Resistencia: un exsuboficial mayor de la Policía del Chaco irá a juicio por la desaparición forzada del militante Humberto Aníbal Muñoz

La titular del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger elevó a juicio la investigación seguida contra el suboficial mayor retirado de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco Gabino Manader, por la desaparición forzada del militante de la Juventud Peronista Humberto Aníbal “Cacho” Muñoz, ocurrida el 26 de noviembre de 1976, en la localidad chaqueña de Barranqueras.

La resolución, dictada el 14 de diciembre pasado, se dio en línea con la solicitud de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia, integrada por el fiscal general Carlos Amad, el fiscal federal Patricio Sabadini y los fiscales ad-hoc Diego Vigay y Horacio Rodríguez.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal habían solicitado que Manader fuera a juicio como coautor del delito de desaparición forzada. También, dado que Muñoz permanece desaparecido, plantearon junto a las querellas que, en el juicio, debía tratarse como acusación alternativa contra el exsuboficial como partícipe necesario del delito de homicidio agravado por alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas y para consumar u ocultar otro delito.

Según trascendió, el debate podría comenzar durante 2025, aunque aún no se fijó la fecha de inicio.

El caso

Muñoz tenía una activa militancia en la Juventud Peronista de Chaco, desde 1972. En 1974 se desempeñó como chófer en la Cámara de Diputados del Chaco y del ex vicegobernador Alberto Torresagasti. Un año después, trabajó como jornalero en el aeropuerto de la ciudad de Resistencia, hasta que fue cesanteado -por razones políticas- en abril de 1976.

El 25 de mayo de 1976, el hombre fue detenido y llevado a la Brigada de Investigaciones, donde negaron que estuviera privado de su libertad. Sin embargo, el hombre estuvo alojado allí, sesenta días, en los que sufrió torturas y amenazas hasta que fue liberado desde la Alcaidía de Resistencia.

En la madrugada del 26 de noviembre de 1976, Muñoz estaba en la casa de sus padres, Anselma Ocampo y Aníbal Muñoz, ubicada sobre la Avenida San Martín, en el centro de Barranqueras. Mientras la víctima dormía allí junto a su pareja Ramona Rosa Pawlisky y su pequeño hijo, llegaron dos vehículos con, al menos, cuatro hombres vestidos de civil y que portaban armas largas, quienes irrumpieron en la vivienda.

Tras amenazar a Ocampo y encandilar a Pawlisky, los policías esposaron a Muñoz y lo subieron a uno de los vehículos, que emprendió la marcha hacia Antequeras. Fue la última vez que se supo de sobre él.

Ocampo, que tenía un puesto de diarios en el puerto de la localidad y conocía a casi todos los habitantes del lugar, le refirió a su nuera que Manader y José María Cardozo -que se desempeñaban como sargentos de la Dirección de Investigaciones de la policía chaqueña- integraban el operativo en el que se llevaron a su hijo.

Los días siguientes, los familiares de Muñoz lo buscaron en distintas comisarías de Barranqueras y de Resistencia, y en la Brigada de Investigaciones, pero no pudieron encontrarlo.

A juicio

En su requerimiento los fiscales de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia había solicitado que Manader sea sometido a juicio como coautor de la desaparición forzada y, alternativamente, como partícipe necesario de homicidio agravado por alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas y para consumar u ocultar otro delito.

En tal sentido, destacaron que “el secuestro de Muñoz se produjo el 26 de noviembre de 1976 en plena dictadura militar, utilizando una metodología similar en todo el país, que consistía en el secuestro de personas: 1) en forma ilegal es decir sin orden de juez competente; 2) clandestina: irrumpiendo a altas horas de la noche, causando temor en los eventuales testigos, encandilar para no ser identificados y 3) la utilización de la violencia hacia las víctimas”.

En cuanto a Manader, los fiscales indicaron que “no solo participaba en las operaciones que realizaba el grupo de tareas que operaba en la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco sino que además tenía un rol protagónico en el mencionado centro clandestino”. Prueba de ello son las diversas reconstrucciones realizadas en otras investigaciones de la jurisdicción de Chaco donde el exsuboficial mayor fue condenado por crímenes de lesa humanidad.

Cabe recordar que, el 13 de diciembre de 2010, en el marco de la causa “Caballero, Humberto Lucio y otros” el Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó a Manader a la pena de 25 años de prisión por los tormentos sufridos por 25 presos políticos. Para así proceder destacaron que “El historial plasmado en su legajo, y las constancias de los diferentes sumarios prevencionales evidencian el nivel de compromiso del acusado dentro del grupo de tarea ya caracterizado, y explica el mando detentado por Manader en el mismo e inclusive su grado de iniciativa propia, no obstante el grado jerárquico con el que contaba en la fuerza policial (suboficial)” y agregaron que “es indudable el rol protagónico que asumió el imputado Gabino Manader en la tarea emprendida desde la Brigada de Investigaciones”.

También indicaron que el hombre “fue nombrado por todos y cada uno de los testigos, se refirieron a él, unos como quien los interrogaba y otros como quien los golpeaba o manejaba la picana eléctrica, quien salía a realizar las detenciones, y por su personalidad enérgica y autoritaria, era uno de los ideólogos en el trazado de los operativos para lograr llevar a cabo el plan. Fue particularmente cruel e inescrupuloso en el trato a todos los detenidos, y especialmente con las mujeres”.

El 13 de agosto de 2018, el TOF de Resistencia le impuso a Manader, en la causa “Caballero II”, la pena de 25 años de prisión por diez casos de tormentos -físicos y psíquicos- agravados por la condición de detenidos políticos de la víctimas, privación ilegítima de la libertad, un caso de violación y por la desaparición frozada de un matrimonio que permanece desaparecido.

En la causa “Caballero III”, en abril de 2021, Manader recibió otros 25 años de prisión como autor de cinco hechos de prisión ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia y amenazas, trece hechos de tormentos agravados y la imposición de tormentos y violación agravada por el concurso de dos o más personas a una detenida política, y de dos hechos de privación ilegal de la libertad agravada.

Finalmente, en el juicio “Conscriptos”, celebrado en abril de 2022, el exsuboficial mayor recibió una condena de 14 años por 22 casos de tormentos y privación ilegal de la libertad.

Asimismo, la semana pasada, la jueza Niremperger lo procesó en la Causa “Caballero IV”, por los tormentos -psíquicos y físicos- agravados por la condición de detenidos políticos, las privaciones ilegítimas de la libertad y la violación de domicilio en perjuicio de 24 víctimas, entre ellas, un bebé de ocho meses detenido junto a su madre, estudiantes secundarios y universitarios, docentes y profesionales, quienes tenían militancia social en escuelas, facultades, parroquias y barrios, en las Ligas Agrarias o en agrupaciones políticas como la Juventud Peronista, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el peronismo de base. Manader también está procesado en el causa “Ligas Agrarias II” donde se investigan las detenciones ilegales y la aplicación de tormentos a los párrocos Joaquín Núñez y Gianfranco Testa, ocurridas en 1974.