El acusado Gonzalo “Chispa” Sánchez es un exoficial de inteligencia de Prefectura Naval. Entre los hechos que le imputan están los secuestros del escritor Rodolfo Walsh y la dirigente montonera Norma Arrostito. El imputado fue detenido y extraditado en 2020 bajo las condiciones fijadas por el Supremo Tribunal del país limítrofe, que dispuso que solo pueda ser juzgado por hechos vinculados al delito de secuestro, lo que acotó el alcance de la acusación y su calificación legal.
Argentina24 de octubre de 2025
Sures Noticias
El Tribunal Oral Federal N°5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzó hoy a juzgar al exoficial de inteligencia de la Prefectura Naval Argentina e integrante del Grupo de Tareas 3.3.2 de la Armada, Gonzalo “Chispa” Sánchez (74), acusado por crímenes de lesa humanidad perpetrados entre 1976 y 1978 en el ex Centro Clandestino de Detención (CCD) que funcionó en Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en el marco del terrorismo de Estado de la última dictadura militar. Entre los distintos casos que se abordan en el proceso, se juzgará la privación ilegal de la libertad en 1977 del periodista y escritor Rodolfo Walsh, cuyos restos no fueron hallados.
El exagente de inteligencia de Prefectura Naval llegó al debate imputado por 193 hechos de privación ilegítima de la libertad triplemente agravada por la condición de funcionario público, por haberse cometido con violencia y por haberse prolongado por más de un mes, en calidad de partícipe necesario.
En representación del Ministerio Público Fiscal, interviene el fiscal Félix Pablo Crous, a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, y la auxiliar fiscal de esa dependencia, Marcela Obetko. En tanto, la instrucción de la causa fue realizada por el titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3, Eduardo Taiano.
Extradición
El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°12 declaró la rebeldía de Sánchez en 2005, y desde ese momento estuvo prófugo por los crímenes de lesa humanidad por los que ahora será juzgado.
En septiembre de 2011 Interpol Brasil informó que el imputado había sido localizado en ese país y en enero de 2012 el Supremo Tribunal Federal de Brasil decretó su prisión preventiva. Esta recién pudo hacerse efectiva un año después cuando fue detenido en Río de Janeiro el 7 de febrero de 2013.
Posteriormente, el 8 de agosto de 2015 Sánchez solicitó refugio al Estado brasilero a través del Comité Nacional de Refugiados (CONARE), por lo cual el trámite de extradición fue suspendido hasta tanto se resolviese el pedido, el cual fue rechazado el 25 de agosto de 2016. Sin perjuicio de ello, Sánchez había sido puesto en libertad el 6 de mayo de 2016.
La extradición fue concedida por la Sala 1ª del Supremo Tribunal Federal de la República Federativa del Brasil, 11 de mayo de 2020, aunque de manera parcial, con el límite sobre la calificación legal de los hechos que se le atribuyen. El tribunal del vecino país dispuso que podría ser juzgado exclusivamente por el delito de privación ilegítima de la libertad e indicó que la pena a imponer tiene un límite de 30 años de prisión. Brasil habilitó la jurisdicción por los hechos de secuestro de personas que se mantienen desaparecidas, por ser un delito continuo, que se sigue cometiendo mientras las víctimas no sean halladas y por ello no se encuentran prescriptos. Originalmente, al solicitar la extradición, el juez de instrucción lo había requerido por privación ilegal de la libertad agravada, tormentos y tormentos con resultado de muerte, según la descripción de los hechos.
Finalmente, Sánchez fue detenido el 14 de mayo de 2020 en la ciudad de Paraty, en el estado brasileño de Río de Janeiro, y fue extraditado a nuestro país bajo esas condiciones.
El exoficial de inteligencia de la Prefectura Naval Argentina imputado, Gonzalo “Chispa” Sánchez, conectado a la audiencia desde su lugar de detención en la Unidad de Campo de Mayo. Foto: M. Pellón
La audiencia
En la audiencia de inicio realizada hoy en lo tribunales federales de Retiro, el tribunal integrado por la jueza Adriana Palliotti y los jueces Daniel Obligado, Germán Castelli y -como cuarto- Néstor Guillermo Costabell, procedió a la lectura de la acusación y posteriormente declaró formalmente abierto el debate.
