La provincia de Córdoba se convertirá en el epicentro de un reclamo masivo contra el proyecto de ley denominado "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", actualmente en tratamiento en el Senado de la Nación. Con una convocatoria fijada para el jueves 6 de agosto de 2026 a las 17:00 horas, diversas organizaciones y asambleas ambientales, campesinas, indígenas, políticas, sindicales, de derechos humanos, políticas y estudiantiles se concentrarán en la esquina de las avenidas Colón y General Paz. La marcha atravesará el centro de la capital provincial para culminar frente al Patio Olmos, donde se dará lectura a un documento de consenso colectivo redactado por la totalidad de los espacios participantes.
El esquema de movilización no se limita únicamente al casco urbano de la capital[. Según la información oficial difundida por los convocantes, la jornada estará acompañada por acciones territoriales previas y simultáneas en múltiples puntos del interior provincial, adquiriendo un alcance de protesta plurinacional. Entre las demandas centrales dirigidas a las senadoras y senadores nacionales por Córdoba —haciendo foco en la exigencia de un voto negativo—, las agrupaciones denuncian que la iniciativa impulsada por la administración del presidente Javier Milei, respaldada por sectores económicos concentrados y por el gobernador Martín Llaryora, profundiza un proceso sistemático de pérdida de soberanía y entrega de los bienes comunes a capitales extranjeros.
"La tierra no es un bien que se compra y se vende. Es territorio, memoria, identidad, comunidad, agua, sustento y vida. Nos movilizamos para defender la soberanía, la naturaleza y los derechos de quienes habitan, producen alimentos y cuidan los territorios. No hay licencia social para aprobar esta ley." — Convocatoria Oficial de Organizaciones Socioambientales de Córdoba
La consigna colectiva resuena como un eje transversal: "La tierra no se vende, no se quema y no se desaloja", apelando a la ciudadanía a sumarse activamente con pancartas, cacerolas y banderas para frenar una norma que atenta directamente contra las cuencas e hídricas locales, recordando simbólicamente que "el Suquía nace en los cerros"
Entre las organizaciones convocantes figuran: Foro por la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos de Córdoba, Imputadxs de Punilla (Autovía), Vecinos y vecinas autoconvocadas, UEPC Capital, Unión Obrera Grafíca, Comunidad Quebracho, Asamblea por los Glaciares Córdoba, Ambiente en Lucha / Izquierda Socialista, Red Ecosocialista / MST, Nuevo Más / Ya Basta / Acción Ecológica Anticapitalista, Tribuna Ambiental / PO, Colectivo Más Democracia, Vecinxs Autoconvocadxs, Asamblea Ambiental Cosquín, Comunidad Indígena Comechingona–Sanavirona del Chavascate, Asamblea Autoconvocades por el Sitio Sagrado Kamchira, Asamblea Ni Una Menos Santa María de Punilla, Asamblea No a la Mina de Las Tapias y en Todo Traslasierra, Alerta Roja Cba / PTS, CeProDH / PTS, Federación Rural para la Producción y el Arraigo, Mesa de Derechos Humanos de Cosquín y Santa María, Comunidad Indígena Tulián, Personería Jurídica INAI N.º 064, Pachas, Movimiento Eco-político por el Buen Vivir Córdoba, Asamblea Por El Monte Salsipuedes, Asamblea Salsipuedes No puede Dormir, Programa de Ambiente, Sociedades y Territorios de la FFyH UNC, Brigada Forestal Cabure, APDH Argentina Río Tercero, Cooperativa de Trabajo Sacha Yanasu ltda, Partido de la Liberación PL, Peronismo con Kicillof, FiguraFondo, organización de cultura y ambiente, Partido Obrero en el FIT-U, Frente Vamos, Multisectorial Córdoba, Encuentro por la Patria, Unión de Juventudes por el Socialismo (UJS), CONAP (Corriente Nacional y Popular), Fundación Altea, Lista Multicolor en CTA-A, entre otras.
La marcha concluirá con la lectura de un documento. Se trata de un pronunciamiento transversal y colectivo de alerta y movilización
El documento unitario elaborado por asambleas, partidos y colectivos autoconvocados desglosa la arquitectura política tras la "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada". El análisis califica al título de la norma como una "operación política engañosa" diseñada para persuadir a las familias trabajadoras de que se protegen sus viviendas particulares.. En el fondo, argumentan, la ley dilata y encarece las expropiaciones para fines públicos (hospitales, escuelas, obras de agua), desregula el mercado de tierras rurales y acelera desalojos tanto urbanos como rurales, situando a la propiedad privada corporativa como un valor absoluto por encima de los derechos humanos y colectivos.
El pronunciamiento inscribe esta iniciativa en un programa más amplio de ajuste ultracapitalista y disciplinamiento social. Vincula de manera directa la flexibilización de tierras con el desfinanciamiento sistemático a las universidades nacionales —con mención explícita a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC)—, al CONICET, al INTA, al sistema sanitario, a la cultura y a las políticas de discapacidad y género. Para los colectivos firmantes, desmantelar la ciencia pública equivale a desarmar la soberanía, dejando al país sin capacidad técnica para diagnosticar la contaminación, medir incendios o fiscalizar la extranjerización.
