La Justicia declaró la inocencia de los 16 detenidos durante la marcha contra la Ley Bases

En una decisión que puso fin a un proceso judicial que duró más de un año, la jueza federal María Servini dictó el sobreseimiento definitivo de las últimas 16 personas que quedaban imputadas por "intimidación pública" tras la protesta del 12 de junio de 2024 contra la Ley Bases. La resolución confirmó lo que familiares, abogados y organismos de derechos humanos habían denunciado desde el primer día: se trató de detenciones arbitrarias sin sustento probatorio.

La magistrada fue categórica en su fallo al aclarar que el proceso "en nada afectó su buen nombre y honor". En su resolución de 16 páginas, Servini remarcó que no aparecieron testigos directos ni registros audiovisuales que vincularan a estas personas con agresiones, y que el análisis de los teléfonos tampoco reveló ningún intercambio que demostrara una organización común.

Del "terrorismo" ficcional al sobreseimiento: la construcción de una causa política
El 12 de junio de 2024 marcó un punto de inflexión en la escalada represiva del gobierno de Javier Milei. Mientras el Senado debatía la controvertida Ley Bases, miles de personas se congregaron en las inmediaciones del Congreso para manifestar su rechazo a la iniciativa. La respuesta del Poder Ejecutivo fue un despliegue completamente desproporcionado y violento de las fuerzas de seguridad federales que incluyó Policía Federal, Prefectura Naval, Gendarmería Nacional y Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich calificó públicamente a los manifestantes como "terroristas" y el presidente Milei los acusó de intentar "perpetrar un golpe de Estado". El operativo represivo dejó como saldo al menos 33 detenciones, más de 200 heridos y el uso abusivo de armas menos letales como gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes.

En una clara alineación con el discurso oficial, el fiscal federal Carlos Stornelli desplegó una batería de imputaciones sin precedentes. Los detenidos fueron acusados de delitos que incluían "alzamiento contra el orden constitucional", "incitación a la violencia colectiva", "intimidación pública" y "acciones terroristas". La gravedad de estas acusaciones contrastaba dramáticamente con la ausencia de pruebas concretas.

La cacería judicial que se desplomó
El operativo de detenciones fue tan burdo que la propia jueza Servini tuvo que intervenir desde el primer momento. Una semana después de los hechos, dictó la falta de mérito para 28 de los 33 detenidos, por considerar que no había elementos ni para imputarlos ni para sobreseerllos. Como describió la abogada María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), el operativo fue "tan burdo que, por ejemplo, uno de los detenidos relató que cuando lo tenían dentro de un camión celular una de las policías salió a buscar testigos por ahí y volvió diciendo que no había conseguido".

Las detenciones se produjeron principalmente durante la desconcentración, muchas de ellas a más de diez cuadras de la Plaza Congreso. Entre los detenidos había vendedores ambulantes de empanadas y choripanes, docentes, músicos, estudiantes, trabajadores y personas en situación de calle. Varios fueron tratados como detenidos de máxima peligrosidad y trasladados a las cárceles federales de Ezeiza y Marcos Paz, donde sufrieron vejaciones por parte del personal penitenciario.

Según testimonios recogidos por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, los detenidos fueron sometidos a hostigamiento sobre su pertenencia política, requisas corporales con desnudo y humillaciones donde les decían que "agradezcan a Milei". Un detenido relató que "nos dejaron esposados y nos gritaban para todo, todas las indicaciones de dónde pararnos, cómo pararnos, todo era a los gritos".

Las voces que resistieron la criminalización
María del Carmen Verdú, abogada y militante antirrepresiva desde fines de los '80, fue una de las principales voces que denunció el armado de esta causa desde el primer día2021. Como integrante fundadora de CORREPI, organización que desde 1992 se dedica a combatir la violencia de Estado, Verdú calificó las imputaciones de Stornelli como un "delirio".

