Este 7 de junio es uno de los peores días de los y las periodistas para quienes trabajamos en esta profesión. A los salarios de pobreza que reclamamos desde año y en cada paritaria, que genera precarización laboral y pluriempleo, se suma un ataque a la libertad de expresión sin precedente en democracia.
La cobertura de una protesta de jubilados frente al Congreso Nacional en Buenos Aires se convirtió en un escenario de violencia policial. Más de 80 personas resultaron heridas y al menos cuatro fueron detenidas, entre ellas periodistas y fotorreporteros que denunciaron agresiones directas por parte de las fuerzas de seguridad.
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) ha emitido un comunicado alertando y denunciando los ataques del presidente Javier Milei, los cuales intensifican su agresión hacia periodistas y trabajadores de prensa, comprometiendo su integridad física.
En un comunicado la Federación de periodistas expresó: Desde el comienzo de su mandato, el Gobierno nacional dejó en claro su hostilidad al trabajo de la prensa, con la suspensión de la Pauta Oficial, las limitaciones inéditas en la cobertura de actos oficiales, la intervención de los medios públicos y la represión a trabajadores de prensa durante el tratamiento de la Ley Ómnibus.
El SiPreBA presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal tras distintos episodios producidos contra trabajadores de Télam, Radio Nacional y la Televisión Pública, ocurridos en coberturas, en la puerta de sus lugares de trabajo y en redes sociales.
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) realizará hoy una conferencia de prensa para denunciar "amenazas y persecución a periodistas" durante la cobertura del conflicto mapuche en la provincia de Río Negro.
Carla Gaudensi de SiPreBA, Pablo Jiménez de Santa Fe, María Ana Mandakovic del Cispren y Flavio Ramírez de Neuquén encabezan una conducción que cuenta con el apoyo de 17 sindicatos de prensa del país.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocaría a realizar un paro nacional con movilización el 10 de febrero, en coincidencia con el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral promovido por el oficialismo. La decisión se habría tomado luego de la masiva marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde sindicatos y organizaciones sociales reclamaron frenar la iniciativa del Ejecutivo y exigieron una medida de fuerza a nivel nacional.
Un informe especial de la Comisión Provincial por la Memoria, tras dos años de monitoreo de protestas bajo el gobierno de Javier Milei en la ciudad de CABA, advierte un incremento de la violencia estatal, con 2.585 personas heridas y 258 detenciones arbitrarias.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
Vecinos de Córdoba y activistas de todo el país se alistan para marchar el 31 de enero contra el extractivismo, la privatización del agua y el RIGI, denunciando la contaminación de ríos y la persecución a defensores ambientales.
El dirigente social y diputado nacional llegó caminando a la ciudad junto a militantes de Patria Grande, Argentina Humana y Córdoba Humana, y encabezó un encuentro tipo plaza en el Teatrino del Subnivel ante unas 300 personas, donde cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei, reivindicó la justicia social, la agenda de derechos humanos y pidió organización solidaria frente a “un momento de suma gravedad” para la democracia argentina.
Diciembre registró una suba de precios del 2,8% y completó el séptimo mes consecutivo de aceleración. Mientras la inflación anual fue de 31,5%, una familia tipo necesita más de 1,3 millones de pesos para no ser pobre y los principales cortes de carne aumentaron más de 70% en un año.
La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.