JUICIOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

El Ministerio Público Fiscal analizó el pedido bajo las normas internacionales de derechos humanos y valoró “la negativa sistemática” del excapellán de la Policía bonaerense a someterse a las evaluaciones psicológicas, “su ausencia de empatía y la falta de cualquier acto reparador hacia las víctimas o la sociedad”. Tuvo en cuenta también la opinión de las víctimas.

Tras casi 50 años de impunidad, este martes 4 de noviembre se conoció la sentencia del juicio “El Villazo”, un proceso sin precedentes en la provincia de Santa Fe que juzga la responsabilidad civil y empresarial, junto con fuerzas represivas, por delitos de lesa humanidad cometidos contra obreros metalúrgicos de Acindar en Villa Constitución en 1975. Todos los acusados fueron absueltos.

El representante del MPF planteó que en el debate, que lleva más de un año, surgieron nuevos casos y delitos contra víctimas que formaban parte de la acusación inicial, que tienen “una lógica común” porque “todos forman parte de la misma dinámica del plan represivo”, y argumentó que la ampliación no afecta el derecho de defensa en juicio.

El acusado Gonzalo “Chispa” Sánchez es un exoficial de inteligencia de Prefectura Naval. Entre los hechos que le imputan están los secuestros del escritor Rodolfo Walsh y la dirigente montonera Norma Arrostito. El imputado fue detenido y extraditado en 2020 bajo las condiciones fijadas por el Supremo Tribunal del país limítrofe, que dispuso que solo pueda ser juzgado por hechos vinculados al delito de secuestro, lo que acotó el alcance de la acusación y su calificación legal.

Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal de Resistencia. Se trata de Gabino Manader quien prestaba funciones en la Dirección de Investigaciones de esa fuerza y ya fue condenado por hechos similares. La víctima fue secuestrada el 26 de noviembre de 1976 en la localidad de Barranqueras y permanece desaparecida. Los fundamentos se conocerán el próximo 12 de septiembre.

Con tres testimonios la segunda jornada del 17º juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba, se centró en los traslados y posterior asesinato de tres de las víctimas. El 17º juicio de lesa humanidad en Córdoba reabre una herida de casi 50 años, con dos acusados que regresan al banquillo para responder por crímenes de la dictadura.

El joven tenía 24 años cuando fue secuestrado en 1976. Además, solicitaron que se establezca el arrojamiento de cuerpos al río Paraná como una práctica sistemática del terrorismo de Estado. La fiscalía acompañó el pedido de los familiares para que se establezca que su secuestro, tortura y homicidio se produjo en un contexto de persecución generalizada y sistemática por razones ideológicas dirigida contra la población en el marco de la última dictadura cívico militar.

Para acompañar este momento histórico, organizaciones sociales invitan a seguir la audiencia desde la Imprenta del Pueblo Roberto Matthews, a partir de las 10 horas, el veredicto sera aproximadamente a las 12 hs, en Fructuoso Rivera 1035, como un acto de memoria y reivindicación de la lucha de los compañeros de los años setenta.

La representante del MPF los acusó de encubrimiento y de incumplimiento de los deberes de funcionario público en el caso de Rosa Eugenia Novillo Corvalán, cuyo cuerpo apareció en la costa de Punta Indio y fue inhumado como NN en el marco de un sumario policial en el que llegó a determinarse su identidad y no se informó a las autoridades judiciales.

Exhortó al tribunal de juicio a preservar la prueba en casos de crímenes de lesa humanidad y ratificó por mayoría la condena al exministro de Gobierno bonaerense y por unanimidad la de un exefectivo de la Comisaría 1era de Berazategui por el asesinato de Wenceslao Orué y el secuestro y las torturas de sus familiares, dos de ellos menores de edad. Las penas habían sido dictadas el año pasado por el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata.

Así lo determinó la titular del Juzgado Federal N°1 de esa ciudad, Zunilda Niremperger, respecto de Gabino Manader y Eduardo Wischnivetzky, tras considerar crímenes de lesa humanidad las detenciones ilegales y la aplicación de tormentos a los militantes de las Ligas Agrarias Carlos Páez y Aureliano Villán.

