismo, en los casos en los que no han aparecido los cuerpos de aquellos detenidos-desaparecidos, entendemos que de la prueba analizada puede sostenerse, sin temor a equivocación, que a más de 45 años de ocurridos los hechos que damnificaran a las víctimas, sin que medie ningún tipo de noticias acerca de su paradero, implican que su destino final no puede ser otro que su eliminación física”, relató la fiscalía.

A su vez, también se les dio el encuadre legal a dos casos de violaciones agravadas por la calidad de encargado de la guarda de la víctima, y por el uso de la fuerza e intimidación. “Las dos mujeres padecieron privaciones abusivas de la libertad y tormentos agravados por su condición de perseguidas políticas. Las torturas que sufrieran, como ya se explicara, no fueron solo físicas, sino también psíquicas. En ese mismo contexto fueron víctimas de ataques sexuales, que resultaron particularmente graves”, sostuvo Montero.

Y agregó: “En el marco de la comisión de una violación sexual no solo estará en condiciones de ser autor quien acceda carnalmente a la víctima, sino también quien ejerza fuerza sobre ella, quien emita la orden de llevar adelante ese abuso sexual, quien sea responsable del funcionamiento del centro clandestino de detención donde se comete el crimen o todo aquel que realice un aporte cuya magnitud sea el motivo para afirmar su incidencia determinante en la configuración final del hecho”.

“Todos y cada uno de los crímenes aquí juzgados revisten la cualidad de ser delitos contra la humanidad y, como tales, imprescriptibles”, remarcó la fiscalía en la última jornada de su alegato.
La auxiliar fiscal remarcó que “estos delitos no habrían podido cometerse si no hubiese existido ese total estado de vulnerabilidad e indefensión de las víctimas frente a sus captores, extremo este último que era parte esencial del plan implementado”.

Por último, uno de los imputados fue acusado también del delito de coacciones agravadas en relación a una de las víctimas.

El pedido de penas, uno por uno

La fiscalía recordó que, si bien los imputados tienen en la actualidad una edad avanzada, los hechos que están siendo juzgados se cometieron cuando tenían entre 23 y 40 años, la mayoría de ellos.

En relación al imputado Julio Méndez, único civil que ha llegado a esta instancia, se merituó que su adhesión al plan criminal no surge de un deber normativo ni de la pertenencia a un aparato organizado de poder. “No puede aducir un orden jerárquico, sino que más bien se trata de una colaboración deseada para la ejecución del hecho”, explicaron desde el MPF.

El siguiente es el detalle de los pedidos de pena del MPF:

Prisión perpetua: Osvaldo Héctor Repetto, Héctor Martínez Salgado, Román Valdecantos (pedido de unificar otra condena de 15 años de prisión), Martín Carlos Luzuriaga, Roberto Jorge Casares (pedido para unificar con sentencia a perpetua dictada en Monte Peloni 2), Alejandro Guillermo Duret (pedido de unificar otra condena de 15 años de prisión), Luis Ignacio Gómez Centurión, Raúl Andrés Ara, Ricardo Edmundo Arce, Gustavo José Caceres y Daniel Alfredo Ceresoli.
20 años de prisión: Juan Manuel Durante
16 años de prisión: Edgardo Mariano Viviani
14 años de prisión: Julio César Tula
12 años de prisión: José Luis Álvarez y Guillermo Prieto.
10 años de prisión: Julio Manuel Méndez
8 años y 6 meses de prisión: Héctor Alberto Mangudo, Eduardo Augusto Samyn y Horacio Ricardo Barriola.
8 años de prisión: Luis Ernesto Benítez y Néstor Omar Vapore.
6 años y 6 meses de prisión: Jorge Aníbal Tolosa
5 años y 6 meses de prisión: Américo Fernando Ferrer
5 años de prisión: Alberto Joaquín Monge.
4 años y 6 meses de prisión: Juan Manuel Miller.
4 años y 4 meses de prisión: José María Bruzzone y Miguel Ángel Buezas.
4 años de prisión: Héctor Rubén Rinaldi.
3 años y 8 meses de prisión: Enrique Carlos Vitale.
3 años y 4 meses de prisión: Jorge Pedro Cinalli.
Pedido de absoluciones: Raúl Omar Carlucho, Francisco Oscar Sarmiento, Norberto Luis Ferreras y Pedro Juan Aguirre.

