Sures Noticias
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“la razón académica no es la
única forma de construir conocimiento. Además, no todo
conocimiento es asequible por medio de la razón.”
Lourdes Albornoz
La apertura estuvo a cargo de Guillermo Folguera, investigador del CONICET, quien brindó
la conferencia “Luces y sombras en el camino de las ciencias para el cuidado de lo común”.
A partir de interrogantes que llamaron a reflexionar sobre el trabajo interdisciplinario y en
equipo en las ciencias, interpeló principalmente a los estudiantes.
Bajo la coordinación de la directora del Programa de Ambiente, Sociedades y Territorios
(PAST) Juliana Enrico, la jornada se completó con un círculo donde académicos, asambleas
y organizaciones ambientales e identidades indígenas pudieron compartir sus experiencias
en lo que consideran territorio o ambiente.
En este punto, desde mi punto de vista la utilización del término tierras en los artículos 15 y
16 del Convenio de la OIT 169, P. II art. 13. inc. 2. debería incluir el concepto de territorios,
“lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o
utilizan de alguna otra manera”.
Aplicando este término el especialista, planteó la necesidad acuciante de incluir en la
interdisciplinariedad científica la palabra de las comunidades locales como evidencia. “Ellos
son quienes habitan y producen en los territorios desde hace generaciones”. Además,
desarrolló el impacto del modelo del agronegocio, el extractivismo en Córdoba, basándose
en su intervención en Porta y Atanor.
A su vez, reveló las contradicciones, incoherencias y desafíos que atravesó con su equipo y
de forma individual en el campo disciplinar: ¿Qué lugar tienen los discursos y construcciones
en ciencias de ambiente y el territorio?” preguntó a las personas reunidas en el auditorio del
Pabellón Venezuela de la Ciudad Universitaria.
Folguera cuestionó: “Al momento de tomar decisiones, ¿ese trabajo multi o interdisciplinario
se expresa en el ámbito público, judicial, o de divulgación? ¿Quiénes hablan y deciden
frente a un problema? ¿Cómo se moldean las políticas públicas luego de los estudios de
impacto?” y agregó: “No hay políticas de prevención ambiental sino estudios de detección
temprana. Comunidad académica y Estado se han corrido de su responsabilidad en salud y
ambiente. Las corporaciones y multinacionales quieren más evidencias. Se requieren más
estudios para tomar decisiones porque no resultan concluyentes”.
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Otros temas que expuso el investigador fueron la censura a científicos, el silencio o auto
silenciamiento de las ciencias frente a decisiones imperativas y la financiación para las
investigaciones y estudios desarrolladas por los expertos frente a la precariedad laboral.
Hechos que desde el 2012 enfrentan la mayoría de trabajadores del CONICET. ¿Será ese
el condicionante por el cual profesionales de prestigio, benefician a las corporaciones, por
ejemplo, con los resultados de informes de impacto ambiental?
En el cierre Guillermo Folguera expresó un posicionamiento que propició la reflexión: “la
economía política que precariza y endeuda es la forma que tiene de digitar a una
comunidad para que abrace lo inaceptable”. Quizá los estudiantes, también, puedan
repensar la economía política que quieren, o cómo llevar un abordaje interdisciplinario o
ejercicio profesional que priorice el bien común.
Luego de la conferencia cada asamblea y organización ambiental compartió su experiencia
en el territorio y su forma de construcción colectiva.
Un momento especial fue cuando tomaron la palabra las Madres de Ituzaingó Anexo
(Córdoba)” quienes desde 2002 se convirtieron en referentes indiscutidas de la lucha contra
los agrotóxicos. Estas mujeres fueron quienes abrieron el camino para lo que serían las
demás luchas ambientales que persisten y persistirán por largo tiempo en la provincia,
según coincidieron los diferentes colectivos al tomar la palabra.
En cuanto a este panorama, las brigadistas forestales presentes advirtieron sobre riesgos y
necesidad de prevención urgente para los próximos meses y con proyecto a largo plazo.
Reivindicaron la participación de las comunidades locales en ese trabajo, ante la
profundización de la crisis climática.
