
La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.
La CGT Córdoba expreso su repudio a los despidos de trabajadores producidos en distintos ámbitos y organismos del estado nacional y el apoyo incondicional y solidaridad con la lucha que llevan adelante para revertir la nefasta política de desocupación, hambre y miseria que implementa el gobierno de Milei y sus secuaces, junto a la entrega de la soberanía de nuestro país.
Córdoba08 de abril de 2024
Sures Noticias
En un comunicado espresó "Estos miles de despidos representan una parte fundamental del plan de destrucción del Estado, exigido por los dueños del poder económico concentrado, que hoy acumulan sin límites y a su antojo, despojando de la comida y derechos esenciales a la mayoría de las y los argentinos".
En procedimientos oscuros, con amenazas de represión y todo tipo de iniquidades, ya no disimulan por qué reivindican al terrorismo de estado.
Exigen la inmediata reincorporación de todas y todos los trabajadores despedidos y el respeto a sus derechos.
En todos los ámbitos laborales hoy se viven las consecuencias del plan siniestro y entregador. Los despidos, las suspensiones, retiros involuntarios, etc. son cotidianos. La organización y unidad en la lucha son fundamentales para garantizar el futuro, concluyeron.
El comunicado lleva las firmas de Ilda Bustos, Andrés Colazo, Federico Cortelletti, secretaria y secretarios generales respectivamente de la CGT Córdoba

La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.

La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.

La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.

La identificación fue efectuada por el Equipo Argentino de Antropología Forense utilizando restos óseos hallados en una fosa de inhumación clandestina situada en las instalaciones del Arsenal Miguel de Azcuénaga. Argañaraz fue secuestrado en 1977 en la localidad de Monteros, en la provincia de Tucumán, junto a su hermano.

La Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, que encabeza el ministro Walter Correa, expresó su “más enérgico repudio” al gesto del presidente Javier Milei de regalar el libro “Defendiendo lo indefendible”, cuyo capítulo sobre “el que contrata niños” legitima la explotación laboral de niñas y niños y choca frontalmente con la normativa nacional e internacional vigente.

La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.

Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.

La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.

Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.

La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.