Análisis de los despidos y suspensiones en el primer semestre del 2024: relevamiento de casos paradigmáticos en industria y servicios elaborado por CEPA (Centro de Economía Política Argentina).
En un operativo desmedido, violento e ilegal, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a Sergio Melo y Damián Pereyra, trabajadores y militantes de la CTA Autónoma.
La CGT Córdoba expreso su repudio a los despidos de trabajadores producidos en distintos ámbitos y organismos del estado nacional y el apoyo incondicional y solidaridad con la lucha que llevan adelante para revertir la nefasta política de desocupación, hambre y miseria que implementa el gobierno de Milei y sus secuaces, junto a la entrega de la soberanía de nuestro país.
Legisladores y entidades de derechos humanos denuncian el desmantelamiento y despidos en entidades esenciales para la investigación de crímenes de la dictadura. "Rechazamos los despidos que se añaden a los miles ya efectuados en el Estado, en un contexto donde el oficialismo busca la reconciliación con las Fuerzas Armadas", declaró la legisladora Victoria Montenegro durante una conferencia de prensa en la legislatura porteña.
A primeras horas de la mañana, el secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, acompañado por los abogados Eugenio Biafore y Claudio Orosz, presentó un habeas corpus preventivo en los tribunales federales de la ciudad donde solicitó que la Justicia garantice el ingreso de las y los trabajadores que no fueron despedidos -en tanto no haya notificaciones fehacientes y conformes a la legalidad vigente-, las y los salve de cualquier tipo de violencia que pudieran ejercer las fuerzas de seguridad y, al mismo tiempo, se haga efectivo el derecho a realizar asambleas en los lugares de trabajo, tal como lo establece la Constitución.
Desde las primeras horas del día, el gobierno desplegó fuerzas de seguridad en los accesos al Conicet, al Servicio Meteorológico Nacional, al Ministerio de Educación, la Cancillería, la Secretaría de Trabajo y el ex Ministerio de Ciencia y Tecnología, entre otros organismos. "El gobierno nacional es quien actúa fuera de la ley con estos excesivos dispositivos de seguridad instalados en cada organismo público", afirmó el líder de ATE, Rodolfo Aguiar.
María Spaventa, secretaria de Genero y Diversidad del CDP y trabajadora social con 16 años de trabajo en el Centro de Referencia Córdoba en dialogo con Sures Noticias explica la situación en que se encuentra las y los trabajadores ante el anuncio de despidos y cierre de los CDR. Sentenció: “la pobreza no se atiende a través de un call Center ni tampoco a través de un WhatsApp". Anuncian una medida nacional de lucha para el jueves 7 de marzo.
El secretario general nacional de la Asociación Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, decidió convocar al inicio de huelgas sectoriales, que comenzarán en el Senasa y afectarán a todas las exportaciones.
El proyecto oficial, que se prevé discutir en el Concejo Deliberante la semana próxima, consiste en el cerramiento de calles secundarias entre las 22 y las seis, mediante portones metálicos de dos metros. Además, habrá control de la circulación con el objetivo de reorientar el tráfico hacia las principales avenidas de la ciudad. Para ello se cerrarán las calles secundarias entre las 22 y las 6 mediante portones metálicos de dos metros de altura que restringirán el paso de vehículos y motocicletas.
El juez Alonso Regueira aceptó la solicitud de diversas organizaciones de la sociedad civil y ordenó al Ministerio de Justicia detener el desfinanciamiento de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género.
El productor representó el 21% del precio final de venta. Según el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) elaborado por el área de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), los precios de los agroalimentos se incrementaron 3,9 veces desde el campo hasta la góndola durante diciembre.
Buscan a Carla Lourdes Vallejos Moyano, de 16 años desparecida en barrio Los Pinos y a Maria Teresa Vergara, de barrio Alta Córdoba.
La norma prohíbe ser candidatos y ocupar cargos a personas con condenas en segunda instancia. El proyecto, sancionado en la legislatura en diciembre pasado, obtuvo amplio respaldo del oficialismo y la oposición. La ley está en sintonía con la ficha proscriptica que impulsa el mileismo y el macrismo que intentan con un proyecto de ley, que se tratara en sesiones extraordinaria, vetar la candidatura de Cristina Fernandez de Kirchner