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Organizaciones denuncian creciente agresividad contra la prensa en Argentina

Sures Noticias
Argentina23 de mayo de 2025

La cobertura de una protesta de jubilados frente al Congreso Nacional en Buenos Aires se convirtió en un escenario de violencia policial. Más de 80 personas resultaron heridas y al menos cuatro fueron detenidas, entre ellas periodistas y fotorreporteros que denunciaron agresiones directas por parte de las fuerzas de seguridad.

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FATPREN "Milei ataca la libertad de expresión y el derecho a la información para encubrir los resultados de sus políticas"

Sures Noticias
Argentina11 de abril de 2024

En un comunicado la Federación de periodistas expresó: Desde el comienzo de su mandato, el Gobierno nacional dejó en claro su hostilidad al trabajo de la prensa, con la suspensión de la Pauta Oficial, las limitaciones inéditas en la cobertura de actos oficiales, la intervención de los medios públicos y la represión a trabajadores de prensa durante el tratamiento de la Ley Ómnibus.

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    Trabajadores del INTI convocan a un "abrazo" contra el cierre de áreas clave de metrología legal

    Sures Noticias
    Argentina23 de enero de 2026

    Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.

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    El Estado porteño defiende a policías y vigilantes imputados por “gatillo fácil” en Constitución y Lugano

    Sures Noticias
    Argentina26 de enero de 2026

    El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.