La Plata: piden 3 años de prisión para dos expolicías acusados de encubrir el crimen de una víctima de los “vuelos de la muerte”

La auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal que interviene en los juicios por crímenes de lesa humanidad en La Plata, Ana Oberlin, solicitó ayer que se impongan penas de 3 años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo a dos expolicías bonaerenses acusados de encubrir y de incumplir sus deberes de funcionarios públicos por haber impedido que se investigue el crimen de Rosa Eugenio Novillo Corvalán, cuyo cuerpo apareció el 6 de diciembre de 1976 en la costa del río de la Plata, tras haber sido arrojado desde un "vuelo de la muerte", a la altura del partido bonaerense de Punta Indio, y luego fue inhumado como NN en el cementerio de la vecina localidad de Magdalena.

El pedido de pena comprende al entonces titular de la Subcomisaría de Verónica -ciudad cabecera del distrito de Punta Indio, al sur de La Plata-, Moisés Elías D'Elía (82), y para el entonces efectivo del Destacamento Cristino Benavidez, Julio César Morazzo (70), quien estuvo a cargo de la instrucción del sumario policial por el hallazgo del cuerpo. La petición de condena fue el corolario de un alegato que demandó más de dos horas, en el marco de un juicio correccional a cargo del titular del Juzgado Federal N°1 de La Plata, Alejo Ramos Padilla. Previamente habían alegado los abogados de la familia Novillo Corvalán, Pablo Llonto y Rodrigo Cano.

La audiencia continuó esta mañana con el alegato de la defensa de Morazzo. El 28 de julio será el turno de la defensa de D'Elía y se espera que en esa misma jornada se conozca el veredicto. Para ello, el juez habilitó la feria judicial.

Al solicitar la pena, Oberlin remarcó "la gravedad de los hechos enrostrados" y solicitó que sean calificados como "delito contra el derecho de gentes, en particular, dentro de la categoría de crímenes de lesa humanidad".

Omisión deliberada

La representante del MPF sostuvo que los acusados "omitieron de manera deliberada comunicar a la autoridad judicial la existencia de una muerte violenta y el hallazgo del cadáver, pese a tener el deber legal de hacerlo" y que "lejos de adoptar las medidas que su función les imponía, inscribieron a Rosa Eugenia como NN en el Registro de las Personas y dispusieron su inhumación en el Cementerio de Magdalena de la misma forma, como NN, sin dar intervención alguna al Poder Judicial". Para ese momento se conocían los resultados de la autopsia, que indicó que la muerte de la mujer se produjo por "destrucción de masa encefálica como consecuencia de estallido de cráneo por disparo de arma de fuego"; el médico interviniente calculó que el fallecimiento databa de diez días antes del hallazgo.

Oberlin recordó que, dos meses más tarde, en febrero de 1977, los policías recibieron la información del Departamento de Necropapiloscopía de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de que el cuerpo había sido identificado a partir de las huellas dactilares y precisó que, sin embargo, "decidieron persistir en el ocultamiento" y "omitieron rectificar la inscripción registral, sin dar ninguna información a los familiares ni a la autoridad judicial competente".

"Esta cadena de acciones y omisiones tuvo consecuencias gravísimas: se frustró el inicio de una investigación judicial tendiente a identificar y sancionar a los responsables del crimen, y se prolongó la desaparición de Rosa, negándose a su familia, durante más de dos décadas, el derecho a conocer su destino", remarcó la funcionaria.

En efecto, la documentación identificatoria del cuerpo inhumado como NN fue hallada en 1997 por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Al año siguiente, se logró verificar fehacientemente la identidad y los restos fueron entregados a su familia por el Juzgado Federal N°1 de La Plata.