"Bullrich les dijo terroristas. Trece meses después, la jueza Servini sobreseyó, aclarando que el proceso 'en nada afectó su buen nombre y honor'. Son las últimas 16 personas que quedaban con falta de mérito después de ser detenidas el día de la sanción de la Ley Bases", escribió Verdú en sus redes sociales tras conocerse la resolución.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también jugó un rol fundamental denunciando las violaciones a los derechos humanos. La organización presentó denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU, advirtiendo que el protocolo antipiquetes de Bullrich buscaba "criminalizar la protesta social y violentar derechos constitucionales".

Un patrón de represión sistemática
El caso de la Ley Bases no fue un episodio aislado sino parte de un patrón sistemático de represión implementado por el gobierno nacional. Según un informe de Amnistía Internacional, durante 2024 la organización relevó al menos 15 manifestaciones donde la respuesta estatal fue el uso desproporcionado de la fuerza, con más de 1.155 personas heridas como consecuencia.

La Comisión Provincial por la Memoria monitoreó 60 marchas durante el año y encontró que una de cada tres manifestaciones fue reprimida, siendo la violencia selectiva y dirigida principalmente contra organizaciones sociales y partidos de izquierda.

El protocolo antipiquetes de Bullrich, que considera delito flagrante cualquier manifestación con corte de calles, fue duramente criticado por organismos internacionales. La ONU advirtió que las medidas no son compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos y aconsejó al gobierno argentino que "no imponga restricciones indebidas al derecho a la libertad de reunión pacífica".

El costo humano y político de la represión
Los 16 sobreseídos este lunes son: Sasha Lyardet, Camila Júarez Oliva, Sofía Ottogali, Gonzalo Duro, Fernando Claus Leone, Ricardo Shariff Sleme, Diego Iturburu, Román Méndez, Luis Alberto de la Vega, Juan Ignacio Espinetto, Nicolás Moyorga, Cristian Ferreira, Juan Pablo Colombo, Ramona Tolaba, Lucía Belén Puglia y Facundo Gómez2. Todos debieron vivir 13 meses "teniendo que avisar si viajaban, sabiendo que tenían una causa abierta", como describió la abogada Verdú.

En noviembre pasado, la jueza Servini ya había sobreseído definitivamente a otros 11 manifestantes: Santiago Adano, Gabriel Famulari, Nora Longo, Mía Ocampo, Belén Ocampo, Remigio Ocamó, Matías Ramírez, María de la Paz Cerruti, Rubén Dirroco, Mateo D'ettore y Germán Moyano28. Con estas nuevas resoluciones, de los 33 detenidos originalmente, solo 9 personas fueron enviadas a juicio por delitos menores como "intimidación pública" y "atentado a la autoridad".

Juan Spinetto, delegado de Ademys y uno de los sobreseídos, señaló que "después de una larga espera, hoy finalmente la jueza Servini nos dictó el sobreseimiento quedando demostrado que no había pruebas concretas para acusarnos de delitos tan graves y que se trataron de detenciones arbitrarias que buscaban disciplinar y asustar a la gente para que no salga a protestar".

Una democracia bajo riesgo
El caso de los manifestantes contra la Ley Bases expuso las consecuencias de un discurso político que criminaliza la protesta social y utiliza el aparato judicial para perseguir opositores. Como denunció la Universidad Nacional de Córdoba, "la criminalización del derecho a la protesta, la represión a manifestaciones, las detenciones ilegales, el abuso de autoridad y las falsas acusaciones de terrorismo por parte del gobierno nacional, lo único que buscan es atacar las libertades individuales, colectivas y democráticas".

El sobreseimiento de estos 16 manifestantes representa una victoria del Estado de Derecho frente a los intentos de amedrentamiento, pero también una advertencia sobre los riesgos que enfrenta la democracia argentina. Como advirtió el CELS, "sin derecho a la protesta social no hay democracia ni libertad".

La historia de los "terroristas" del choripán que resultaron ser ciudadanos ejerciendo sus derechos constitucionales quedará como uno de los tanto hechos peligrosos de la criminalización de la protesta y la importancia de defender las libertades democráticas en tiempos de autoritarismo.