Según el relevamiento anual de la Defensoría del Pueblo, en diciembre de 2025 una familia tipo necesitó casi $580 mil para no ser indigente y más de $1,28 millones para no caer bajo la línea de pobreza, en un año marcado por fuertes aumentos en carnes y alimentos industrializados, y una desaceleración general respecto de los años previos.
Un informe de la "Fundación Mediterránea" reveló que el 21,6% de las personas con trabajo en el país son pobres. La informalidad, los bajos salarios y la desigualdad regional explican un fenómeno que refleja las tensiones del mercado laboral argentino.
Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina, la fuerte disminución de la pobreza durante 2025 refleja una mejora concreta, pero está inflada por instrumentos de medición desactualizados y una menor inflación que distorsiona los indicadores oficiales.
Un estudio del IETSE revela que la pérdida de poder adquisitivo fuerza a las familias a sustituir proteínas, vitaminas y lácteos por alimentos de bajo costo, alta densidad calórica y escaso valor nutricional, configurando un patrón de subalimentación cualitativa que compromete la salud pública.
De acuerdo con un informe del Observatorio de la Deuda Social, la pobreza infantil llegó a un máximo histórico del 67,3% en la primera mitad de 2024, aunque finalizó el año en un 52,8% debido a cierta estabilidad en la macroeconomía y la reducción de la inflación. A pesar de esto, las desigualdades territoriales siguen siendo muy marcadas.
Un estudio exhaustivo revela el quiebre de la histórica creencia argentina en la movilidad social ascendente a través del esfuerzo y la educación. En los barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires, la mayoría de los jóvenes ya no confía en que el estudio y el trabajo sean caminos efectivos para “ser alguien”. La falta de oportunidades y recursos, la crisis de las instituciones tradicionales y la desconexión social alimentan una crisis de expectativas con profundas consecuencias sociales.
De acuerdo con un análisis de Fundar basado en información oficial, los salarios reales han disminuido aproximadamente un 30% desde su máxima en 2017 y ya no aseguran la posibilidad de escapar de la pobreza. Este problema impacta de manera particular a sectores como la industria, la agricultura, la construcción y el servicio doméstico.
El Índice de Pobreza alcanzó al término del primer semestre del año al 52,9%, por encima del 41,7 % de finales del año pasado, y del 40,1% de enero-junio del 2023, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
El aumento de los alimentos y los servicios se hizo sentir en julio, duplicando los porcentajes de los dos meses anteriores, segun el 7° Índice Barrial de Precios del año 2024.
Aproximadamente 8.6 millones de niños menores de 18 años viven en hogares con ingresos bajos o en entornos donde se ven privados de sus derechos.
La exvicepresidenta se refirió al informe de la UCA sobre la pobreza y afirmó que "aún persiste" en el país el efecto del "condicionamiento estructural que significaron" las decisiones en materia de endeudamiento" tomadas por Macri, al tiempo que reconoció que el gobierno de Fernández "no pudo o no supo cortar este verdadero nudo gordiano de la economía argentina".
Las cifras de la nueva medición reflejan un crecimiento de los índices respecto al mismo período de 2022, cuando el número de carenciados llegó al 43,1% y la indigencia al 8,1%.
Un relevamiento realizado por el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba afirma que nueve de cada diez hogares se endeudaron en el último año, para "acceder a bienes y consumos cotidianos esenciales".
En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.