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Un grupo de diputados nacionales presentó una acción de amparo ante la Justicia Federal para impugnar el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, con el que el gobierno de Javier Milei modificó la estructura y las funciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado. La demanda quedó radicada en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 4, que deberá resolver si suspende o no los efectos del decreto mientras analiza su validez constitucional.
La presentación lleva las firmas de Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, referentes de la Coalición Cívica, y de Esteban Paulón, del Partido Socialista. Los legisladores pidieron la declaración de inconstitucionalidad y la nulidad “absoluta e insanable” del DNU, al considerar que el Poder Ejecutivo se arrogó facultades propias del Congreso sin que existieran circunstancias excepcionales que lo justificaran.
En su escrito, los diputados subrayan que el decreto fue dictado cuando el Parlamento se encontraba en condiciones de sesionar, lo que a su juicio desbarata el requisito de necesidad y urgencia previsto por la Constitución. Señalan además que el Ejecutivo intervino por decreto en una materia —la Ley Nacional de Inteligencia 25.520— que requiere debate legislativo, más aún cuando se introducen potestades directamente vinculadas al campo penal.
Uno de los puntos más controvertidos del DNU es la habilitación para que los agentes de inteligencia puedan aprehender personas, una atribución históricamente reservada a las fuerzas de seguridad y, en principio, sujeta a control judicial. Para los amparistas, esa modificación desdibuja los límites entre tareas de inteligencia y funciones policiales, y multiplica los riesgos de detenciones arbitrarias en contextos de protesta social o conflicto político.
El decreto, publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero, consolida a la Secretaría de Inteligencia del Estado —conducida políticamente por el asesor Santiago Caputo a través de Cristian Auguadra— como órgano principal del Sistema de Inteligencia Nacional. A la vez, crea un Centro Nacional de Ciberseguridad bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Manuel Adorni, con competencia sobre la protección del ciberespacio de interés nacional, infraestructuras críticas, activos estatales digitales y sistemas tecnológicos asociados a servicios públicos esenciales.
La reforma también establece la Comunidad de Inteligencia Nacional y la Comunidad Informativa Nacional, mecanismos para el intercambio sistémico de información entre la SIDE y distintas áreas del Estado. En paralelo, dispone la resolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (Diniem), que dependía del Ministerio de Defensa, reconfigurando el reparto de atribuciones entre el aparato civil y el militar.
Los diputados alertan sobre el impacto de esta concentración de funciones estratégicas y operativas en un único núcleo de poder, al tiempo que el DNU califica como “encubiertas” todas las actividades de inteligencia. Según sostienen, esa combinación debilita los mecanismos de control democrático y la transparencia, y torna más difícil detectar y sancionar eventuales abusos.
El cuestionamiento judicial se inscribe en un clima de fuerte rechazo opositor al decreto 941/2025, tanto desde el peronismo como desde otras bancadas críticas del oficialismo. Diversas voces coinciden en que la reforma de la inteligencia representa un salto cualitativo hacia un esquema de Estado policial, con servicios de inteligencia dotados de facultades parapoliciales y escaso control parlamentario.
Fuente Canal Abierto
