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La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, volvió a tensar la cuerda institucional con una declaración que se ubica más en el terreno de la campaña electoral y la agitación política que en el del ejercicio responsable de un cargo público. En un mensaje difundido en redes sociales, Bullrich arremetió contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acusándolo de haber “inventado una conspiración” para “perseguir a 24 policías”, en una causa que involucra también al excomisario Maximiliano Bondarenko, actual candidato a diputado bonaerense por La Libertad Avanza.
“El inútil de Kicillof inventó una conspiración para perseguir a 24 policías. Los suspendió, afectando su trabajo, sus vidas y las de sus familias por puro chiquitaje político. La Justicia la tiró abajo”, escribió Bullrich en tono desafiante, sin aportar pruebas que sostengan sus dichos y confundiendo —a sabiendas o por negligencia— el estado actual de la investigación judicial.
El mensaje, plagado de descalificaciones, no solo representa una falta de respeto a las instituciones, sino que también siembra una peligrosa desconfianza pública sobre un tema tan delicado como la seguridad y el comportamiento de las fuerzas policiales. Cabe recordar que los 24 agentes desplazados están siendo investigados por presunta confabulación e intento de sublevación institucional, una acusación de extrema gravedad que derivó en su suspensión preventiva mientras avanza la causa.
Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense no tardaron en responder. Javier Alonso, titular de la cartera, replicó con firmeza: “La causa contra los policías cesanteados sigue firme, con más pruebas e indicios cada día. Por favor, no insultemos, no exageremos y no mienta”. Su respuesta, medida pero categórica, pone en evidencia la desinformación —o la manipulación— detrás de las afirmaciones de Bullrich.
Pero el trasfondo es aún más oscuro. La defensa férrea de Bullrich no es inocente: entre los implicados está Maximiliano Bondarenko, excomisario desplazado y actual candidato de Javier Milei en la provincia. Lo que podría leerse como una intervención política destinada a proteger a un aliado electoral revela, en cambio, una peligrosa tendencia a deslegitimar la acción judicial cuando no conviene políticamente.
Confundir garantías con impunidad
Bullrich, con el tono provocador que la caracteriza, se presenta como defensora de policías presuntamente inocentes. Sin embargo, la suspensión de los agentes fue una medida preventiva dispuesta por la Justicia en el marco de una investigación en curso. No se trató de un “invento”, como ella asegura, sino de un expediente judicial iniciado por presuntas acciones de conspiración institucional. Lo mínimo que puede exigirse de una ministra de Seguridad es que respete el proceso judicial y no lo interfiera públicamente con declaraciones irresponsables.
Además, al utilizar el término “tiró abajo”, Bullrich da a entender que la Justicia habría desestimado la causa. Esto es directamente falso: el expediente continúa, las pruebas se acumulan, y ninguna instancia judicial ha dictado el cierre o sobreseimiento definitivo de los implicados. El uso tergiversado del lenguaje judicial con fines políticos debería encender todas las alarmas.
