Sures Noticias
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Capital, representada por su secretario general Daniel Catalano, junto a H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio), a través de María Verónica Castelli, presentaron una denuncia formal ante la Justicia Federal argentina solicitando la inmediata detención del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad contra el pueblo palestino.
La denuncia, que quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7 a cargo del juez Sebastián Casanello y en la Fiscalía dirigida por Guillermo Marijuan, se fundamenta en las órdenes emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI) el 21 de noviembre de 2024 y cuenta con el patrocinio letrado de Rodolfo N. Yanzón y Anabella Montaner.
La posible visita programada de Netanyahu
Según información difundida por The Israel Times y la Agencia Judía de Noticias (AJN) el 28 de julio pasado, Netanyahu viajaria a Argentina entre agosto y septiembre de este año, ( no existe confirmación oficial de la visota) habiendo solicitado al gobierno argentino una garantía formal que le permita ingresar al país sin riesgo de ser arrestado. El 30 de julio se confirmó que el primer ministro israelí se reuniría con su par argentino entre el 7 y el 10 de septiembre de 2025.
Esta información cobra particular relevancia considerando que Argentina aprobó el Estatuto de Roma mediante la ley 25.390 e implementó sus disposiciones por ley 26.200, estableciendo mecanismos de cooperación para someter a juicio a responsables de crímenes contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Fundamentos legales de la denuncia
La presentación judicial se sustenta en el artículo 59 del Estatuto de Roma, que establece que el Estado parte que reciba una solicitud de detención provisional debe tomar inmediatamente las medidas necesarias para la detención. Los denunciantes reclaman que se libre una orden de captura contra Netanyahu y se disponga su inmediata detención para ponerlo a disposición de la CPI.
Como alternativa, solicitan la aplicación del principio "aut dedere aut iudicare" (extraditar o juzgar), consagrado en el artículo 4 de la ley 26.200, que establece que cuando se encuentre en territorio argentino una persona sospechosa de haber cometido crímenes definidos en el Estatuto de Roma y no se proceda a su entrega a la CPI, Argentina debe ejercer su jurisdicción para juzgar tales crímenes.
Las órdenes de la Corte Penal Internacional
El 20 de mayo de 2024, la Fiscalía de la CPI solicitó órdenes de detención contra Netanyahu y su entonces ministro de Defensa Yoav Galant. El 21 de noviembre de 2024, la Sala Preliminar I de la Corte Penal Internacional emitió las órdenes de detención, rechazando el pedido de Israel de desconocer la jurisdicción de la CPI sobre la situación del Estado de Palestina.
La CPI determinó que Netanyahu es responsable penalmente como coautor del crimen de guerra de provocar intencionadamente la muerte por hambre, de crímenes contra la humanidad como homicidio, persecución y otros actos inhumanos, además de la destrucción de infraestructura civil, incluyendo centros de salud, escuelas y campos de refugiados de la ONU, todo en relación con los ataques contra la población civil de Gaza.
Documentación internacional como evidencia
La denuncia incorpora el informe de la Relatora Especial de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967, publicado el 1° de octubre de 2024, que caracteriza la violencia desplegada por Israel desde el 7 de octubre de 2023 como parte de "un largo proceso sistemático y organizado con el fin de provocar el desplazamiento forzado y la sustitución de palestinos", mencionando la comisión del delito de genocidio como supresión colonial.
También se incluye el informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre las protestas en territorio palestino ocupado, integrada entre otros por el argentino Santiago Cantón, que documenta los crímenes cometidos por las Fuerzas de Defensa de Israel contra manifestantes palestinos. Según este informe, durante las manifestaciones murieron 184 palestinos (183 por armas israelíes) y resultaron heridas más de 6.100 personas.
Marco normativo argentino
La denuncia destaca que Argentina es signataria de múltiples instrumentos internacionales que la obligan a actuar. Además del Estatuto de Roma, el país ratificó los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales, que obligan a los Estados a prevenir o poner fin a las conductas que describen y establecen mecanismos para buscar, entregar o enjuiciar a los autores.
Argentina también es signataria de la Convención de Cooperación Internacional en la Investigación y Enjuiciamiento del Crimen de Genocidio, los Crímenes de Lesa Humanidad, los Crímenes de Guerra y otros crímenes internacionales, adoptada en mayo de 2023 en Eslovenia.
Críticas a la posición del gobierno argentino
Los denunciantes expresan su preocupación por "la complicidad manifiesta de parte del titular del PEN en la Argentina" y solicitan expresamente que no se otorgue ningún tipo de morigeración en la detención. La denuncia hace referencia al contexto internacional donde Estados Unidos ha mostrado apoyo a Israel, con su Cámara de Representantes aprobando un proyecto para sancionar a la CPI por las órdenes de detención emitidas.
Competencia de la Justicia Federal
El artículo 5 de la ley 26.200 establece la competencia de la Justicia Federal en lo Penal por la comisión de los delitos previstos en el Estatuto de Roma. Los denunciantes argumentan que, ante el hipotético caso de que el Ejecutivo insista en "avalar los crímenes de guerra y contra la humanidad que lleva a cabo el gobierno de Israel", Netanyahu debe ser sometido a juicio en territorio argentino.
Precedentes históricos
La denuncia hace referencia a operaciones militares anteriores, como la Operación Plomo Fundido (Cast Lead), que arrojó un saldo de más de 14.000 palestinos muertos y 13 israelíes, estableciendo un patrón de conducta que fundamenta las acusaciones actuales.
Implicaciones para la justicia internacional
Esta presentación judicial representa un desafío significativo para el sistema de justicia argentino y su compromiso con el derecho internacional humanitario. La denuncia busca "promover el cese de la impunidad de gravísimos crímenes" e implica "la necesidad de un inmediato cese del fuego y de las hostilidades", según expresan los denunciantes.
El caso tendrá seguimiento tanto nacional como internacional, ya que podría establecer un precedente sobre cómo los países latinoamericanos abordan sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma cuando estas entran en tensión con consideraciones de política exterior, especialmente en un contexto donde potencias mundiales cuestionan la legitimidad de la CPI.
.