“Trato diferenciado y selectivo”

La auxiliar fiscal marcó el contrapunto que significó este caso en la actuación policial, a partir del análisis de la intervención frente a otros hallazgos de cadáveres en la zona ribereña. "Mientras que en la generalidad de los casos se seguían los canales institucionales ordinarios, con actuaciones judiciales, identificación, notificación a familiares, cuando se trataba de personas victimizadas por el terrorismo de Estado, como Rosa Novillo Corvalán, los imputados omitían deliberadamente los mecanismos legales, pero informaban a DIPBA", indicó, en referencia a la Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense.

"Este trato diferenciado y selectivo revela el conocimiento consciente del plan represivo en curso y una evidente adhesión funcional al mismo. Así, el dolo exigido para la configuración del delito de lesa humanidad, en su forma de dolo eventual como mínimo, aunque consideramos que está más que acreditado el dolo, se encuentra sobradamente acreditado: los imputados sabían que su conducta contribuía a consolidar el ataque sistemático, y aun así decidieron ejecutarla", acusó.

Oberlin narró que, al momento de su desaparición, entre marzo y abril de 1976, Rosa Eugenia Novillo Corvalán tenía 25 años de edad, había estudiado Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba y militaba en el PRT-ERP en la zona norte del conurbano bonaerense. Añadió que en 1974, mientras estaba estudiando en Córdoba, fue detenida por razones políticas y que, al año siguiente, logró escapar de la Cárcel del Buen Pastor, en esa provincia, en un grupo de 26 mujeres, 9 de las cuales fueron desaparecidas o asesinadas durante la dictadura.

Los “vuelos” de Campo de Mayo

El homicidio y la desaparición de Rosa Eugenia Novillo Corvalán fue abordado en un juicio finalizado en 2022 ante el Tribunal Oral Federal Federal N°2 de San Martín, que juzgó los "vuelos de la muerte" que partían desde la guarnición militar de Campo de Mayo. Cuatro militares de alto rango recibieron en esa ocasión la pena de prisión perpetua por el secuestro, la tortura y el homicidio de la víctima de este caso y de Roberto Ramón Arancibia, Adrián Enrique Accrescimbeni y Juan Carlos Rosace. Los cuerpos de estos dos últimos aparecieron -junto a otro aún no identificado- en la primera quincena de diciembre de 1976 en la misma zona y fueron inhumados también como NN en el cementerio de Magdalena.

Oberlin leyó una parte de aquella sentencia: "Se ha logrado reconstruir en este proceso que la modalidad conocida públicamente como 'vuelos de la muerte' también tuvo lugar en la guarnición militar de Campo de Mayo durante el gobierno de facto impuesto por las fuerzas armadas en el período 1976-1783. Se trataba de aeronaves operados por personal militar desde los que se arrojaron personas, vivas y muertas, al Río de la Plata o al mar con la finalidad de hacer desaparecer sus cuerpos".

Medidas reparatorias

En el final de su exposición, antes de requerir la condena de los dos expolicías, la representante del MPF también pidió una serie de medidas reparatorias:

La "amplia publicidad a la sentencia", con la invitación a las áreas de derechos humanos de la Nación, de la provincia y municipales -de los partidos bonaerenses de Verónica y Magdalena- para que intervengan en esa difusión.
Se publique la parte dispositiva de la sentencia en los boletines oficiales de la provincia de Buenos Aires y de la Nación.
Se remita copia de la sentencia a la Universidad Nacional de La Plata y a la Universidad Nacional de Córdoba -donde estudio Novillo Corvalán- para que realicen actividades educativas.
Se ordene a los poderes ejecutivos de la provincia de Buenos Aires y de la Nación que "adopten las medidas necesarias para señalizar el lugar de hallazgo del cuerpo de Rosa Eugenia Novillo Corvalán, como también el Destacamento policial de Punta Indio, la Subcomisaría de Verónica y el cementerio municipal de Magdalena", como "parte de las políticas públicas de memoria, verdad y justicia que simbolizan el compromiso del Estado democrático para dar a conocer y condenar los crímenes de lesa humanidad".