“Área 400”: en el comienzo de su alegato, la fiscalía describió la persecución contra los trabajadores de la zona fabril de Zárate-Campana durante el terrorismo de Estado

La auxiliar fiscal Gabriela Sosti comenzó ayer el alegato del Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín en el juicio denominado “Área 400”, donde se juzga al excomisario de la Policía bonaerense Carlos Caimi y a los exmilitares Horacio Sánchez y Pacífico Britos por su responsabilidad en delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 15 víctimas en el ámbito de la denominada área militar 400, que comprendía los partidos de Zárate-Campana y dependía operacionalmente del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, que fue la jefatura de la Zona de Defensa IV durante la época del terrorismo de Estado.

Ante los jueces Daniel Gutiérrez, María Claudia Morgese Martín y Silvina Mayorga, la representante del MPF describió el contexto histórico en el que se desarrollaron los hechos y detalló los distintos casos que se juzgan en este debate iniciado el 29 de octubre del año pasado.

Sosti expresó que “el aparato genocida, que destrozó el tejido social de nuestro país de manera irreparable, para hacerlo contó con una infraestructura monstruosa, no solo por los aberrantes métodos, sino por la enorme cantidad de recursos humanos y de todo tipo que puso a su disposición”.

“Debemos reparar y detenernos en lo que significa cada relato del horror que escuchamos una y otra vez en estos juicios, porque estos juicios no son un mero despliegue burocrático”, sostuvo. Y agregó que “su persistencia reafirma, una y otra vez, el valor del desempeño de la justicia”.

“No pueden quedar expuestos a los vaivenes antojadizos de quienes desde la impudicia de la ignorancia desconocen o directamente niegan y hasta reivindican el horror que produjo el Estado genocida entre 1976 y el 1983”, puntualizó.

Entre las 15 víctimas cuyos casos aborda el proceso se encuentran militantes de la organización Montoneros y del Partido Revolucionario de los Trabajadores–Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), entre ellos un soldado que estaba realizando la conscripción, y trabajadores de empresas metalúrgicas y petroleras de la zona norte del Gran Buenos Aires.

El 10 de junio la fiscal finalizará su alegato con la exposición de las responsabilidades, las calificaciones legales y el pedido de pena para los imputados.

“El ataque central fue a hacia la clase obrera”

La audiencia de ayer comenzó con el último testimonio recibido en el juicio. Luego, la fiscalía inició su alegato, que se prolongó durante cinco horas y finalizó a las 15.00. Al iniciar su exposición, Sosti señaló que este es un “tramo más” de las 29 causas que recibieron sentencia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la zona de Defensa IV, de las cuales “al menos unas 19 de ellas, estuvieron a cargo de este tribunal”.

La representante del MPF aludió al juicio de la megacausa de Campo de Mayo donde se impusieron penas a 19 imputados -entre ellos Caimi y Britos, que fueron condenados a 4 años de prisión y a prisión perpetua, respectivamente- por los secuestros de trabajadores, comisiones internas y delegados del cordón fabril de la zona norte del conurbano bonaerense, como también de militantes políticos, muchos de ellos que trabajaban en los municipios de la zona.

Sosti indicó que en la megacausa “se tuvo por comprobada la existencia, extensión, funcionamiento y aporte al plan de exterminio del Área 400 y sus integrantes”. Con respecto al exteniente Sánchez, quien fue jefe de la Compañía Destino de la Escuela para Apoyo para el Combate “General Lemos”, enfrenta su primer juicio.

La auxiliar fiscal sostuvo que “el objetivo de los dictadores, de quienes planearon la feroz Reorganización, era terminar doblegando a los trabajadores en sus demandas”. “El ataque central fue hacia la clase obrera; el 67% de las personas desaparecidas eran trabajadores”, indicó.

En ese sentido, explicó que “Zarate y Campana fue una zona fabril muy importante: tenía las siderurgias, las metalúrgicas, las petroquímicas, las petroleras”. “Tan sólo en Campana había unas 33 fábricas al comenzar la dictadura”, precisó.

Entre ellas, destacó que Dálmine Siderca “fue una de las empresas donde había militares en las fábricas con listados de personas marcadas para secuestrar, [con] la presencia de pseudo trabajadores que en realidad eran agentes de las fuerzas represoras”. A su vez, explicó que “a medida que avanza las investigaciones de estas causas se fue determinando que hubo más de 50 trabajadores de Dálmine Siderca víctimas de genocidio”.

