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Se desprende de las estadísticas recolectadas a través del Centro de Denuncias de Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, explican desde el organismo, en cada caso brinda "asesoramiento jurídico, acompañamiento psicosocial y gestiones con autoridades políticas responsables de la fuerza denunciada".
Se destaca en le informe los avances en juicios por casos de violencia institucional, en particular el de tres resonantes debates orales, de los cuales uno fue el que terminó con la condena a prisión perpetua a los policías responsables del crimen del adolescente Valetín Blas Correas, cometido en Córdoba en 2020.
En esos expedientes, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación actuó como querellante o "amicus curiae".
En lo que atañe a las denuncias por violencia institucional registradas en el primer trimestre del año, el trabajo consigna que la distribución fue la siguiente: acceso a la justicia (40), salud (37), condiciones de alojamiento (27), apremios (22), lesiones (21), hostigamiento (17), muerte (15), amenazas (15), detención arbitraria (12), causa armada (5), violencia de género (5), desaparición forzada (1) y otros (2).
Por otro lado, el distrito con mayor cantidad de denuncias fue la provincia de Buenos Aires, con 121; seguida por la ciudad de Buenos Aires (CABA), con 30; Misiones, 9; Córdoba, 8; Santa Fe y Chubut, ambas con 7; Jujuy, 5; Mendoza y Tucumán, 4; Entre Ríos, Chaco y Corrientes, 3; Formosa, Santiago del Estero, Salta, San Luis y La Rioja, cada una con 2; Catamarca, Río Negro, San Juan y La Pampa, con 1 y "no definida", también 1.
De acuerdo con el informe basado en las cifras del Centro de Denuncias de Violencia Institucional, la fuerza más denunciada fue el Servicio Penitenciario Bonaerense, con 55; seguido por la policía de esa provincia (29), Policía de la Ciudad (19), Servicio Penitenciario Federal (13), Policía Federal (12), Policía de Santa Fe (7), Jujuy (5), Tucumán (4), Córdoba (4), Misiones (3), Corrientes (2), Mendoza (2), Entre Ríos (2), La Rioja (2), Chaco (2), Chubut (2), Municipal (2), de San Luis (1), Santiago del Estero (1), San Juan (1), Catamarca (1), Salta (1), Río Negro (1), Formosa (1) y Gendarmería Nacional (1).
"En cuanto al acceso a la justicia y salud, los casos más habituales son los de los presos que denuncian que no tienen contacto con sus defensores oficiales o no les toman denuncias en la comisaría, o que no les dan atención médica o medicamentos", explicó a Télam Mariano Przybylski, director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional.
En otro orden, el funcionario señaló que cada caso que se plantea "no es un número, sino que hay una individualización de la víctima y su familia, y se desarrolla una gestión con asesoramiento y acompañamiento jurídico y psicosocial".
En ese sentido, recordó que la secretaría lleva adelante ese contacto a través de una línea 0800, WhatsApp y un correo electrónico; siendo la segunda de ellas la opción más utilizada en el último tiempo.
A su vez, el trabajo consigna que, durante el mismo período, la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional llevó a cabo tres señalizaciones (en las ciudades de Rosario, Salta y Merlo, provincia de Buenos Aires) para recordar a las víctimas y expresar el repudio del Estado frente a los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad.
En tanto, el próximo 8 de mayo, en el marco del Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, se inaugurará la señalización de la denominada "Masacre de Esteban Echeverría", en la que 10 presos murieron en 2018 al incendiarse los calabozos de la comisaría de Villa Transradio.
En el apartado referido a juicios en curso por casos de violencia institucional, el trabajo rescata el debate oral por el asesinato del joven Blas Correas en Córdoba, como así también la condena a Lisandro Javier Báez, un inspector de la Policía Bonaerense, a 18 años de prisión e inhabilitación perpetua por los delitos de abuso sexual agravado y exacciones ilegales; y la prisión perpetua dictada contra cuatro policías de Tucumán por el homicidio de Luis Espinoza, en 2020.
En tanto, el informe recuerda que el próximo 14 de agosto comenzará el juicio oral por el asesinato de Rafael Nahuel, cometido en noviembre del 2017 tras un intento de desalojo en Villa Mascardi, provincia de Río Negro.
