Según el relevamiento anual de la Defensoría del Pueblo, en diciembre de 2025 una familia tipo necesitó casi $580 mil para no ser indigente y más de $1,28 millones para no caer bajo la línea de pobreza, en un año marcado por fuertes aumentos en carnes y alimentos industrializados, y una desaceleración general respecto de los años previos.
Un informe de la "Fundación Mediterránea" reveló que el 21,6% de las personas con trabajo en el país son pobres. La informalidad, los bajos salarios y la desigualdad regional explican un fenómeno que refleja las tensiones del mercado laboral argentino.
Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina, la fuerte disminución de la pobreza durante 2025 refleja una mejora concreta, pero está inflada por instrumentos de medición desactualizados y una menor inflación que distorsiona los indicadores oficiales.
Un estudio del IETSE revela que la pérdida de poder adquisitivo fuerza a las familias a sustituir proteínas, vitaminas y lácteos por alimentos de bajo costo, alta densidad calórica y escaso valor nutricional, configurando un patrón de subalimentación cualitativa que compromete la salud pública.
De acuerdo con un informe del Observatorio de la Deuda Social, la pobreza infantil llegó a un máximo histórico del 67,3% en la primera mitad de 2024, aunque finalizó el año en un 52,8% debido a cierta estabilidad en la macroeconomía y la reducción de la inflación. A pesar de esto, las desigualdades territoriales siguen siendo muy marcadas.
Un estudio exhaustivo revela el quiebre de la histórica creencia argentina en la movilidad social ascendente a través del esfuerzo y la educación. En los barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires, la mayoría de los jóvenes ya no confía en que el estudio y el trabajo sean caminos efectivos para “ser alguien”. La falta de oportunidades y recursos, la crisis de las instituciones tradicionales y la desconexión social alimentan una crisis de expectativas con profundas consecuencias sociales.
De acuerdo con un análisis de Fundar basado en información oficial, los salarios reales han disminuido aproximadamente un 30% desde su máxima en 2017 y ya no aseguran la posibilidad de escapar de la pobreza. Este problema impacta de manera particular a sectores como la industria, la agricultura, la construcción y el servicio doméstico.
El Índice de Pobreza alcanzó al término del primer semestre del año al 52,9%, por encima del 41,7 % de finales del año pasado, y del 40,1% de enero-junio del 2023, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
El aumento de los alimentos y los servicios se hizo sentir en julio, duplicando los porcentajes de los dos meses anteriores, segun el 7° Índice Barrial de Precios del año 2024.
Aproximadamente 8.6 millones de niños menores de 18 años viven en hogares con ingresos bajos o en entornos donde se ven privados de sus derechos.
La exvicepresidenta se refirió al informe de la UCA sobre la pobreza y afirmó que "aún persiste" en el país el efecto del "condicionamiento estructural que significaron" las decisiones en materia de endeudamiento" tomadas por Macri, al tiempo que reconoció que el gobierno de Fernández "no pudo o no supo cortar este verdadero nudo gordiano de la economía argentina".
Las cifras de la nueva medición reflejan un crecimiento de los índices respecto al mismo período de 2022, cuando el número de carenciados llegó al 43,1% y la indigencia al 8,1%.
Un relevamiento realizado por el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba afirma que nueve de cada diez hogares se endeudaron en el último año, para "acceder a bienes y consumos cotidianos esenciales".
El Gobierno nacional desarticuló el equipo que coordinaba el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, una política clave de salud pública que garantizaba cirugías y derivaciones a millas de bebés con malformaciones cardíacas en todo el país, y generó alertas por el posible aumento de la mortalidad infantil por causas evitable
Daniel Vera, docente jubilado de 64 años de Resistencia, Chaco, cumple seis meses bajo arresto domiciliario por publicaciones en Facebook que denunciaban el conflicto en Gaza y criticaban a figuras públicas como el presidente Javier Milei. La Justicia Federal, a cargo del juez Ariel Lijo, lo acusa de amenazas y apología al antisemitismo, pese a que la pena máxima es excarcelable y sus defensores denuncian persecución política.
La Municipalidad pasiva, lamenta la decisión de los dueños privados de cobrar por acceder al cerro, un espacio histórico de uso recreativo gratuito, y respalda el reclamo de vecinos y deportistas, aunque carece de competencia directa por tratarse de un predio fuera del ejido urbano.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desalojó un predio utilizado por la cooperativa "El Amanecer de los Cartoneros", vinculada al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) cuyo referente es Juan Grabois, dejando en la calle a unos 200 trabajadores dedicados al reciclado textil. Jorge Macri celebró la "recuperación" de la propiedad, mientras el MTE denuncia legalidad del uso y Grabois acusa de "perversidad cobarde". El conflicto revive debates sobre el origen del predio, otorgado en tiempos de Mauricio Macri.
El ajuste de Milei dejo al Servicio Nacional de Manejo del Fuego con 70-81% menos de recursos, mientras focos en Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén consumen miles de hectáreas y amenazan comunidades. Diputados opositores piden emergencia ígnea y fondos urgentes; brigadistas precarizados luchan sin apoyo nacional.
Familiares, amigos y organizaciones sociales reclaman la inmediata liberación de Gonzalo Emmanuel Videla Castro, imputado por supuesto incendio doloso del pino navideño en el centro mendocino tras participar en manifestaciones contra la minería. Hoy, a las 10 horas, se realiza la audiencia de control jurisdiccional en el Polo Judicial para definir su situación procesal, en medio de denuncias por criminalización de la protesta ambiental.
La Provincia modificará la forma de calcular el Índice de Precios al Consumidor para preservar la comparabilidad con las estadísticas nacionales y porteñas, en un contexto de críticas a la metodología del INDEC por el uso de una canasta desactualizada y ponderaciones que habrían subestimado la inflación y sus efectos sociales.