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El pasado jueves 31 de julio de 2025 se realizó una audiencia clave en el proceso judicial que investiga las agresiones sufridas por los participantes de la Séptima Marcha al Lago Escondido, ocurrida en febrero de 2023 en el Camino de Tacuifí.
El hecho involucró a un grupo de choque vinculado al empresario británico Joseph Lewis, quien mantiene un prolongado conflicto por el acceso público a un lago que es considerado patrimonio natural argentino.
Durante la audiencia celebrada en El Bolsón, el juzgado concedió la suspensión del juicio a prueba (probation) a tres de los acusados: Andrés Saint Antonín, Nicolás Eduardo Puchy y Enzo David Puchy, bajo un régimen de reglas de conducta por el término de un año. En tanto, Graciela Helvecia Hernández, quien se desempeña como efectiva de la Policía de Río Negro, fue condenada mediante juicio abreviado a un año y un mes de prisión en suspenso, junto con dos años de reglas de conducta, debido a que ya contaba con antecedentes de probation.
Este avance judicial fue recibido con satisfacción por la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA), principal organizadora de las marchas a Lago Escondido. En un comunicado oficial, la organización destacó “el accionar constante del equipo de abogados y militantes que lograron evitar la impunidad del accionar violento de los agresores a sueldo del pirata inglés”.
Una lucha prolongada por el acceso al Lago
Desde 2017, la FIPCA organiza las Marchas al Lago Escondido con el objetivo de visibilizar y defender el derecho público de acceso al espejo de agua, que ha sido ilegalmente bloqueado por el magnate británico Joseph Lewis a través de su empresa Hidden Lake S.A., a pesar de los fallos judiciales que obligan a garantizar el ingreso libre por el Camino de Tacuifí.
En la séptima edición de la marcha, en febrero de 2023, los manifestantes denunciaron que fueron emboscados, golpeados y amenazados por una patota organizada, presuntamente vinculada a personal de seguridad privada y habitantes de la zona contratados por intereses ligados a Lewis. En esa oportunidad, también se señaló la complicidad pasiva y activa de fuerzas de seguridad provinciales.
La resistencia de los movimientos sociales
Organizaciones sociales, sindicatos, referentes de derechos humanos y partidos políticos han acompañado sistemáticamente la lucha de FIPCA, que denuncia no solo la apropiación ilegal del lago sino un esquema más amplio de soberanía en disputa, donde intereses extranjeros y sectores del poder económico buscan controlar territorios estratégicos de la Patagonia.
“Con soberanía hay Nación. Patria o colonia”, cierra el comunicado del Consejo de Administración de FIPCA, que reafirma su compromiso con la realización de nuevas marchas y acciones legales hasta lograr el cumplimiento efectivo del acceso público al lago.
El caso Lewis y la complicidad estatal
Joseph Lewis, radicado en la zona desde fines de los años 90, es propietario ilegal de miles de hectáreas en la región andina. Su figura ha sido objeto de cuestionamientos por parte de diversos sectores sociales y políticos, quienes lo acusan de haber usufructuado de maniobras irregulares de compra de tierras en áreas de frontera, lo que viola la Ley de Tierras Rurales (N.º 26.737), destinada a limitar la extranjerización del territorio argentino.
Aunque el acceso al Lago Escondido por el Camino de Tacuifí fue ratificado como público por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, el fallo sigue sin implementarse. La inacción estatal y la continuidad de hechos violentos agravan la situación y ponen en tela de juicio el cumplimiento del principio constitucional de soberanía territorial.
