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El despojo de viviendas en Avellaneda por parte de Bullrich, que entregó a Gendarmería 57 casas que fueron parte del Plan Procrear, pusieron una manto de incertidumbres sobre la medida de adjudicacion en Córdoba.
Las 57 viviendas adjudicadas se encuentran bajo titularidad del ex Fideicomiso Procrear y su regularización dominial se encuentra en curso, según consta en nota oficial del Banco Hipotecario. La administración estará a cargo directamente de las fuerzas, garantizando el uso correcto de los inmuebles.
Antecedente de Avellaneda: El caso que sentó precedente
El escándalo se originó en Avellaneda cuando el 10 de junio Bullrich entregó 160 departamentos del edificio Sagol a fuerzas federales, pese a que estas viviendas ya habían sido sorteadas y adjudicadas el 23 de noviembre de 2023 a familias trabajadoras que cumplían todos los requisitos del programa456. Las familias beneficiarias habían recibido la notificación oficial el 24 de noviembre de 2023, e incluso algunas obtuvieron sus tarjetas de débito del Banco Hipotecario para comenzar a pagar el crédito78.
Daniel García, defensor del Pueblo de Avellaneda, fue categórico en su denuncia: "Acá hubo una estafa y, me animo a decir, una asociación ilícita"4. García explicó que las familias afectadas "cumplieron todos los pasos, enviaron la documentación requerida, salieron sorteados" pero quedaron "presos de la paralización" tras el cambio de gobierno4.
El caso de Córdoba: Repetición del patrón
En Córdoba, Bullrich implementó la misma estrategia el lunes 5 de agosto, entregando 57 viviendas del complejo Liceo Procrear a efectivos de Gendarmería. Este complejo, construido durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner mediante un acuerdo con el entonces intendente radical Ramón Javier Mestre en 2013, es el segundo más grande del país con 1733 viviendas en total.
La funcionaria justificó la medida argumentando que "los alquileres son altísimos" para los efectivos que se trasladan por el país, contradiciendo así el discurso oficial del gobierno que sostiene que la derogación de la Ley de Alquileres produjo una baja de precios.
Marco legal cuestionado
La transferencia de estas viviendas se sustenta en el Decreto 1018/2024 que disolvió el Fondo Fiduciario Público del Plan Procrear en noviembre de 20241112, y la posterior Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía que reglamentó la disolución. Sin embargo, la aplicación de estas normativas sobre derechos previamente adquiridos genera serios cuestionamientos jurídicos.
Leonardo Martínez Herrero, abogado representante de las familias damnificadas de Avellaneda, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, Patricia Bullrich y el ministro de Economía Luis Caputo por los delitos de "desbaratamiento de derechos acordados" e "incumplimiento de deberes de funcionario público"81516.
Testimonios de las víctimas
Las familias afectadas relatan experiencias desgarradoras. Alexander Zalazar, metalúrgico que resultó sorteado en Avellaneda, describió el proceso: "Nosotros fuimos una de las últimas tandas sorteadas, en 2023. Es muy cínico lo que hace Patricia Bullrich al mentir. Dijo que los edificios fueron dados a amigos del poder, pero la realidad es que todos los seleccionados somos gente trabajadora"17.
Daniela, trabajadora social y madre soltera, expresó su indignación: "Entre otros laburos, dejo más del 50% de mi sueldo en alquiler. Pasar a invertir en mi propia vivienda con un crédito económico era una salvación. El gobierno de Milei me cagó por todos lados"18.
Irregularidades procedimentales
La investigación revela múltiples irregularidades en el proceso:
Las familias de Avellaneda estuvieron 19 meses enviando mails y realizando llamadas sin obtener respuesta
El gobierno borró información de las plataformas digitales para ocultar las adjudicaciones previas
El acto de entrega en Avellaneda se realizó en secreto, con operativo policial para evitar la atención mediática
No se notificó formalmente a los beneficiarios originales sobre el cambio de destino
El patrón se extiende
Bullrich anunció que estas entregas forman parte de "un plan federal que recupera 329 viviendas en todo el país", sugiriendo que el patrón implementado en Avellaneda y repetido en Córdoba podría extenderse a otras jurisdicciones.
En Córdoba específicamente, las 57 viviendas entregadas pertenecen al sector 4 del complejo Liceo y funcionarán como "viviendas institucionales" con un sistema rotativo donde "cada familia podrá habitar la vivienda por un plazo máximo de 24 meses".
Respuesta judicial y política
El caso ya tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°9, a cargo del juez Sebastián Ramos, con intervención del fiscal Ramiro González. Paralelamente, las familias organizan acciones colectivas y han realizado protestas frente a los complejos habitacionales.
El defensor del Pueblo de Avellaneda advirtió sobre las consecuencias institucionales: "Estamos viviendo un momento de extrema violencia institucional. Están usando la 'miedocracia' como sistema político"20.
El gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, implementó un patrón sistemático de reasignación de viviendas que vulnera derechos adquiridos por familias trabajadoras, configurando lo que especialistas legales califican como "despojo institucional" y "estafa del Estado"4207.
El caso Córdoba
En relación a Cordoba, la evidencia disponible indica que las 57 viviendas adjudicadas en Córdoba a la Gendarmería Nacional eran parte del desarrollo original del Plan Procrear y permanecían bajo la titularidad del ex Fideicomiso Procrear al momento de la entrega. Sin embargo, la información oficial y fuentes consultadas no confirman con claridad absoluta si esas unidades específicas ya tenían adjudicatarios previos confirmados por sorteo, como sucedió con los casos documentados en Avellaneda.
Según fuentes oficiales, las viviendas están en proceso de regularización dominial y formaban parte del stock construido para Procrear. Tanto documentos del Ministerio de Seguridad como comunicados vinculados al Banco Hipotecario hacen referencia a su origen en el Procrear, pero no especifican individualmente la existencia de beneficiarios originales previos a la reasignación.
Por otra parte, medios nacionales y testimonios recogidos aluden a que familias postulantes y sorteadas en distintos desarrollos del Procrear —en especial en Avellaneda y otros puntos del país— sí fueron desplazadas de sus derechos sobre viviendas previamente asignadas por sorteo.
