Trece meses después, la jueza María Servini sobreseyó a las últimas 16 personas detenidas "al voleo" durante la represión a la manifestación contra la Ley Bases. Un traspié para la criminalización de la protesta.
El gobierno prometía que las desregulaciones iban a facilitar la creación de trabajo y el crecimiento de la economía. Sin embargo, ya se perdieron más de 400 mil puestos.
Roberto De La Cruz Gómez sigue siendo el último protestante detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Máxima Seguridad I de Ezeiza, tras haber participado en la movilización del 12 de junio de 2024 contra la Ley Bases.
Los procesamientos y prisiones preventivas de manifestantes van en línea con la estrategia de criminalización que impulsa el Gobierno para limitar el ejercicio del derecho a la protesta. Nos presentamos como amicus curiae ante la Cámara Federal de Apelaciones, señala el CELS.
Daniela Calarco Arredondo, referente de un movimiento social, fue trasladada sin notificación a su abogado y presionada para firmar una declaración falsa a cambio de su libertad. Continúa detenida junto a David Sica, Cristian Valiente, Facundo Gómez y Roberto de la Cruz Gómez, cuya liberación inmediata sigue siendo exigida. Bullrich transformó su Ministerio en un centro de persecución política.
Cinco de las treinta y tres personas arrestadas por protestar hace doce días contra la Ley Ómnibus siguen detenidas. Las veintiocho restantes ya han sido liberadas por falta de mérito.
Sostienen que se trató de un vaje privado al que pretendieron asignarle carácter de oficial. Tres diputados nacionales denunciaron penalmente al presidente, Javier Milei, y al secretario de Culto, Francisco Sánchez, por el viaje a España, que consideraron “privado” pero solventado con fondos públicos.
Las y los 134 legisladores que avalaron dicha concesión son responsables de una flagrante “violación de los deberes de funcionarios públicos” y responsables de una clara demostración de “abuso de autoridad”, denunciaron los firmantes.
a vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, se reunieron esta tarde con un grupo de senadores nacionales para realizar un exhaustivo punteo de la ley de Bases y profundizar en las modificaciones que demandan los representantes provinciales, según pudo confirmar Noticias Argentinas.
Representante de la organización Periodistas Argentinas, expuso este jueves en el Salón Azul del Senado y señaló, entre otras cosas: "Estamos en peligro cuando dispensan de producir a más de 700 trabajadoras y trabajadores de la agencia estatal Télam”.
Representantes de sindicatos, sectores sociales, industriales y de derechos humanos expondrán en el plenario de comisiones del Senado, que intenta emitir un dictamen sobre la normativa para su debate en la cámara. Si la ley se aprueba en general pero con cambios específicos, deberá regresar a la Cámara de Diputados para su revisión.
El gobernador de Catamarca expresó que es momento de "ayudar" al Gobierno y de "proporcionar al presidente (Javier Milei) las herramientas necesarias" para la gestión del país.
Los proyectos fueron apoyados por el oficialismo de La Libertad Avanza, el PRO y el radicalismo; y votaron en contra de las iniciativas Unión por la Patria, la izquierda y el socialismo. En las afueras del Congreso concentran distintas agrupaciones en rechazo a la norma.
Será tratado en una sesión especial de la Cámara baja que se celebrará el lunes 29 de abril a las 11. El proyecto cosechó las firmas de 61 legisladores y tiene un listado de empresas a privatizar en línea con el desguace del estado que propone Milei.
Se desarrollarán esta tarde en zona del Patio Olmos en el centro de la ciudad a partir de las 18 y 19 hs, entre las organizaciones convocantes figuran el Foro por la libertad, la democracia y los DDHH de Córdoba, Asamblea Ni Una Menos Córdoba, Argentina Humana, Multisectorial Federal Argentina Córdoba, Más Democracia, Izquierda Socialista, entre otras.
El oficialismo espera conseguir la aprobación en general del dictamen de mayoría, en una jornada en que se tratarán los cambios incorporados en el capítulo de privatizaciones de la iniciativa del gobierno.
Organizaciones de lucha marcharon por las calles de Córdoba ayer miércoles en rechazó a la Ley Ómnibus, el DNU y el ajuste del gobernador Martín Llaryora. De la iniciativa participaron sindicatos combativos como la Uepc Capital, ATE-CTA, Químicos, el Sutna, junto a las organizaciones piqueteras y las asambleas como la del Conicet en Lucha y sectores de la cultura.
Al lugar asistieron movimientos de Derechos Humanos, de la cultura, estudiantes, sindicatos, asambleas barriales y partidos de izquierda. Hubo un avance de gendarmes y policías sobre la multitud y se registraron choques.
Según indicaron fuentes parlamentarias, el oficialismo espera que el dictamen de mayoría aprobado en un plenario de comisiones de la Cámara baja se apruebe este jueves en general y el viernes en particular.
Habrá un nuevo Ruidazo Nacional y Vigilia de Necesidad y Urgencia convocados por la Multisectorial Federal de la República Argentina. Así lo decidió el Plenario Nacional mantenido durante la tarde de ayer en la CTA A y por Zoom con todas las Multisectoriales y espacios del País. Será a partir de las 20:00 hs. frente al Congreso Nacional y en todas las Plazas y Esquinas donde se realizan ya habitualmente en las provincias estos encuentros de protesta ciudadana.
El mileismo acordó con los jefes de bloques que la sesión, que demandará 35 horas, comenzará a las 10 y a lo largo de la jornada se definirá a qué ahora se hará un cuarto intermedio.
La medida de protesta fue anunciada en una conferencia de prensa por Eduardo Belliboni, referente bonaerense del Polo Obrero (PO). Es tanto que en Córdoba Organizaciones sindicales y piqueteras anunciaron movilizarse en rechazo al DNU y a la Ley Ómnibus este miércoles 31 de enero a las 18 hs, Desde Colón y Gral Paz.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tiene como objetivo lograr consenso con los bloques del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal para pulir la iniciativa para tratarlo en el recinto esta semana. Martín Llaryora, llamó a "trabajar en conjunto para sacar una ley buena para Argentina". Hay dudas sobre la realización de la sesión en diputados.
La sesión especial no fue aun solicitada por el oficialismo porque aguarda conversaciones con los bloques que firmaron con disidencia el dictamen de mayoría, pero de todos modos mantiene su decisión de hacer el martes la reunión del plenario del cuerpo.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.
Tras un operativo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató un punto de venta de drogas en el barrio Maldonado, secuestró 272 envoltorios de cocaína y detuvo a tres hombres —entre ellos Pablo Learte, condenado por el homicidio de Facundo “el Rubio del Pasaje” Rivera Alegre—, todos con antecedentes penales