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Mapa del proyecto, a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentaron una acción preventiva de daño ambiental colectivo contra las compañías Rockhopper Exploration, de origen británico, y Navitas Petroleum Development, de capitales israelíes, para frenar el proyecto de explotación de petróleo y gas Sea Lion —León Marino, según la denominación utilizada en la presentación judicial— en la Cuenca Malvinas Norte.
La demanda fue presentada ante el Juzgado Federal de Río Grande, con competencia sobre Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Las organizaciones solicitaron una medida cautelar para suspender de forma inmediata las obras, las perforaciones, los movimientos del lecho marino y las operaciones financieras vinculadas al emprendimiento.
El proyecto se localiza sobre la plataforma continental argentina, a aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en los bloques identificados como PL032 y PL004b. Según el comunicado, su infraestructura combinaría operaciones submarinas en la Cuenca Malvinas Norte con un centro logístico en Puerto Argentino, donde se prevén ampliaciones portuarias, depósitos, viviendas y plantas destinadas al almacenamiento de combustibles, productos químicos y lodos de perforación.
Las primeras dos etapas de Sea Lion incluyen la perforación de 23 pozos submarinos: 16 destinados a la producción, seis a la inyección de agua y uno de gas. El esquema también contempla cañerías, equipos instalados en el lecho marino y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga.
Navitas informó que la primera fase contempla 11 pozos y la segunda otros 12, con una proyección de producción a partir de 2028 y durante más de tres décadas. De acuerdo con AAdeAA y el CECIM, durante 2026 comenzaron trabajos en el muelle y en la base terrestre, además de la fabricación de equipos y la adecuación de la plataforma flotante; la perforación estaría prevista para comienzos de 2027 y la primera extracción para el primer semestre de 2028.
Las entidades cuestionaron que las empresas avancen sin haber realizado, ante autoridades argentinas, las presentaciones obligatorias para explorar o explotar hidrocarburos. También señalaron que no se inició un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante el Estado nacional.
Según informaron, en enero de 2026 AAdeAA presentó pedidos de acceso a la información pública ante la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía. Las respuestas oficiales, sostienen, confirmaron que Rockhopper y Navitas no cumplieron con esos requisitos legales en la Argentina.
El escrito advierte que el área alcanzada por el proyecto comprende las ecorregiones Mar Argentino e Islas del Atlántico Sur, con conexión ecológica hacia la Antártida. En esa zona habitan, se reproducen o se alimentan cientos de especies de peces, además de ballenas francas australes, lobos y elefantes marinos, pingüinos de Magallanes, albatros, petreles, cormoranes, orcas, delfines, tiburones y rayas.
Las organizaciones alertaron que la explotación hidrocarburífera implicaría perforaciones, alteración del lecho marino, tránsito de embarcaciones, ruido submarino, uso de sustancias químicas y la posibilidad de derrames. Plantearon, además, que las corrientes marinas podrían expandir las consecuencias sobre zonas de alimentación, reproducción y migración entre el Mar Argentino, las Islas del Atlántico Sur y el continente antártico.
A los potenciales impactos en el mar se sumarían los efectos en tierra y en la costa a partir de la ampliación portuaria, el almacenamiento de combustibles y químicos, la generación de residuos, el aumento del tránsito y el desarrollo de infraestructura industrial. Para AAdeAA y el CECIM, todas esas intervenciones deben analizarse de manera integral.
La demanda incorpora una dimensión vinculada a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Las organizaciones sostienen que el proyecto supone una modificación unilateral en un territorio cuya disputa continúa vigente, en contradicción con la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La Primera Disposición Transitoria de la Constitución Nacional reafirma la soberanía legítima e imprescriptible de la Argentina sobre esos territorios y establece como objetivo permanente e irrenunciable su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía.
En ese marco, los demandantes remarcaron que la soberanía constituye un bien jurídico colectivo e indivisible, al igual que el ambiente. “Sobre un mismo espacio se superponen dos bienes colectivos: ambiente y soberanía”, expresaron en el comunicado, al plantear que el daño potencial afectaría tanto a los ecosistemas como al derecho de la sociedad argentina a decidir sobre sus recursos naturales.
También señalaron que la Resolución 2065 de Naciones Unidas reconoció la existencia de la disputa de soberanía y promovió el camino de la negociación. La posterior Resolución 31/49 instó a la Argentina y al Reino Unido a abstenerse de tomar decisiones que introduzcan modificaciones unilaterales mientras persista la controversia.
La medida cautelar busca detener las obras, las perforaciones y los movimientos en el lecho marino antes de que el proyecto alcance una etapa irreversible. También solicita impedir nuevos contratos, desembolsos, transferencias y garantías destinadas a financiar Sea Lion.
Además, AAdeAA y el CECIM pidieron que se informe la causa a organismos de control financiero y a los mercados en los que cotizan las empresas involucradas. La presentación reclama que las compañías identifiquen a bancos, fondos de inversión, aseguradoras y demás actores que participan del sostenimiento económico del emprendimiento.
Otro de los planteos es que las licencias emitidas por la administración británica en las islas sean declaradas inoponibles a la República Argentina. Las organizaciones argumentan que esas autorizaciones no sustituyen la legislación ambiental argentina, la evaluación de impacto ambiental, la participación ciudadana ni los permisos exigidos por el orden público nacional.
Rockhopper Exploration es una compañía británica constituida en Inglaterra y Gales, con sede en Salisbury y cotización en el mercado AIM de la Bolsa de Londres. De acuerdo con el comunicado, fue declarada clandestina por la Argentina en 2012 por desarrollar actividades hidrocarburíferas sin autorización nacional y, al año siguiente, fue inhabilitada para operar en el país durante 20 años.
La empresa conserva el 35 por ciento del proyecto León Marino. Navitas Petroleum, de origen israelí y con cotización en la Bolsa de Tel Aviv, controla el 65 por ciento a través de una subsidiaria constituida en el Reino Unido.
Según AAdeAA y el CECIM, Navitas recibió advertencias formales del Estado argentino para que se abstuviera de financiar o participar en actividades petroleras no autorizadas en el área de Malvinas. La firma fue declarada clandestina e inhabilitada por 20 años en 2022, siempre según el texto difundido por las organizaciones.
En diciembre de 2025, la Cancillería argentina rechazó la inversión anunciada por ambas empresas al considerar que no contaba con autorización nacional y que contradecía las resoluciones de las Naciones Unidas sobre la disputa de soberanía.
La presentación judicial se inscribe, según sus impulsores, en una estrategia de prevención frente a la expansión de la frontera petrolera offshore. AAdeAA recordó que en 2022 promovió, junto a otras organizaciones y asambleas, una acción contra la exploración costa afuera frente a Mar del Plata, causa que obtuvo una medida cautelar y abrió un debate sobre los impactos acumulativos de estas actividades.
“El mar es territorio, el ambiente es patrimonio y la soberanía es del pueblo”, concluyeron AAdeAA y el CECIM, al reclamar una intervención judicial urgente para evitar que el avance de la explotación petrolera consolide un daño ambiental y un hecho consumado en un área atravesada por la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Comunicado original [aadeaa]
