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En un nuevo capítulo del creciente conflicto entre el Gobierno nacional y las organizaciones sindicales, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó este jueves la suspensión del botón digital de desafiliación gremial implementado por la Agencia de Recaudación de la exAFIP, ahora llamada ARCA. La resolución judicial mantiene firme la medida cautelar dictada en mayo, que ya había paralizado el funcionamiento del sistema tras una presentación judicial de los sindicatos afectados.
El fallo fue contundente: “El procedimiento, canalizado íntegramente dentro de la estructura administrativa del empleador, configura —al menos de manera preliminar— una afectación directa de la autonomía organizativa del sindicato y del ejercicio de la libertad sindical”, expresó el tribunal. Además, recordó que la ley 23.551 de asociaciones sindicales establece que toda afiliación o desafiliación debe realizarse por escrito, y prohíbe expresamente que empleadores interfieran en este tipo de decisiones.
Un sistema digital, una disputa ideológica
La herramienta en cuestión fue lanzada por ARCA a fines de abril y permitía a cualquier trabajador del organismo acceder a su legajo digital y, con un simple clic, iniciar el proceso de renuncia a su afiliación gremial. El sistema informaba automáticamente el impacto que la desafiliación tendría sobre su salario mensual, en términos del porcentaje de aporte sindical que se dejaría de descontar.
Desde el Gobierno, la iniciativa fue presentada como una medida de “modernización administrativa” y “libertad de decisión individual”, en línea con una ofensiva discursiva que busca reducir el poder de los sindicatos en el Estado. No casualmente, el anuncio se realizó en la previa del Día del Trabajador, lo que fue leído por muchos actores sindicales como una provocación directa.
Los gremios, en pie de lucha
La reacción de los gremios no se hizo esperar. La Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Personal de Organismos de Control (APOC), los tres sindicatos con representación en ARCA, presentaron recursos judiciales ante lo que consideraron un avance ilegal sobre sus facultades.
“El botón de ARCA no era un mecanismo de libertad, sino una forma de disciplinamiento laboral y debilitamiento institucional de los gremios”, señaló Pablo Flores, secretario general de AEFIP. “El Gobierno busca eliminar intermediarios porque quiere trabajadores sin organización ni defensa colectiva”, agregó.
El fallo y sus fundamentos
El tribunal laboral sostuvo que la digitalización de procesos no puede vulnerar derechos consagrados. “El uso de herramientas tecnológicas por parte del empleador no puede reemplazar procedimientos formales destinados a garantizar la autonomía de las organizaciones sindicales”, señaló el dictamen.
Especialistas en derecho laboral también respaldaron la decisión judicial. En diálogo con Página/12, la abogada laboralista Paula Barretto afirmó: “La afiliación sindical no es un trámite administrativo más. Tiene implicancias legales, políticas y organizativas que deben protegerse frente a cualquier automatización que las simplifique en exceso o elimine controles fundamentales”.
Por su parte, Hugo Yasky, diputado nacional y secretario general de la CTA de los Trabajadores, celebró el fallo: “Es un freno a un intento de desguace del movimiento sindical. Detrás de la narrativa de la ‘libertad de elegir’ hay una voluntad clara de debilitar la representación colectiva”.
Un conflicto más amplio
Este caso se inscribe en una ofensiva más amplia del Ejecutivo encabezado por Javier Milei contra los gremios y las formas tradicionales de organización del trabajo. A lo largo de 2025, el Gobierno ha promovido iniciativas como la eliminación del aporte solidario, intentos de modificación de convenios colectivos y recortes en el ámbito de las paritarias estatales.
Organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) han advertido sobre “una estrategia deliberada de erosión institucional de los sindicatos”, mientras que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha recordado en recientes comunicados la necesidad de garantizar la autonomía sindical frente a injerencias estatales.
Con este nuevo revés judicial, el Gobierno suma otro traspié en su intento de reformar —o desarticular— los marcos de representación colectiva en el Estado. Mientras tanto, los sindicatos celebran el fallo como una victoria en defensa de sus derechos, aunque advierten que los embates continuarán. “No vamos a dejar pasar ninguna medida que viole la libertad sindical”, aseguran desde AEFIP. En un contexto de alta conflictividad y tensión institucional, la pulseada por el botón de desafiliación es apenas una muestra del modelo de relaciones laborales que se disputa en la Argentina de hoy.
