Solicitan juicio oral para el exintendente de Holmberg y su socio político por la usurpación de terrenos fiscales

El fiscal subrogante de la Fiscalía Federal de Río Cuarto, Rodolfo José Cabanillas, requirió que se juzgue en debate oral y público al exintendente de la localidad de Santa Catalina/Holmberg, Miguel Ángel “Minino” Negro, y su socio político Oscar Ignacio “Cotorra” Alaniz como instigadores de la usurpación de terrenos fiscales, junto a otras tres personas consideradas coautoras del mismo delito, a partir de la construcción de una serie de viviendas realizada en los inmuebles.

De acuerdo con la acusación, entre días previos al 29 de diciembre de 2022 y el 15 de enero de 2023, el entonces intendente Negro y su estrecho colaborador Alaniz -quien fue candidato a intendente por la misma coalición en las elecciones municipales celebradas en junio de ese mismo año-, determinaron a Alan Iván Báez, Fernando Gabriel Romano y su pareja Mayra Desireé Garretón -las otras tres personas acusadas por la fiscalía en este proceso- y a otros individuos no identificados a usurpar terrenos del Estado nacional ubicados a la vera de la vías del Ferrocarril de Trenes Argentinos Cargas, en el sector oeste de Holmberg.

Negro y Alaniz están acusados de haber informado a estas personas sobre la existencia de los terrenos, la posibilidad de ocuparlos y de obtener la conexión del servicio de electricidad para que puedan iniciar allí la construcción de sus viviendas.

La fiscalía señaló que, de acuerdo con esas indicaciones, Romano ocupó un terreno fiscal, construyó allí un pilar de luz y obtuvo el certificado apto de la instalación eléctrica exigido por el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSep). Luego, el 29 de diciembre de 2022, Romano concurrió a la Municipalidad de Santa Catalina y se reunió con Negro para gestionar la conexión del servicio eléctrico en el terreno ocupado.

Ese mismo día, el jefe comunal confeccionó un documento dirigido a los directivos del ERSeP en el que solicitó a la prestadora que conceda autorización a la Cooperativa de Electricidad, Viviendas, Obras y Servicios Públicos de Santa Catalina Limitada para la conexión del servicio eléctrico en carácter de usuario precario para las viviendas asentadas en el predio perteneciente al Ferrocarril Buenos Aires Al Pacífico General San Martín, ubicado en el ejido municipal. Negro adjuntó a su presentación la copia del DNI de Romano, a quien señaló como propietario de esas viviendas.

De acuerdo a la acusación fiscal, la ocupación de los terrenos “se enmarca en promesas propias de una campaña electoral efectuada por ambos imputados -uno en el rol de intendente y otro en el papel de candidato a sucederlo en la intendencia por el mismo partido político Juntos por Santa Catalina-, a fin de acaparar votos”.
Posteriormente, entre el 6 y el 23 de enero de 2023, “luego de obtener la conexión eléctrica, Romano, Garretón, Báez y un grupo de aproximadamente cincuenta o sesenta personas no identificadas, aprovechando la ausencia de quien pudiera oponerse, invadieron y ocuparon los terrenos fiscales al costado de las vías”, describió la fiscalía, y remarcó que una vez allí hicieron unas 60 subdivisiones con alambres y bolsas para constituir lotes, y en ellos “realizaron construcciones, levantaron cimientos y llevaron herramientas, grupos electrógenos, vehículos y se instalaron con sus familias, despojando de esta manera al concesionario y al Estado Nacional de la tenencia y posesión de los terrenos”.

“Promesas propias de la campaña electoral”

La ocupación del lugar fue advertida por más de 150 vecinos, quienes efectuaron la denuncia ante el Juzgado Federal de Río Cuarto. Las presentaciones fueron efectuadas el 18 y el 19 de enero de 2023. Instantes después de la primera de ellas, el propio intendente Negro realizó una presentación similar, que puso en conocimiento los mismos sucesos denunciados por los vecinos.

