Según el relevamiento anual de la Defensoría del Pueblo, en diciembre de 2025 una familia tipo necesitó casi $580 mil para no ser indigente y más de $1,28 millones para no caer bajo la línea de pobreza, en un año marcado por fuertes aumentos en carnes y alimentos industrializados, y una desaceleración general respecto de los años previos.
Un informe de la "Fundación Mediterránea" reveló que el 21,6% de las personas con trabajo en el país son pobres. La informalidad, los bajos salarios y la desigualdad regional explican un fenómeno que refleja las tensiones del mercado laboral argentino.
Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina, la fuerte disminución de la pobreza durante 2025 refleja una mejora concreta, pero está inflada por instrumentos de medición desactualizados y una menor inflación que distorsiona los indicadores oficiales.
Un estudio del IETSE revela que la pérdida de poder adquisitivo fuerza a las familias a sustituir proteínas, vitaminas y lácteos por alimentos de bajo costo, alta densidad calórica y escaso valor nutricional, configurando un patrón de subalimentación cualitativa que compromete la salud pública.
De acuerdo con un informe del Observatorio de la Deuda Social, la pobreza infantil llegó a un máximo histórico del 67,3% en la primera mitad de 2024, aunque finalizó el año en un 52,8% debido a cierta estabilidad en la macroeconomía y la reducción de la inflación. A pesar de esto, las desigualdades territoriales siguen siendo muy marcadas.
Un estudio exhaustivo revela el quiebre de la histórica creencia argentina en la movilidad social ascendente a través del esfuerzo y la educación. En los barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires, la mayoría de los jóvenes ya no confía en que el estudio y el trabajo sean caminos efectivos para “ser alguien”. La falta de oportunidades y recursos, la crisis de las instituciones tradicionales y la desconexión social alimentan una crisis de expectativas con profundas consecuencias sociales.
De acuerdo con un análisis de Fundar basado en información oficial, los salarios reales han disminuido aproximadamente un 30% desde su máxima en 2017 y ya no aseguran la posibilidad de escapar de la pobreza. Este problema impacta de manera particular a sectores como la industria, la agricultura, la construcción y el servicio doméstico.
El Índice de Pobreza alcanzó al término del primer semestre del año al 52,9%, por encima del 41,7 % de finales del año pasado, y del 40,1% de enero-junio del 2023, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
El aumento de los alimentos y los servicios se hizo sentir en julio, duplicando los porcentajes de los dos meses anteriores, segun el 7° Índice Barrial de Precios del año 2024.
Aproximadamente 8.6 millones de niños menores de 18 años viven en hogares con ingresos bajos o en entornos donde se ven privados de sus derechos.
La exvicepresidenta se refirió al informe de la UCA sobre la pobreza y afirmó que "aún persiste" en el país el efecto del "condicionamiento estructural que significaron" las decisiones en materia de endeudamiento" tomadas por Macri, al tiempo que reconoció que el gobierno de Fernández "no pudo o no supo cortar este verdadero nudo gordiano de la economía argentina".
Las cifras de la nueva medición reflejan un crecimiento de los índices respecto al mismo período de 2022, cuando el número de carenciados llegó al 43,1% y la indigencia al 8,1%.
Un relevamiento realizado por el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba afirma que nueve de cada diez hogares se endeudaron en el último año, para "acceder a bienes y consumos cotidianos esenciales".
Según el relevamiento anual de la Defensoría del Pueblo, en diciembre de 2025 una familia tipo necesitó casi $580 mil para no ser indigente y más de $1,28 millones para no caer bajo la línea de pobreza, en un año marcado por fuertes aumentos en carnes y alimentos industrializados, y una desaceleración general respecto de los años previos.
El ajuste de Milei dejo al Servicio Nacional de Manejo del Fuego con 70-81% menos de recursos, mientras focos en Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén consumen miles de hectáreas y amenazan comunidades. Diputados opositores piden emergencia ígnea y fondos urgentes; brigadistas precarizados luchan sin apoyo nacional.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocaría a realizar un paro nacional con movilización el 10 de febrero, en coincidencia con el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral promovido por el oficialismo. La decisión se habría tomado luego de la masiva marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde sindicatos y organizaciones sociales reclamaron frenar la iniciativa del Ejecutivo y exigieron una medida de fuerza a nivel nacional.
Un informe especial de la Comisión Provincial por la Memoria, tras dos años de monitoreo de protestas bajo el gobierno de Javier Milei en la ciudad de CABA, advierte un incremento de la violencia estatal, con 2.585 personas heridas y 258 detenciones arbitrarias.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
Vecinos de Córdoba y activistas de todo el país se alistan para marchar el 31 de enero contra el extractivismo, la privatización del agua y el RIGI, denunciando la contaminación de ríos y la persecución a defensores ambientales.
El dirigente social y diputado nacional llegó caminando a la ciudad junto a militantes de Patria Grande, Argentina Humana y Córdoba Humana, y encabezó un encuentro tipo plaza en el Teatrino del Subnivel ante unas 500 personas, donde cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei, reivindicó la justicia social, la agenda de derechos humanos y pidió organización solidaria frente a “un momento de suma gravedad” para la democracia argentina.