Aproximadamente 8.6 millones de niños menores de 18 años viven en hogares con ingresos bajos o en entornos donde se ven privados de sus derechos.
13 de marzo de 2024
Sures Noticias
Un informe de Unicef revela que el 70% de los niños en Argentina viven en condiciones de pobreza. Esto equivale a aproximadamente 8,6 millones de menores de 18 años que residen en hogares con ingresos económicos insuficientes o en entornos donde se vulneran sus derechos.
De acuerdo con los datos del segundo semestre de 2023, la pobreza infantil se manifiesta en dos dimensiones: un 57,5% de los niños sufren pobreza por insuficiencia de recursos económicos, mientras que un 43% enfrenta privaciones de derechos fundamentales como la educación y la salud. Un 31% de los menores padecen ambas condiciones de pobreza al mismo tiempo, lo que afecta a 3,8 millones de niños.
El informe subraya el impacto del deterioro macroeconómico en el incremento de la pobreza y la indigencia. "La canasta básica se incrementa más que los índices de inflación general y los salarios", señala Sebastián Waisgrais, economista especializado en Inclusión Social y Monitoreo en Unicef Argentina, destacando la urgencia de implementar medidas para proteger los ingresos familiares y ampliar la cobertura de las prestaciones sociales.
En el último semestre del año anterior, la indigencia infantil subió un 5%, llegando al 19,4%. "Es la primera vez que observamos un aumento estadísticamente significativo en la indigencia", alertó Waisgrais. Esto representa a 643.000 niños adicionales sumidos en la indigencia.
Los datos indican diferencias significativas según la ubicación geográfica, el género y el nivel educativo. La pobreza infantil es del 84% en barrios populares. La disparidad de género es del 63% para niñas frente a un 50,8% para varones. Además, se observa una alta incidencia de pobreza en hogares con bajo nivel educativo (83%), hogares monoparentales femeninos (68%) y aquellos situados en barrios populares (84%).
Waisgrais enfatiza la necesidad de mantener y reforzar las asignaciones presupuestarias para políticas que protejan los ingresos familiares.
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