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La Comisión Investigadora del Congreso sobre la criptomoneda Libra reveló la existencia de dos transferencias por 550 mil dólares hacia una billetera virtual presuntamente vinculada a la criptoestafa. Dichas operaciones coinciden con un contrato suscripto entre el presidente argentino, Javier Milei, y Hayden Davis, un empresario estadounidense acusado de fraude en su país. Estas transferencias se realizaron entre noviembre de 2024 y enero de 2025, poco antes del lanzamiento del token Libra, que provocó pérdidas millonarias en cuestión de horas a miles de inversores.
Hayden Davis, CEO de Kalsier Ventures y principal impulsor de Libra, se reunió con Milei en la Casa Rosada en enero de 2025, horas antes de realizar una transferencia millonaria hacia plataformas desconocidas. Expertos en criptomonedas explican que esta operatoria financiera clave refleja vínculos directos entre Milei y los involucrados en la estafa. También se registró un pago por 30 mil dólares a Mauricio Novelli, exsocio del presidente, acusado de facilitar reuniones y ligado a este entramado.
Mientras avanza la investigación, la comisión aprobó la presentación de una denuncia penal contra el fiscal Eduardo Taiano y el juez Marcelo Martínez de Giorgi, a quienes se acusa de negarse a que los legisladores accedan al expediente judicial del caso. La denuncia además alcanza a cinco altos funcionarios del Poder Ejecutivo, incluyendo al ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona y titulares de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera, por negarse a declarar ante la comisión.
Este accionar de funcionarios y magistrados pone en tensión el principio de transparencia y la responsabilidad institucional frente a uno de los escándalos financieros más resonantes en Argentina en 2025. La Comisión tiene previsto entregar su informe final a mediados de noviembre, tras un proceso de intensa búsqueda de pruebas y testimonios.
La criptoestafa Libra no solo dejó un daño económico millonario en miles de inversores, sino que expuso vínculos preocupantes entre el poder político y redes financieras opacas, poniendo bajo escrutinio el manejo del Gobierno respecto a tecnologías y transparencia financiera.