Por su parte, los científicos (ecólogos, ingenieros, biólogos) manifestaron los obstáculos y
logros obtenidos durante sus trayectorias y resaltaron la importancia de que “la universidad
se ponga a disposición del pueblo”.
Hacia el final del encuentro, el Equipo de Asesoría Técnica y Ordenamiento Territorial de la
Comuna Villa Cerro Azul presentó un registro sobre el proceso de ordenamiento territorial
realizado en articulación con la Secretaría de Ambiente de la Provincia. Una de sus
integrantes destacó que “pasar de ser Asamblea a Estado, se tradujo en políticas públicas a
partir de cuestiones que traía la asamblea” ambiental compuesta por vecinos
autoconvocados y algunas comunidades indígenas preexistentes en esa Comuna.
Sin embargo, Marina Molina, navira de la comunidad Comechingón Sanavirón, aclaró que
no su comunidad no es parte de la gestión actual ya que la expectativa que tenían no se
cumplió. Además, hizo referencia a la modificación de la zonificación sobre el Sitio Sagrado
Camchira y a desprotección del territorio ancestral, temas denunciados en este medio.
Por último, identidades indígenas del pueblo Camiare visibilizaron la persistencia de la
lógica colonial, occidental y racista en el ámbito universitario. Instaron a la capacitación de
funcionarios y académicos sobre la legislación que los ampara y su cosmovisión indígena
para comprender sus testimonios de resistencia y prácticas de re existencia.
En diálogo con este medio aclararon que el objetivo es ser considerados como sujetos de
derechos y no como objetos de estudio. Es decir, contrario al principio de igualdad y
simetría que debería existir. De esta forma se devela la injusticia epistémica y patrimonial.
La primera desoculta el daño invisible producido por prácticas profesionales a identidades
indígenas -en este caso- como portadores de credibilidad, veracidad y conocimiento.
Incidiendo de este modo en su poder de saber y de decir. En cuanto a la segunda “El
paradigma de lo patrimonial encierra una dinámica de protección/destrucción, sino también
–y fundamentalmente– la manera en que pone a trabajar dispositivos científicos al servicio
de la continuidad de la lógica colonial, al igual que ocurrió cuando se expropiaron las tierras
de las comunidades indígenas de Córdoba a fines de siglo XIX” (Reyna, 2020: 211).
En este sentido, la Navira de la comunidad Comechingón Sanavirón de Chavascate situada
también en Villa Cerro Azul, expuso la situación que atraviesa su comunidad respecto a la
defensa del territorio ancestral y las dificultades para el efectivo cumplimiento de los
derechos indígenas, en particular sobre los Sitios sagrados los hechos de violencia sufridos
por integrantes de la comunidad como consecuencia de la defensa de estos espacios de
profundo valor espiritual, histórico y cultural para el pueblo camiare comechingón. Durante
su participación, presentó la documentación que avala su reclamo público y señaló la
ausencia de procedimientos legítimos que deben aplicarse según el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), instrumento que garantiza el derecho a la
consulta previa, libre e informada de los Pueblos Indígenas.
Su intervención puso de relieve las tensiones que persisten entre el reconocimiento formal
de los derechos indígenas y las dificultades que enfrentan las comunidades que no
pertenecen al Consejo Provincial Indígena en Córdoba para poder gozar de esas garantías
constitucionales vigentes desde 1994 en el Estado Argentino.
Finalmente, representantes de las organizaciones indígenas de Zonko Kuntur y de la
Cooperativa Indígena Chañar, brindaron un marco jurídico sobre los derechos de los
Pueblos Indígenas. Asimismo, compartieron una mirada crítica sobre los distintos abordajes
de las luchas ambientales y territoriales; mencionaron las contradicciones que aún persisten
en el reconocimiento de la preexistencia de estos Pueblos: "Somos indígenas cuando
acompañamos, pero perdemos preexistencia cuando defendemos el territorio”.
En ese sentido, coincidieron en que la identidad indígena continúa siendo incómoda al
momento de reconocer la ancestralidad y garantizar plenamente los derechos territoriales,
reafirmando la necesidad de avanzar hacia políticas públicas de prevención que respeten la
autodeterminación y los derechos colectivos que poseen.
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