Caso Porta Hnos. La CIDH notificó que la petición de VUDAS se encuentra en estado de “admisibilidad”

 
Fundeps junto a VUDAS, presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El objetivo es que este organismo internacional evalúe la responsabilidad del Estado argentino ante el funcionamiento ilegal de la empresa Porta Hnos. S.A en el barrio San Antonio de la ciudad de Córdoba. La CIDH notificó que la petición se encuentra en estado de “admisibilidad” y el Estado argentino debe entregar información relevante antes del 25 de julio.

En abril de 2024, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) junto a las Vecinas Unidas en Defensa de un Ambiente Sano (VUDAS), presentamos una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La presentación tiene como finalidad que la CIDH tome conocimiento de la situación de vulneración de derechos fundamentales derivada del funcionamiento ilegal de la empresa Porta Hnos. S.A, en el barrio San Antonio de la Ciudad de Córdoba. Y evalúe, además, la responsabilidad del Estado argentino en ese sentido.

La CIDH ha notificado que la petición ha sido admitida y que el Estado argentino debe proporcionar información relevante antes del 25 de julio. Esta solicitud busca visibilizar las violaciones de derechos fundamentales vinculadas a la actividad de la empresa y el impacto negativo sobre el medio ambiente y la salud de los residentes.

Durante los últimos 13 años, las VUDAS han realizado múltiples reclamos y acciones judiciales ante distintas instancias del gobierno, apoyadas por estudios que evidencian el daño ambiental y a la salud de las familias afectadas. Sin embargo, hasta la fecha, no han obtenido respuestas satisfactorias.

La CIDH ha determinado que la solicitud cumple con los requisitos formales y avanza a la etapa de admisibilidad, lo que ofrece una oportunidad de evaluación más profunda. En la petición, se exige al Estado que tome medidas para:

1. Detener la contaminación generada por Porta Hnos. S.A.
2. Reubicar la planta fuera del área urbana, cumpliendo con la legislación ambiental.
3. Sanear el pasivo ambiental causado por la actividad de la planta.
4. Proporcionar asistencia médica y psicológica gratuita a los afectados.
5. Crear un Fondo de Desarrollo Comunitario administrado por la empresa.

La empresa ha incumplido repetidamente el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, a pesar de ser un requisito legal y de haber sido ordenada por diversas sentencias judiciales. Además, el Ministerio de Ambiente y Economía Circular no ha obligado a la empresa a cumplir con esta normativa.

El avance en esta instancia internacional ofrece una posible vía para buscar justicia por los daños ocasionados y revitaliza la lucha de las VUDAS y Fundeps por un acceso equitativo a la justicia y un compromiso con la democracia ambiental.