Por último, indicó que “en la megacausa de Campo de Mayo se probaron muchos de esos secuestros, torturas y en algunos casos homicidios agravados”. “En esta causa intentaremos probar algunos casos más”, añadió.

Hechos

Por otra parte, Sosti describió los hechos que se juzgan en el debate y destacó que en “tres universos concentracionarios” de la zona de Defensa IV “operaron simultáneamente, cometiendo delitos de lesa humanidad, estos tres imputados: el área 400, la Escuela de Apoyo de Combate General Lemos y la Comisaria de Villa Ballester”.

Detalló que los secuestros, las torturas y los asesinatos contra distintos trabajadores de la fábrica Dálmine Siderca. Entre ellos, mencionó los asesinatos de las victimas Raúl Alberto Ramat y Antonio Monteiro, y los secuestros de José Alberto Multrazzi, quien se desempeñaba como técnico electricista, junto a su pareja Silvia Agostinelli.

Al respecto, relató el caso de Miguel Ángel Vaz, quien fue secuestrado entre el 14 y el 15 de diciembre de 1976 y llevado, con una capucha, en un auto al centro clandestino “Mansión Güerchi”, donde lo amenazaron de muerte, le pegaron y le preguntaron por su padre, que trabajaba en Dálmine Siderca, y por vecinos suyos que habían sido secuestrados y que militaban en el Ateneo Cultural San Martín.

Describió que la víctima permaneció detenida en ese lugar por un lapso de doce o trece días, siempre con los ojos tapados y las manos atadas, donde padeció tormentos físicos y psíquicos que consistieron en golpes, simulacros de fusilamiento y amenazas de muerte, hasta que finalmente fue liberado.

La funcionaria recordó que Vaz había dado su primer relato de lo que padeció en la dictadura en el 2005 ante la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, y luego en la instrucción del caso y en el debate de la megacausa de Campo de Mayo. “En este debate no pudo declarar, porque recordar lo que le hicieron los militares y demás fuerzas bajo el mando de la plana mayor del Área 400 lo daña y lo revictimiza”, explicó Sosti.

Asimismo, mencionó los asesinatos de trabajadores de la empresa “Petrosur”, Luis Lorenzo Garello y Silvio Francisco Tonielli. Sobre ello, la fiscal Sosti destacó que “el objetivo del plan de exterminio era silenciar reclamos, aumentar ganancias a costa de trabajadores que no podían hacer reclamos y si los hacían serían secuestrados, torturados y asesinados”.

Por otra parte, relató el secuestro de la pareja Antonio Roberto Flores y Nancy Cerrudo de Flores, quienes militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores–Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) y quienes fueron secuestrados el 14 de junio de 1976.

En relación a ello, Sosti mencionó la persecución y el exterminio de los jóvenes que integraban la Juventud Guevarista del PRT-ERP y que participaban en el Ateneo Cultural San Martín, ubicado en Zárate. “Como parte de su militancia habían formado un club de fomento para los barrios carenciados, donde las familias empobrecidas no tenían ni agua potable, como Villa Massoni, Villa Angus, Barrio Mitre, donde vivían la mayoría de los trabajadores de la fábrica”, explicó la fiscal, y agregó: “Esas tareas solidarias de ayuda al prójimo fueron consideradas subversivas por los reorganizadores de la Nación y por eso los secuestraron, les destrozaron sus cuerpos y sus sueños”.

Por otra parte, se refirió al caso Gerardo Morales, quien vivía en Córdoba y era militante del PRT-ERP cuando en 1975 lo sortearon para hacer el servicio militar. Recordó que en febrero de 1976, junto a 400 jóvenes cordobeses, los subieron a un tren y los mandaron a Buenos Aires, donde a la víctima le tocó la Compañía de Destino de la Escuela de Apoyo de Combate General Lemos, ubicada la guarnición militar de Campo de Mayo. Sosti precisó que su superior era Horacio Rafael Sánchez, quien en su carácter de autoridad lo privó de su libertad, para luego conducirlo y entregarlo a quienes lo mantuvieron en cautiverio y le aplicaron tormentos en un sitio dentro de un centro clandestino de la unidad militar, hasta que logró escapar.

Por último, Sosti mencionó el caso de otra víctima, que cansada de la tortura extrema dio datos e información sobre compañeros. “Jamás me voy a poder sacar esa culpa de mi vida hasta que me muera”, citó la fiscal sobre lo que declaró la víctima, y agregó: “Ese es otro daño indeleble del que son responsables los autores de estos crímenes: dañar moralmente a la persona que bajo tortura no tenía más remedio que dar alguna información”.