Los procesamientos y prisiones preventivas de manifestantes van en línea con la estrategia de criminalización que impulsa el Gobierno para limitar el ejercicio del derecho a la protesta. Nos presentamos como amicus curiae ante la Cámara Federal de Apelaciones, señala el CELS.
Argentina04 de julio de 2024
Sures Noticias
El 12 de junio pasado 33 personas fueron detenidas durante la manifestación contra la Ley Bases en las inmediaciones del Congreso. La jueza federal Servini de Cubría dictó la falta de mérito para 28, que se encuentran en libertad, mientras que otras 5 fueron procesadas, con prisión preventiva y todavía continúan detenidas en cárceles federales. Ante esta situación el CELS se presentó ante la Cámara Federal de Apelaciones, como amicus curiae, para pedir que se les revoque el procesamiento y la prisión preventiva y queden en libertad.
Los procesos penales contra Cristian Valiente, Patricia Calarco Arredondo, Facundo Gómez, David Sica y Roberto María de la Cruz Gómez comenzaron con una serie de acusaciones exageradas por parte del fiscal Carlos Stornelli, con pocas pruebas y sin una descripción detallada y precisa de hechos concretos. Además, sumó agravantes que podrían implicar para las personas detenidas condenas de hasta 30 años de prisión. El intento de avanzar en el proceso penal, acusar a estas personas de delitos gravísimos y privarlos de su libertad constituye un caso testigo de criminalización a los que los organismos del sistema interamericano de derechos humanos refieren en sus más recientes informes y jurisprudencia.
El fiscal había solicitado la prisión preventiva para las 33 personas detenidas, sin presentar pruebas ni fundamentos sólidos que sostuvieran su idea de que estaban en condiciones de fugarse o entorpecer la investigación. Lo único que presentó para sustentar sus pedidos fueron tres links de sitios de internet, uno con declaraciones públicas del Poder Ejecutivo difundidas en redes sociales y los otros dos con notas periodísticas.
La jueza decidió procesar y mantener en prisión preventiva sólo a cinco personas. Sin embargo, su resolución tiene dos problemas centrales: por un lado, está basada principalmente en el testimonio de policías, lo que constituye una prueba discutible; y por otro, ofrece un encuadre jurídico forzado, acusándoles de delitos menores correspondientes al fuero de la Ciudad y, al mismo tiempo, del delito federal de intimidación pública. Esta última figura no es aplicable a ninguno de los casos y deja en evidencia la decisión de construir de manera arbitraria los riesgos procesales para poder sostener la prisión preventiva.
Por todo esto, consideramos imprescindible que la Cámara analice y revise con seriedad los procesamientos. De continuar, convalidarían un proceso de criminalización que afecta a las personas detenidas y ejerce un efecto de intimidación para quienes quieren ejercer su derecho a la protesta.
Liberaron a uno de los arrestados en el Congreso y confirmaron la detención de los otros cuatro.
Este jueves, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó la liberación de Facundo Gómez, uno de los cinco individuos que permanecían en detención debido a la represión ocurrida el 12 de junio por parte de las fuerzas de seguridad, en las inmediaciones del Congreso durante la discusión de la Ley Bases.
Mientras tanto, los jueces confirmaron la prisión preventiva para las otras cuatro personas: Patricia Calarco Arredondo, David Sica, Roberto María de la Cruz y Cristian Fernando Valiente.
Es importante mencionar que las cinco personas arrestadas el 12 de junio cerca del Congreso, junto con otras 28 que ya habían sido liberadas, se produjo en un contexto que algunos describen como una "cacería" por las fuerzas de seguridad. El presunto propósito era "despejar" la Plaza de los Dos Congresos al concluir el debate de la Ley de Bases en el Congreso.
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Una carta firmada por una diversidad de representantes y organizaciones argentinas critica el alineamiento del gobierno de Javier Milei con Estados Unidos e Israel, acusándolo de comprometer la tradición de neutralidad y los principios de derechos humanos del país.
Fue gracias a un acuerdo de conciliación calificado por las partes como una "salida superadora". El caso se inició en noviembre de 2023 con una inspección fiscalizadora en una finca de la localidad de Joaquín V. González, donde una cuadrilla de trabajadores hacía tareas de desmonte. Ninguno tenía ropa ni herramientas adecuadas, dormían hacinados en una casilla y parte del pago, les era descontado en concepto de alimentos.
Un informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA) revela que en el primer año de la administración de Javier Milei, más de 12.000 pequeñas y medianas empresas (PYMEs) cerraron sus puertas. Este cierre masivo ha reducido el total de unidades productivas en el país a menos de 500.000, desde las 511.630 registradas en 2023.
Se llevó a cabo la presentación de la iniciativa local #PardonAssange, con la participación de líderes políticos, sindicales y defensores de derechos humanos, con el objetivo de aliviar las cargas legales que, a pesar de su liberación, aún afectan al fundador de WikiLeaks.
La organización denunció penalmente a las máximas autoridades de la SIDE por abuso de autoridad. El Plan de Inteligencia Nacional y la orden secreta que se conocieron días atrás son contrarios a la ley.
El estudio comparativo explora las creencias sociales de los argentinos en dimensiones clave como la democracia, el orden público, la relación entre el Estado y el mercado, la agenda de derechos y libertades, y la política exterior. El informe revela cambios y continuidades en estas percepciones a lo largo de los dos años, ofreciendo una serie histórica para identificar tendencias en las opiniones de la población argentina sobre temas políticos y sociales. El estudio fue realizado por Pulsar.UBA.
La segunda edición del evento, programada del miércoles 26 al sábado 29 de junio, tiene como objetivo establecer a la provincia como un importante centro regional en Latinoamérica.
La provincia marca un hito al retornar, imitando al gobierno de Milei, a los mercados internacionales tras ocho años, pero especialistas cuestionan el timing y el costo de una estrategia que hipoteca el futuro. El endeudamiento sera para pagar deuda con vencimiento este 2027 y un concepto genérico "fortalecer la sostenibilidad fiscal, promover el desarrollo económico y garantizar el cumplimiento de las obligaciones".
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Trabajadores y trabajadoras de la provincia de Córdoba, junto a organizaciones de economía popular, han convocado a una jornada de protesta para el miércoles 2 de julio. Bajo la consigna "¡Así no se puede vivir!", el evento se llevará a cabo a las 10:30 horas en la Plaza San Martín, frente al Cabildo.
La funcionaria del gobierno de la provincia de Buenos Aires está acusada de vandalizar la casa de José Luis Espert. “Está presa por mujer y peronista”, aseveraron en un comunicado firmado por legisladores de Unión por la Patria.