Comienza el juicio contra Lemu Cárdenas y Belén Salinas: la criminalización de la identidad mapuche en la cordillera chubutense

Este lunes 5 de agosto comienza en los Tribunales Federales de Comodoro Rivadavia el juicio oral contra Lemu Cárdenas, lonko de la comunidad mapuche Paillako, y su compañera Belén Salinas, quienes enfrentan cargos por usurpación de tierras en el Parque Nacional Los Alerces, provincia de Chubut. La Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina, que asumió su defensa, denuncia una persecución sistemática contra el pueblo mapuche y una justicia “instrumentalizada por intereses económicos y políticos”.

Un conflicto territorial de larga data
La familia Cárdenas y la familia Salinas habitan históricamente el territorio que hoy es parte del Parque Nacional Los Alerces, creado en 1937. Según registros históricos y testimonios de la comunidad, desde antes de esa fecha vivían allí como parte de su ocupación ancestral. En 1938, Parques Nacionales reconoció parcialmente esa ocupación otorgando permisos precarios de pastaje, etiquetando a los habitantes como “pobladores”, sin reconocimiento identitario indígena.

"Este proceso fue parte del intento de borrar toda huella cultural mapuche tras la Campaña del Desierto", explican desde la comunidad. Desde entonces, las familias sostuvieron su vínculo con la tierra, que en los últimos años recuperaron de forma activa a partir de un proceso de reafirmación identitaria.

La recuperación del territorio por parte de la comunidad Paillako fue hecha pública en el año 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández. En esa etapa se desató una ofensiva judicial y mediática contra la comunidad, profundizada con la llegada del gobierno de Javier Milei. Y agergaron  "El Ministerio a cargo de Juan Cabandie inicio una ofensiva contra la Comunidad Paillako. Los llamaron -pseudo mapuche-, -terroristas- y los acusaron de incendios y desmanes.
Coincidieron en esta persecución con los Gobernadores de Chubut".

Persecución, espionaje y prisión preventiva
Desde la Gremial de Abogados advierten que el proceso penal contra Cárdenas y Salinas estuvo viciado desde su origen. “La causa se inició de oficio por Gendarmería Nacional y luego fue impulsada activamente por la Administración de Parques Nacionales, que se presentó como querellante”, explican.

Según la defensa, Lemu Cárdenas fue detenido tras haberse presentado voluntariamente ante la Justicia, luego de haber estado un tiempo en la clandestinidad debido a la destrucción de su vivienda, la pérdida de su ganado y los malos tratos sufridos por parte de las fuerzas de seguridad. Pese a que el delito imputado es excarcelable, se le denegó la libertad preventiva argumentando riesgo de fuga.

“La detención es claramente política”, señalan desde la Gremial. También denuncian que las condiciones carcelarias y las dificultades para comunicarse con sus abogados violan los derechos básicos del acusado. Durante una audiencia privada con Cárdenas, el servicio penitenciario habría colocado un policía del Ministerio de Seguridad a pocos metros, impidiendo la confidencialidad de la conversación.

Justicia a medida y un juicio sin garantías
La defensa denuncia que el tribunal federal aceptó en su totalidad las pruebas propuestas por la Fiscalía, mientras rechazó aproximadamente la mitad de las pruebas ofrecidas por la defensa. Este criterio, según los abogados, anticipa una “tendencia condenatoria” en el juicio.

Los abogados también remarcaron que observaron que ningún organismo local de derechos humanos ni defensoría oficial intervino previamente en la causa, y que asumieron el caso con cautela para no interferir en estrategias ajenas.

El juicio se desarrollará entre el 5 y el 9 de agosto, comenzando a las 9 hs. Está previsto que se transmita de forma pública si el tribunal lo autoriza. Mientras tanto, la Gremial de Abogados y diversas organizaciones sociales difunden las audiencias y convocan a acompañar a los acusados.

Un patrón de criminalización
El caso de Lemu Cárdenas y Belén Salinas no es aislado. Desde organismos de derechos humanos y pueblos originarios señalan una política sistemática de criminalización hacia las comunidades mapuche que reclaman o recuperan territorios ancestrales. Actualmente, Facundo Jones Huala —referente mapuche— también cumple prisión en un proceso rodeado de irregularidades, según su defensa.

“Se busca disciplinar cualquier intento de organización, identidad o resistencia indígena”, explican desde la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.

Acompañamiento y solidaridad
Distintas organizaciones sociales, de derechos humanos y de pueblos originarios se han solidarizado con Lemu y Belén. Se espera la presencia de observadores durante el juicio, tanto en la sala como de forma virtual. La comunidad Paillako ha convocado a quienes quieran acompañar, señalando que “la lucha es por la memoria, el territorio y la dignidad”.