
La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.
La CGT Córdoba expreso su repudio a los despidos de trabajadores producidos en distintos ámbitos y organismos del estado nacional y el apoyo incondicional y solidaridad con la lucha que llevan adelante para revertir la nefasta política de desocupación, hambre y miseria que implementa el gobierno de Milei y sus secuaces, junto a la entrega de la soberanía de nuestro país.
Córdoba08 de abril de 2024
Sures Noticias
En un comunicado espresó "Estos miles de despidos representan una parte fundamental del plan de destrucción del Estado, exigido por los dueños del poder económico concentrado, que hoy acumulan sin límites y a su antojo, despojando de la comida y derechos esenciales a la mayoría de las y los argentinos".
En procedimientos oscuros, con amenazas de represión y todo tipo de iniquidades, ya no disimulan por qué reivindican al terrorismo de estado.
Exigen la inmediata reincorporación de todas y todos los trabajadores despedidos y el respeto a sus derechos.
En todos los ámbitos laborales hoy se viven las consecuencias del plan siniestro y entregador. Los despidos, las suspensiones, retiros involuntarios, etc. son cotidianos. La organización y unidad en la lucha son fundamentales para garantizar el futuro, concluyeron.
El comunicado lleva las firmas de Ilda Bustos, Andrés Colazo, Federico Cortelletti, secretaria y secretarios generales respectivamente de la CGT Córdoba

La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.

La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.

La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.

La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.

Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de Martín Cormick, anuló la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación al considerar que criminaliza la protesta social, avanza sobre facultades del Congreso y vulnera estándares internacionales de derechos humanos, en una causa impulsada por el CELS y decenas de organizaciones.

En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.

El Gobierno modificó por decreto la Ley de Inteligencia, rediseñó el organigrama del Sistema de Inteligencia Nacional y otorgó nuevas facultades a sus agentes, incluyendo la posibilidad de aprehender personas y la persecución política a través de un esquema parapolicial encubierta.

La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.

El 23 de abril de 2026 comenzará en La Plata el juicio oral por crímenes de lesa humanidad contra Emilio Parodi, exgerente de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda, en una causa que busca fijar responsabilidades empresariales en el terrorismo de Estado a 50 años del golpe.