El número corresponde a las 328 sentencias dictadas, en las cuales otras 192 personas resultaron absueltas. Además, hay 379 procesados/as y 33 prófugos/as. El número total de personas detenidas es 630, de las cuales 501 permanecen en arresto domiciliario.
Argentina25 de septiembre de 2024
Sures Noticias
En las 328 sentencias por crímenes de lesa humanidad dictadas por tribunales federales de todo el país desde 2006, la cantidad de personas condenadas es 1.187, mientras que las absueltas llegan a 192, de acuerdo con un nuevo informe estadístico trimestral elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad con la información suministrada por las unidades fiscales y fiscalías federales que intervienen en estos procesos en todo el país.
El relevamiento, cuyo cierre operó el 19 de septiembre pasado, contiene la información producida desde que se desarrollaron los dos primeros juicios orales y públicos, en 2006, tras la reapertura de los procesos por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la época del terrorismo de Estado, a partir de la declaración de inconstitucionalidad y de nulidad insanable de las leyes 23.492, de punto final, y 23.521, de obediencia debida.
De acuerdo con la información, hay 379 personas procesadas, mientras que 161 se encuentran con falta de mérito y 103 resultaron sobreseídas. En tanto, unas 70 fueron indagadas y aguardan que se resuelva su situación procesal, mientras 467 están imputadas por el Ministerio Público Fiscal en 278 causas en trámite en la fase de instrucción. En este contexto, 33 permanecen prófugas.
Las personas detenidas en procesos por crímenes de lesa humanidad suman 630. De todas ellas, 501 están detenidas en prisión domiciliaria, 73 permanecen en establecimientos penitenciarios y 56 en otras dependencias. De estas últimas, 54 cumplen su detención en la Unidad N°34 que funciona dentro de la guarnición militar de Campo de Mayo, establecimiento que la procuraduría no considera penitenciario, mientras que otras dos están detenidas en dependencias de fuerzas de seguridad federales.
El gráfico de barras que acompaña esta publicación muestra el cambio de tendencia que se registró a partir de 2016 en las personas que transitan la detención en prisión domiciliaria. Desde entonces, es el grupo mayoritario entre quienes se encuentran privados/as de la libertad.
El informe señala que, desde 2006, fallecieron 1.213 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad sin llegar a obtener sentencia.
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Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
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