El dato se desprende de las 343 sentencias dictadas hasta hoy, desde el reinicio de los juicios en 2006. Un año antes la Corte Suprema había declarado la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida. En la actualidad hay 14 juicios en curso y casi 400 procesados. Las personas privadas de la libertad son 612 y casi 500 permanecen en arresto domiciliario.

#LesaHumanidad “El ataque central fue a hacia la clase obrera”, sostuvo la fiscalía y describió los delitos de lesa humanidad por los que se acusa al excomisario de la Policía bonaerense Carlos Caimi y a los exmilitares Horacio Sánchez y Pacífico Britos. La exposición continuará el martes próximo.

#LesaHumanidad En sintonía con lo solicitado por el MPF, el excapitán Ernesto Guillermo Barreiro fue sentenciado por el secuestro y las torturas a dos víctimas en el III Cuerpo del Ejército a fines de agosto de 1978. Por sus condenas previas, se le unificó una pena única de prisión perpetua.

La causa Civili (nombre de la víctima) dará inició su proceso el proximo 12 de mayo, en el Tribunal Oral Federal N°3, con Ernesto Guillermo Barreiro como único imputado por delitos cometidos en 1978.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad relevó que el 17% de las 338 sentencias dictadas desde la reapertura de los juicios incluye condenas por los tipos penales relacionados con agresiones sexuales a las víctimas del terrorismo de Estado.

A los 77 años y mientras era juzgado por crímenes de lesa humanidad, falleció ayer el genocida y apropiador de bebés Juan Carlos Vázquez Sarmiento. Prófugo de la justicia durante dos décadas, nunca dio información sobre sus víctimas ni tuvo condena firme por sus crímenes.

Se trata de Gabino Manader quien prestaba funciones en la Dirección de Investigaciones de esa fuerza y ya fue condenado por hechos similares. La víctima fue secuestrada el 26 de noviembre de 1976 en la localidad de Barranqueras y permanece desaparecido. El debate podría comenzar en 2025.

Lesa Humanidad. Así lo dispuso la jueza Zunilda Niremperger respecto de personal que cumplía funciones en el Ejército, la Policía del Chaco, la Alcaidía y la Unidad Penitenciaria Federal N°7 de Resistencia durante la última dictadura cívico-militar. Además, trabó embargos sobres sus bienes y ordenó la detención de tres de los procesados, que no cumplen condenas por otros procesos como los restantes imputados.

Se inicia un nuevo juicio de lesa humanidad en Córdoba, relacionado con la causa Cornejo, que involucra a Antonio Sebastián y otros. El exsecretario penal Carlos Otero Álvarez enfrentará un juicio por 94 cargos, que incluyen abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y omisión de reportar detenciones ilegales ante las autoridades competentes.

El expolicía bonaerense Néstro Ciaramella recibió la pena máxima, mientras que el exmilitar de inteligencia Enrique Del Pino fue condenado a 25 años de prisión. El tribunal absolvió a los excabos de la policía, Ángel Salerno y Carlos Tarantino, y al excapitán del Ejército Walter Minod. El tribunal aplicó el derecho a la verdad para dar por probados doce hechos por los que fueron acusados otros imputados que fallecieron. El 26 de noviembre se conocerán los fundamentos.

El representante del MPF también pidió la inhabilitación absoluta para ambos exfuncionarios judiciales y que se readecúen sus haberes previsionales para que dejen de cobrar “verdaderas jubilaciones de privilegio”. Como reparación simbólica, requirió que se envíe copia de la eventual condena al colegio de abogados local, para que juzgue la idoneidad ética para ejercer la profesión de amos acusados.

El número corresponde a las 328 sentencias dictadas, en las cuales otras 192 personas resultaron absueltas. Además, hay 379 procesados/as y 33 prófugos/as. El número total de personas detenidas es 630, de las cuales 501 permanecen en arresto domiciliario.

Los condenaron a 15 y 10 años de prisión. La modificación se dio luego de que la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal anulase la sentencia con la que habían sido condenados originalmente los imputados y ratificase que en casos de apropiación de niños y niñas debe aplicarse la escala penal vigente al momento en que la víctima recuperó su identidad.