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La inflación volvió a instalarse en el centro del debate público y económico de la Argentina. Según una encuesta reciente de la consultora Management & Fit, el 21,7% de la población la señala como su principal preocupación, superando por casi cinco puntos a la inseguridad (17%) y la corrupción (17%). Este dato marca un cambio de prioridades en el humor social y tensiona el relato oficial del Gobierno de Javier Milei, que insiste en que los precios están bajando.
Frente a esta alarma social, el Gobierno intensifica medidas para contener la inflación sin abandonar el dogma de no intervenir directamente en los mercados. Entre esas medidas, destacan:
Atraso cambiario sostenido: se mantiene el tipo de cambio oficial planchado.
Presión a petroleras: YPF aplicó una baja promedio del 4% en sus combustibles.
Tope a paritarias: Hacienda busca evitar aumentos salariales elevados.
Negociaciones con alimenticias: se intenta frenar remarcaciones en góndola.
Estas estrategias buscan construir un sendero de desaceleración inflacionaria hacia octubre, fecha clave por las elecciones legislativas. Sin embargo, los precios de alimentos siguen sin dar tregua. La consultora Econviews midió un alza del 0,5% en la última semana de abril, con subas en carnes (0,6%), bebidas (0,5%) y productos de almacén (0,6%), lo que mantiene tensionado el IPC.
Mientras tanto, la percepción social no acompaña el optimismo oficial. El 66,6% de los encuestados considera que la pobreza no ha disminuido, a pesar de los datos oficiales. Solo el 26,8% califica como positiva la situación económica actual, con una caída de 1,4 puntos respecto a marzo.
A contramano de estos indicadores, el ministro de Economía, Luis Caputo, declaró ante empresarios que “la inflación va a colapsar” y minimizó el éxodo turístico al exterior por el atraso del dólar, atribuyéndolo a un cambio de paradigma: “Se terminó la Argentina regalada en dólares”, dijo. Sin embargo, según INDEC, el turismo emisivo se duplicó, aún antes de la salida del cepo.
El futuro inmediato presenta desafíos considerables para la administración libertaria. Con salarios contenidos, jubilaciones congeladas y alimentos en alza, el intento de construir una narrativa de estabilización se enfrenta a una ciudadanía que siente en carne propia el deterioro del poder adquisitivo. La propuesta de modificar la metodología de medición del IPC que prepara el INDEC, en la cual los servicios pesen más que los alimentos, podría ser leída como un intento de maquillar una realidad que ya golpea todos los bolsillos.
