Los procesamientos y prisiones preventivas de manifestantes van en línea con la estrategia de criminalización que impulsa el Gobierno para limitar el ejercicio del derecho a la protesta. Nos presentamos como amicus curiae ante la Cámara Federal de Apelaciones, señala el CELS.
Argentina 04 de julio de 2024
Sures Noticias
El 12 de junio pasado 33 personas fueron detenidas durante la manifestación contra la Ley Bases en las inmediaciones del Congreso. La jueza federal Servini de Cubría dictó la falta de mérito para 28, que se encuentran en libertad, mientras que otras 5 fueron procesadas, con prisión preventiva y todavía continúan detenidas en cárceles federales. Ante esta situación el CELS se presentó ante la Cámara Federal de Apelaciones, como amicus curiae, para pedir que se les revoque el procesamiento y la prisión preventiva y queden en libertad.
Los procesos penales contra Cristian Valiente, Patricia Calarco Arredondo, Facundo Gómez, David Sica y Roberto María de la Cruz Gómez comenzaron con una serie de acusaciones exageradas por parte del fiscal Carlos Stornelli, con pocas pruebas y sin una descripción detallada y precisa de hechos concretos. Además, sumó agravantes que podrían implicar para las personas detenidas condenas de hasta 30 años de prisión. El intento de avanzar en el proceso penal, acusar a estas personas de delitos gravísimos y privarlos de su libertad constituye un caso testigo de criminalización a los que los organismos del sistema interamericano de derechos humanos refieren en sus más recientes informes y jurisprudencia.
El fiscal había solicitado la prisión preventiva para las 33 personas detenidas, sin presentar pruebas ni fundamentos sólidos que sostuvieran su idea de que estaban en condiciones de fugarse o entorpecer la investigación. Lo único que presentó para sustentar sus pedidos fueron tres links de sitios de internet, uno con declaraciones públicas del Poder Ejecutivo difundidas en redes sociales y los otros dos con notas periodísticas.
La jueza decidió procesar y mantener en prisión preventiva sólo a cinco personas. Sin embargo, su resolución tiene dos problemas centrales: por un lado, está basada principalmente en el testimonio de policías, lo que constituye una prueba discutible; y por otro, ofrece un encuadre jurídico forzado, acusándoles de delitos menores correspondientes al fuero de la Ciudad y, al mismo tiempo, del delito federal de intimidación pública. Esta última figura no es aplicable a ninguno de los casos y deja en evidencia la decisión de construir de manera arbitraria los riesgos procesales para poder sostener la prisión preventiva.
Por todo esto, consideramos imprescindible que la Cámara analice y revise con seriedad los procesamientos. De continuar, convalidarían un proceso de criminalización que afecta a las personas detenidas y ejerce un efecto de intimidación para quienes quieren ejercer su derecho a la protesta.
Liberaron a uno de los arrestados en el Congreso y confirmaron la detención de los otros cuatro.
Este jueves, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó la liberación de Facundo Gómez, uno de los cinco individuos que permanecían en detención debido a la represión ocurrida el 12 de junio por parte de las fuerzas de seguridad, en las inmediaciones del Congreso durante la discusión de la Ley Bases.
Mientras tanto, los jueces confirmaron la prisión preventiva para las otras cuatro personas: Patricia Calarco Arredondo, David Sica, Roberto María de la Cruz y Cristian Fernando Valiente.
Es importante mencionar que las cinco personas arrestadas el 12 de junio cerca del Congreso, junto con otras 28 que ya habían sido liberadas, se produjo en un contexto que algunos describen como una "cacería" por las fuerzas de seguridad. El presunto propósito era "despejar" la Plaza de los Dos Congresos al concluir el debate de la Ley de Bases en el Congreso.
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El informe "Cultura del Acoso: Punto y Aparte" presentado por la asociación reveló 19 incidentes de acoso sexual perpetrados por el periodista especializado en política internacional hacia sus colegas en varios medios de comunicación.
Luego de informar sobre la aprobación de la Ley Bases y la consecuente represión a los manifestantes que se oponían, la empresa de Elon Musk «restringió temporalmente» la cuenta que gestiona esta agencia sin explicar los motivos ni sostener canales de diálogo para solucionar problema. De esta manera, denunciaron desde la agencia, queda restringido el derecho a la libertad de expresión y cercenado el derecho a informarse de sus lectores.¿Qué pasa cuando es el sector privado quien regula la esfera pública por donde circulan las noticias?, se preguntan.
Se realizará en Buenos Aires, los días 5 y 6 de julio de 2024. La primera jornada será el viernes 5 de julio a las 17 hrs en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
El Ministerio Público Fiscal culminó su exposición en el proceso oral y público donde se juzga la intervención de integrantes de las brigadas de la Superintendencia de Seguridad Federal en seis procedimientos ilegales, en los que fueron asesinadas diez personas y otras dos fueron desaparecidas. También reclamó condenas de seis años de prisión para dos expolicías y la imposición de diferentes penas de inhabilitación para los quince acusados.
En un operativo desmedido, violento e ilegal, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a Sergio Melo y Damián Pereyra, trabajadores y militantes de la CTA Autónoma.
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El IPET 265 Escuela de Minería, situado a 53 kilómetros de la capital, conmemorará este jueves 4 de julio su septuagésimo aniversario con una ceremonia oficial durante la cual se le asignará formalmente el nombre de "Luis Carnevale", quien fue secuestrado en 1976.
Familiares de la joven asesinada en Brasil demandan una resolución rápida del caso y la repatriación de su cuerpo. El homicidio, sucedido el 8 de junio en Uruguayana, sigue sin esclarecerse, y los parientes critican la ausencia de apoyo por parte del Estado argentino. El Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba acompaño la concentración.
Los procesamientos y prisiones preventivas de manifestantes van en línea con la estrategia de criminalización que impulsa el Gobierno para limitar el ejercicio del derecho a la protesta. Nos presentamos como amicus curiae ante la Cámara Federal de Apelaciones, señala el CELS.
Fue por decisión de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, quien resaltó el relato aportado por la denunciante. Además, quedó firme el embargo al imputado por un monto de 1.500.000 pesos.
Hasta el 12 de julio en @lumitonusina podes disfrutar de siete películas que formaron parte de la programación de la 7° edición del Festival Internacional de #CineAmbiental.