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Con el correr de los días siguen conociéndose pormenores de la ilegalidad del Gobierno de Javier Milei, su ministra de “seguridad” Patricia Bullrich y su colaborador judicial, el fiscal Carlos Stornelli, alrededor de la causa armada contra 33 personas tras el operativo de las fuerzas federales y la Policía porteña del miércoles 12 de junio.
Un operativo que incluyó la infiltración de provocadores policiales, el ataque a la movilización frente al Congreso que tuvo un saldo de cientos de heridos y la cacería de decenas de personas, muchas de ellas a varias cuadras de distancia e incluso que no habían participado de la manifestación contra la Ley Bases.
Las acusaciones son gravísimas y no tienen nada que ver con los hechos ocurridos durante aquella jornada de protesta, represión y resistencia de los manifestantes. Ninugna de las personas ilegalmente procesadas debería seguir en esa situación y la causa armada debería cerrarse sin demoras. Para eso alcanza con ver el fallo de la jueza María Servini que le dictó falta de mérito a 28 imputados y decidió mantener con prisión preventiva a cinco, pero con fundamentos endebles. Si la jueza hiciera lo que debe hacer, Stornelli es quien debería ser imputado y juzgado por usar su cargo para perseguir políticamente a sectores de la población.
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El último miércoles, en el marco de la movilización frente al Puente Pueyrredón por los 22 años de la Masacre de Avellaneda, desde el MTR Votamos Luchar por el Cambio Social dialogaron con La Izquierda Diario sobre la situación de Daniela Calarco Arredondo, militante de esa organización que sigue presa junto a otras cuatro personas del total de 33 detenidas inicialmente.
María Emilia Manazza, compañera de militancia y a su vez concubina de Calarco Arredondo, comentó que, junto a levantar “las banderas de Darío y Maxi, denunciamos que se sigue persiguiendo a los movimientos sociales”. E informó que se espera una resolución favorable de la Cámara de Apelaciones, ya que las defensas de todos los imputados solicitaron que la causa iniciada por Stornelli a pedido de Bullrich se cierre definitivamente.
“Sabemos que tienen hasta un mes para expresarse, pero ésta es una causa política y mediática, por lo que más allá de seguir el trámite legal hay que seguir difundiendo, con los medios alternativos y en la calle, que luchar no es un delito y que, más que nunca, tenemos que estar organizados contra las políticas de ajuste y represión que este gobierno viene imponiendo”, dijo la referente del MTR Votamos Luchar por el Cambio Social.
Sobre las irregularidades e ilegalidades de la detención de Daniela, Manazza agregó que se dieron “desde el minuto cero” y que la defensa viene demostrando las falsedades de aquello de lo que se la acusa. “Dicen ‘resistencia a la autoridad’ pero quien la detuvo fue personal de civil, no identificado, masculino y sin dar la voz de alto”. Y a su vez, pasaron más de 40 minutos en que se hiciera presente personal femenino y durante las primeras horas de detención, al igual que el resto de las personas apresadas, sufrieron diversos apremios por parte de la Policía.
“El miércoles pasado, al día siguiente a la liberación de las otras compañeras, a Daniela la trasladaron a las cinco de la mañana desde Ezeiza a Comodoro Py, con la excusa de que tenía que declarar, pero sin notificar al abogado”, detalló Emilia. Justamente ese día Daniel Vázquez, defensor de Calarco Arredondo, había ido al penal de Ezeiza a verla y, de manera totalmente informal, le dijeron que la habían trasladado a los Tribunales de Retiro.
De todas las ilegalidades, tal vez la más grave es la que se produjo el miércoles 19. El doctor Vázquez le dijo a la periodista Adriana Meyer que ese traslado a Comodoro Py fue totalmente innecesario, ya que la jueza Servini podría haberle notificado por Zoom que, a diferencia de las personas liberadas, a ella le dictó la prisión preventiva.
“La depositaron literalmente en Py, eran tres renglones el auto de procesamiento, pero la tuvieron hasta las 22 de ese día detenida ahí para persuadirla de que abandone el patrocinio de nuestro organismo, sentada y esposada en la celda de la alcaidía”, relata el letrado, a quien a su vez le mintieron desde el despacho de la jueza al decirle que Calarco Arredondo había vuelto a Ezeiza a las 16.
“El objetivo es que la defensoría oficial le ofrezca la probation, bajarle los artículos de la imputación con una caución económica, que era de 500 mil pesos. Le decían, vos firmás esto y salís en libertad”, le detalló Vázquez en una nota publicada por Página|12. El abogado es miembro del Frente de Abogados por los Derechos Humanos y el Socialismo.
El apriete a Daniela para que cambiara de defensa no puede tener otro objetivo que el de intentar quebrar la voluntad y resistencia de la militante injustamente procesada. Pero ella se negó, convencida del carácter netamente político de la causa penal de la que es involuntaria protagonista.
Desde el Puente Pueyrredón también habló con La Izquierda Diario Manuel, compañero de militancia de Daniela. “Ella está hace 14 días privada de su libertad solamente por pensar diferente a este gobierno que quiere imponer sus reglas, por estar peleando contra una ley que va en contra de los derechos del pueblo”, dijo.
Manuel agregó que el Gobierno pensó que persiguiendo a las organizaciones sociales “iba a debilitarnos y tirarnos para atrás, pero al contrario, vemos más unidad y más fuerza, no sólo para pelear por la libertad de los cinco compañeros sino contra todas las persecuciones que estamos sufriendo en estos momentos”.
En la misma línea, Emilia destacó la enorme solidaridad popular recibida en estos días. “Agradecemos a todas las organizaciones, sindicatos, vecinos de las asambleas que participaron esa jornada y que, claramente, entienden que es con la más amplia unidad, organización y estando en la calle que vamos a defender nuestros derechos y sacar a los compañeros que quedan”.
Calarco Arredondo es la única mujer que queda presa tras la brutal represión al servicio de la corrupta Ley Bases. Los cuatro varones que también siguen detenidos en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza son David Sica, Cristian Fernando Valiente, Facundo Ezequiel Gómez y Roberto María de la Cruz Gómez. Al igual que las y los 28 ya liberados, las delirantes acusaciones iniciales de “sedición”, “terrorismo” e “intento de golpe de Estado” con las que el Gobierno y el fiscal Stornelli armaron una causa trucha de principio a fin, terminaron reducidas a delitos mucho menores como “estrago”.
Para el abogado Daniel Vázquez, hoy lo que se intenta es “ocultar la locura del planteo de Stornelli, de una causa armada para proteger el accionar ilegal e inconstitucional de este gobierno”. Para él, la gestión de Milei y Bullrich “tiene que tapar la ilegitimidad de la votación de la Ley Bases con represión ilegal y violaciones a los derechos humanos”. Pero, agrega, “cuando se cae el relato de Stornelli, gran armador de causas, siempre hay un sector en los medios que fogonea que alguien tiene que pagar. Si tuviste 33 detenidos pero van quedando todos libres con falta de mérito eso significa que la causa podría seguir pero con todos en libertad. No es que Daniela o los otros cuatro siguen presos porque son jefes o cuadros, sino porque alguien tenía que pagar para que no quede tan en evidencia el armado”.
Fuente: La Izquierda Diario