El imputado participó de la audiencia conectado mediante la plataforma Zoom desde su lugar de detención en la Unidad 34 Instituto Penal Federal de Campo de Mayo.
En este marco, la defensa realizó un planteo por la multiplicidad de querellantes, en relación al principio de igualdad de armas y solicitó que las mismas sean unificadas.
El fiscal Crous pidió que el planteo sea rechazado, indicó que el mismo era extemporáneo e improcedente y señaló que no existían indicios de que dicha circunstancia perturbe el orden de las audiencias.
Al ser consultado por el tribunal, el imputado Sánchez rechazó prestar declaración y Crous solicitó que sean incorporadas las indagatorias previas del acusado.
Por último, el acusado solo contestó datos personales, entre los que afirmó que es pastor de una iglesia evangélica y relató sus estudios sobre distintas ramas de ingeniería.
Algunos de los casos: Walsh, Eguren y Arrostito
Entre las víctimas de los hechos que le atribuyen al exagente de inteligencia, se encuentra el caso de Walsh. El periodista y escritor fue interceptado el 25 de marzo de 1977, entre las 13.30 y las 16, sin exhibirle orden legal, por miembros del Grupo de Tareas 3.3.2., en el momento en que caminaba por avenida San Juan, entre Combate de los Pozos y Avenida Entre Ríos. Sus restos no fueron hallados.
Otro de los casos es el que tuvo como víctima a Norma Arrostito quien fue privada de su libertad, sin orden legal, el 2 de diciembre de 1976 en la localidad bonaerense de Banfield. Sus restos no fueron hallados.
Otro de los casos es el de Alicia Eguren de Cooke -quien fuera en vida la viuda del dirigente peronista John William Cooke-, quien fue detenida el 26 de enero de 1977 en la ciudad de Buenos Aires. Sus restos tampoco fueron aún hallados.
El fiscal Félix Pablo Crous y la auxiliar fiscal Marcela Obetko, de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado. Foto: M. Pellón
Participación en la ESMA en distintos períodos
La fiscalía le imputa a Sánchez su participación como integrante del grupo operativo que secuestraba personas en el circuito represivo de la exESMA. Además, fijó su actuación en ese CCD durante los años 1976, 1977 y 1978.
En este marco, el requerimiento de elevación a juicio señala que la participación del acusado "se encuentra acreditada a través de diversos testimonios brindados por personas que resultaron víctimas y estuvieron cautivas en la Escuela de Mecánica de la Armada; como así también de la información que se encuentra plasmada en el Legajo de Conceptos y Foja de Servicios del imputado".
También surge de las descripciones aportadas por las víctimas sobrevivientes al formular denuncias ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) a partir de 1980 y posteriormente en sus declaraciones testimoniales
Para la fiscalía todo ello demuestra que "el nombrado se desempeñó en el sector de Inteligencia de la Prefectura
Naval Argentina desde el año 1975 hasta el 1ero de junio de 1985, ocasión en la cual fue dado de baja de dicha fuerza.
Incluso quedó documentado -por la Resolución. N°745/78”S-COAR- que el acusado fue condecorado el 12 de noviembre de 1978 por el Comandante en Jefe de la Armada, almirante Emilio Eduardo Massera, con la medalla por el “honor al valor en combate" por su desempeño en el GT 3.3/2 .
"Se encuentra probado que el acusado participó en los hechos aquí examinados con libertad y discernimiento, en tanto, si bien pudo negarse a realizar los actos delictivos solicitados, persistió en su comisión", remarcó el fiscal Taiano en el requerimiento.
Además, indicó que el exoficial de inteligencia de la Prefectura "estuvo dispuesto en todo momento a realizar voluntariamente las acciones delictivas, a ejecutar cualquier orden, por aberrante que fuera, sin oponer reparo alguno y sin titubear ante la grave dimensión de los hechos".
Al analizar el contexto histórico, la pieza acusatoria señala que los delitos atribuidos a Sánchez "fueron cometidos desde el aparato del Estado e implicaron no sólo la reiterada violación de los derechos humanos, sino también, por su escala, volumen y gravedad, crímenes contra la humanidad de acuerdo al derecho internacional".
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