Te puede interesar
(COPY) (COPY) (COPY) (COPY) Dimensiones personalizadas 1620x1080 px

Rechazan la persecución judicial a Vanina Biasi y Alejandro Bodart

Sures Noticias
Argentina16 de mayo de 2025

Diversas organizaciones y ciudadanos han expresado su enérgico rechazo al procesamiento de la diputada nacional Vanina Biasi y a la condena del dirigente Alejandro Bodart. Ambas decisiones, consideradas parte de una ofensiva judicial contra la libertad de expresión, fueron dictadas por el juez federal Daniel Rafecas el 7 de abril de 2025. EL Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH, Colectivo Más Democracia y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos firmantes de Córdoba.

ztw0ms4c

Más de 600 periodistas y artistas firmaron la nota periodística por la que Milei denunció penalmente a Ari Lijalad, entre ellxs hay cordobeses

Sures Noticias
Argentina15 de mayo de 2025

El artículo por el cuál el Presidente demandó al periodista de El Destape se republica hoy con firma colectiva, en defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información como pilares fundamentales de la libertad. O´Donnell, Bercovich, Roth, Martin, Brieva, Barral Grigera, Navarro, Echarri, Carla Gaudensi, Mengolini, Saborido, Casella, Aliverti, y Grandinetti; entre las y los periodistas cordobeses firmaron: Maria Ana Mandakovic, Tri Heredia, Alexis Oliva, Rodrigo Savoretti, Jorge Ariel Vasalo y Carlos Alberto Martin.

wfo10izf

Lesa Humanidad. Once exmilitares y expolicías fueron procesados por privación ilegal de la libertad y tormentos a 23 víctimas en la causa Caballero IV

Sures Noticias
Argentina15 de mayo de 2025

Así lo determinó la Cámara Federal de Resistencia respecto de personal que cumplía funciones en el Ejército, la Policía del Chaco, la Alcaidía y la Unidad Penitenciaria Federal N°7 de la capital chaqueña durante la última dictadura cívico-militar. En línea con un planteo del MPF, también revocó la falta de mérito de otros dos imputados y ordenó para ellos un nuevo pronunciamiento

Lo más visto
racc_cinecomunitario_3620408339943547924's2025-5-12-12.5.350 story

“Nadie se salva solo”: el llamado urgente por el cine comunitario. La Red Argentina de Cine Comunitario exige la recuperación de políticas de fomento

Sures Noticias
Cultura12 de mayo de 2025

El cine comunitario ha sido históricamente una herramienta de expresión y resistencia cultural. En el reciente 3er Encuentro Plurinacional de Cine Comunitario, celebrado en Olavarría, provincia de Buenos Aires, los días 25, 26 y 27 de abril de 2025, más de 40 colectivos y espacios de producción audiovisual elevaron su voz para exigir la recuperación de políticas públicas que garanticen su continuidad.

(COPY) (COPY) (COPY) (COPY) Dimensiones personalizadas 1620x1080 px

Rechazan la persecución judicial a Vanina Biasi y Alejandro Bodart

Sures Noticias
Argentina16 de mayo de 2025

Diversas organizaciones y ciudadanos han expresado su enérgico rechazo al procesamiento de la diputada nacional Vanina Biasi y a la condena del dirigente Alejandro Bodart. Ambas decisiones, consideradas parte de una ofensiva judicial contra la libertad de expresión, fueron dictadas por el juez federal Daniel Rafecas el 7 de abril de 2025. EL Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH, Colectivo Más Democracia y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos firmantes de Córdoba.

pumntsob

En línea con la predica de proscribir, el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba aprobó un proyecto de ficha limpia

Sures Noticias
Córdoba16 de mayo de 2025

En una sesión marcada por un amplio consenso, el Concejo Deliberante aprobó el proyecto Ficha Limpia, que establece la prohibición de postularse a cargos electivos para ciudadanos con condenas penales. La normativa se aplicará también a funcionarios municipales, en un esfuerzo por "promover la transparencia" en la función pública.