Un punto de inflexión dentro del documento lo constituye la advertencia sobre el proyecto de ley de "Falsas Denuncias". Aunque su debate inmediato fue suspendido en el Senado, las organizaciones alertan que la iniciativa mantiene dictamen favorable y amenaza gravemente a mujeres, disidencias e infancias al penalizar y sembrar sospechas sobre denuncias de violencia de género y abuso sexual que no logran probación inmediata en un sistema judicial con severas falencias estructurales. Asimismo, se denuncia el uso del fuego como "herramienta de despojo" inmobiliario y extractivo en Córdoba, criticando el debilitamiento de la Ley de Manejo del Fuego y exigiendo el cierre de causas penales contra ambientalistas
A nivel geopolítico y económico, el consenso rechaza la tutoría del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la reciente visita de su directora, Kristalina Georgieva, el 27 de julio de 2026, señalando que el organismo condiciona las reformas legislativas para garantizar el cobro de la deuda externa a costa del patrimonio nacional. Adicionalmente, condenan el alineamiento internacional con Estados Unidos e Israel, rechazando la ocupación en Palestina y alertando sobre el avance de capitales concentrados en regiones estratégicas como la Patagonia y la Cordillera. Exigen enfáticamente a los senadores cordobeses Carmen Álvarez Rivero, Luis Juez y Alejandra Vigo votar en rechazo del proyecto.
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Otras voces de rechazo
Pronunciamiento de La Mesa de Organismos de Derechos Humanos e Interpelación a los Senadores
Con la consigna histórica "Cuando la Patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla" —atribuida al General José de San Martín—, la Mesa de Organismos de Derechos Humanos envió una carta formal a los 72 senadores nacionales de la República. El escrito, fechado el 30 de julio de 2026, insta a los legisladores a rebelarse contra las presiones de los poderes económicos concentrados, corporaciones transnacionales y legaciones extranjeras que buscan la aprobación del expediente S-PE-13/26, ingresado al Parlamento a fines de marzo.
Los organismos remarcan con severidad el rol representativo de las bancadas en el Congreso. Advierten que los senadores provienen del voto popular y no deben actuar como "empleados de los gobernadores" ni responder a intereses financieros o diplomáticos, haciendo mención expresa a la injerencia del embajador estadounidense Peter Lamelas y a las exigencias del FMI. En la misiva se cita además el "lamentable caso Kueider" como una llamada de alerta sobre los mecanismos de coacción o negociación política que suelen sobrevolar las votaciones clave de la Cámara Alta.
El comunicado emite una condena tajante sobre el engranaje normativo impulsado por el Poder Ejecutivo, vinculando este proyecto con herramientas precedentes como el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, el régimen RIGI, el Súper RIGI y las reformas a la Ley de Glaciares, caracterizándolos como una farsa orientada al saqueo de los bienes comunes. Respaldados por una trayectoria de más de 50 años de lucha en las calles y invocando la memoria de los 30.000 detenidos desaparecidos y el legado de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, los organismos emitieron una advertencia final hacia quienes acompañen el proyecto:
"Respecto de quienes ya decidieron votar a favor del proyecto, les queremos recordar que la historia estará una vez más de nuestro lado. Que No Olvidaremos, No Perdonaremos ni nos Reconciliaremos jamás con quienes faciliten, del modo que sea, tamaña rapiña." — Mesa de Organismos de Derechos Humanos
El documento cuenta con el aval explícito de entidades históricas como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH Nacional y La Matanza), la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos
Desde el tejido plurinacional y las raíces del territorio, las comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Camiare, Comechingón, Sanavirón y Rankul, entre otros, emitieron una declaración pública de rechazo categórico a la iniciativa de ley. Bajo la proclama fundacional "Somos Tierra", los pueblos preexistentes de las sierras y valles cordobeses denuncian que el proyecto subordina la biodiversidad, el agua y la memoria ancestral a las reglas especulativas del libre mercado[cite: 4]. Señalan que la norma acentúa su situación de vulnerabilidad extrema al retocar el Código Civil sobre desalojos y derogar implícitamente las salvaguardas de la Ley de Tierras Rurales.
Las autoridades comunitarias advierten que la desregulación propuesta autoriza mecanismos que permitirían a capitales o corporaciones extranjeras concentrar porciones indefinidas de territorio, superando holgadamente el límite vigente del 15% a la titularidad extranjera a nivel nacional. A su vez, denuncian que la ley legaliza la desposesión de tierras comunitarias e ignora la posesión ancestral que ha garantizado la conservación del monte y los recursos hídricos. Un aspecto crítico remarcado por los pueblos indígenas es la modificación de la Ley de Manejo del Fuego: la norma en debate elimina las prohibiciones de 30 y 60 años para cambios en el uso del suelo, desarrollos inmobiliarios y expropiaciones agropecuarias en áreas quemadas, abriendo el camino para la especulación en bosques nativos e incendios provocados.
Exigencias prioritarias del Frente Indígena en Córdoba:
Archivo inmediato: Desestimación definitiva del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
Relevamiento territorial: Cumplimiento efectivo de la Ley 26.160 para relevar y titular tierras ancestrales.
Consulta previa e informada: Respeto estricto al Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Derechos Indígenas.
Marco constitucional: Aplicación plena del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional.
El pronunciamiento señala que estas medidas deben analizarse junto a la derogación de emergencias territoriales y los incentivos del RIGI, configurando un "saqueo inconstitucional". Entre las comunidades firmantes se destacan la Comunidad Indígena Hijos del Sol Comechingón, Comunidad Luisa María Campos Maldonado, Comunidad Paravachasca, Comunidad La Toma, Comunidad Henen Timoteo Reyna, Lof Werken Kurruf, Comunidad Pueblo Indígena Tulián, Comunidad Comechingón Sanavirón de Cerro Colorado, Saldán Inchin, Chavascate, la Cooperativa Chañar, Zonko Kuntur, Tunas, Balata, Villa Cerro Azul y la Comunidad Malonera en Córdoba, quienes concluyen reafirmando desde el Meli Wixal Mapu: "La tierra no es funcional al mercado, es nuestra identidadL.
