Lanzan una campaña nacional para condonar y reestructurar deudas de familias vulnerables que se endeudaron para comer y pagar servicios

Plantean condonar el 100% de las deudas a quienes estén por debajo de la línea de pobreza.

Con la consigna “Llegar a fin de mes no puede ser una deuda”, diversas organizaciones sociales, sindicatos y entidades comunitarias a lo largo del país, por iniciativa de la Fundación La Alameda pusieron en marcha en agosto de 2026 una campaña nacional de recolección de firmas para respaldar una iniciativa de Ley por Propuesta Popular. El proyecto busca que el Congreso de la Nación declare la Emergencia Nacional por Deudas Esenciales de Personas y Hogares y establezca un régimen de alivio y protección financiera para las familias económicamente vulnerables. La iniciativa está en sintonía con las jornadas de Cabildo Abierto “De los que no llegan a fin de mes” promovido por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba el año pasado.

El eje central de la propuesta es diferenciar las obligaciones financieras especulativas o de consumo suntuario de lo que define como “deuda esencial”: aquella contraída exclusivamente para satisfacer necesidades básicas de subsistencia. Según el documento de fundamentos del proyecto, la pérdida de empleo, la caída del poder adquisitivo y el incremento sostenido de tarifas y alimentos desde fines de 2023 empujaron a millones de familias a financiar con tarjetas de crédito, préstamos personales y billeteras virtuales consumos indispensables como comida, medicamentos, alquileres y servicios públicos.

Un rescate social con sustento constitucional y precedentes históricos

La iniciativa legislativa propone la creación del Registro Nacional de Personas y Hogares Endeudados por Gastos Esenciales (RENAPHEGE), el cual permitirá identificar a los deudores e implementar medidas de asistencia. Entre las medidas clave contempla:

• Condonación y estatización del 100% de la deuda: Aplicable de forma concreta a aquellas personas y hogares cuyos ingresos totales no alcancen la línea de pobreza determinada por el INDEC.

• Reestructuración y quita de intereses: Esquemas especiales de quita de capital y tasas de interés para quienes superen la línea de pobreza pero demuestran una severa afectación de sus ingresos indispensables de subsistencia.

• Freno a ejecuciones y embargos: Suspensión temporal de cualquier medida judicial o administrativa que agrava la vulnerabilidad del grupo familiar mientras dure la emergencia.

Los impulsores del petitorio remarcan que la medida tiene un sólido encuadre normativo. El proyecto se apoya en el principio de progreso económico con justicia social (art. 75 inc. 19 de la Constitución Nacional), la protección integral de la familia (art. 14 bis), el principio de igualdad real de oportunidades (art. 75 inc. 23) y tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional que garantizan el derecho a la alimentación, la vivienda digna y la salud.

Villafañe, liderando una presentación ante un sector de organizaciones.

Asimismo, el petitorio argumenta que la intervención del Estado en el ámbito financiero privado para salvaguardar el interés general cuenta con numerosos antecedentes en la historia argentina. Entre ellos señalan la estatización de deudas privadas (1981-1983), la pesificación asimétrica tras la crisis de 2001, la absorción de pasivos durante los procesos de privatización en los años 90, los bonos BOPREAL para importadores y los diversos regímenes de blanqueo de capitales.

“Si el Estado intervino en reiteradas ocasiones para rescatar a grandes empresas, bancos o sectores especulativos, con mayor razón debe hacerlo ahora para proteger a las familias que se endeudaron simplemente para sobrevivir y no caer en la muerte civil”, expresan en el petitorio difundido para sumar voluntades en todo el país.