En el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Cabanillas refiere un informe de la empresa Belgrano Cargas y Logística S.A. que señala que el lugar en el que se llevaron a cabo las ocupaciones ilegales es un amplio sector de terrenos fiscales ubicados a la vera de las vías del Ferrocarril de Trenes Argentinos Cargas. El informe citado añade que en el predio se realizaron “acciones tendientes a subdividir parte del terreno para la construcción de viviendas, hecho que resulta ilegítimo e ilegal, ya que no cuenta con autorización alguna", y pone de relieve que no se había solicitado la conexión a ninguna entidad prestataria de energía eléctrica.

Cabanillas también hizo alusión de las declaraciones de varios vecinos y vecinas de la zona, entre ellos la de una mujer que relató la llegada por la madrugada de un grupo de personas con carros y grupos electrógenos.

En los elementos reseñados en la solicitud del fiscal, se incorporó también la emisión de un noticiero televisivo en la que se visualiza a Báez presente en el predio y reconociendo la existencia de la ocupación del lugar.

El representante del Ministerio Público Fiscal destacó que las ocupaciones ocurrieron en un contexto previo a las elecciones a intendente municipal que se celebraron el 4 de junio de 2023.

Cabanillas puntualizó que Negro, quien ocupó ese cargo por 40 años, había elegido a Alaniz como su sucesor y candidato a la intendencia, por lo que -sostuvo- “entre ellos existía no solo un vínculo personal, sino que se trataba de una relación de naturaleza política, por lo que resulta evidente que sus conductas tendientes a inducir la ocupación ilegal de los terrenos fiscales son inescindibles entre sí”.

Negro y Alaniz están acusados de haber informado a un grupo de personas sobre la existencia de los terrenos, la posibilidad de ocuparlos y de obtener la conexión del servicio de electricidad para que puedan iniciar allí la construcción de sus viviendas.
De acuerdo a la acusación fiscal, la ocupación de los terrenos “se enmarca en promesas propias de una campaña electoral efectuada por ambos imputados -uno en el rol de intendente y otro en el papel de candidato a sucederlo en la intendencia por el mismo partido político Juntos por Santa Catalina-, a fin de acaparar votos”.

Cabanillas puso de relieve la intervención de Negro ante el ERSeP y la Cooperativa Eléctrica para habilitar el servicio a nombre de Fernando Romano, con conocimiento de que se trataba de terrenos del ferrocarril.

El fiscal documentó el uso de camiones identificados con la señalética del Municipio de Holmberg para el traslado de escombros al predio usurpado, como se comprobó en un allanamiento. También recordó la denuncia realizada por Negro en el fuero federal luego de los vecinos.

Cabanillas calificó aquel acto como contradictorio, ya que -evaluó- “su intento de denunciar los hechos de usurpación o de revertir la conexión eléctrica, sólo se produce luego de movilizada una gran cantidad de vecinos de Holmberg para denunciar lo que sucedía, la existencia de cobertura mediática del caso, y de iniciadas actuaciones judiciales”.

En cuanto a Alaniz, la fiscalía marcó que su rol instigador se acreditó a través de testimonios, del entrecruzamiento de llamadas telefónicas y de audios en los que se lo menciona como el principal responsable de “regalar terrenos” en campaña. También valoró la declaración de un vecino que aseguró haber tenido un diálogo con un hombre que bajó de un auto y le consultó “si sabía donde estaban los terrenos que está regalando el ‘Cotorra’”.

Por último, indicó la existencia de un video registrado donde se puede ver a Alaniz recibiendo a los ocupantes de los terrenos, a quienes les promete la instalación de servicios públicos tras la celebración de las elecciones en caso de resultar ganador.

Respecto al rol de Romano y Garretón, la fiscalía puso de relieve que pudo establecerse su rol en la ocupación de uno de los terrenos y su vínculo directo con Negro para la gestión del servicio eléctrico en el lugar.

Añadió que en el caso de Báez existen registros fílmicos que dan cuenta no solo de su presencia en el lugar sino de su rol como uno de los principales coordinadores de la toma, además de audios extraídos de los celulares de los imputados, en donde el acusado manifesta haber hablado con Negro para gestionar la ocupación del terreno, y también de una promesa de Alaniz sobre unas eventuales facilidades de pago para pasar a ser propietarios de los lotes.