Este 7 de junio es uno de los peores días de los y las periodistas para quienes trabajamos en esta profesión. A los salarios de pobreza que reclamamos desde año y en cada paritaria, que genera precarización laboral y pluriempleo, se suma un ataque a la libertad de expresión sin precedente en democracia.
La cobertura de una protesta de jubilados frente al Congreso Nacional en Buenos Aires se convirtió en un escenario de violencia policial. Más de 80 personas resultaron heridas y al menos cuatro fueron detenidas, entre ellas periodistas y fotorreporteros que denunciaron agresiones directas por parte de las fuerzas de seguridad.
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) ha emitido un comunicado alertando y denunciando los ataques del presidente Javier Milei, los cuales intensifican su agresión hacia periodistas y trabajadores de prensa, comprometiendo su integridad física.
En un comunicado la Federación de periodistas expresó: Desde el comienzo de su mandato, el Gobierno nacional dejó en claro su hostilidad al trabajo de la prensa, con la suspensión de la Pauta Oficial, las limitaciones inéditas en la cobertura de actos oficiales, la intervención de los medios públicos y la represión a trabajadores de prensa durante el tratamiento de la Ley Ómnibus.
El SiPreBA presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal tras distintos episodios producidos contra trabajadores de Télam, Radio Nacional y la Televisión Pública, ocurridos en coberturas, en la puerta de sus lugares de trabajo y en redes sociales.
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) realizará hoy una conferencia de prensa para denunciar "amenazas y persecución a periodistas" durante la cobertura del conflicto mapuche en la provincia de Río Negro.
Carla Gaudensi de SiPreBA, Pablo Jiménez de Santa Fe, María Ana Mandakovic del Cispren y Flavio Ramírez de Neuquén encabezan una conducción que cuenta con el apoyo de 17 sindicatos de prensa del país.
Cámara Federal de Apelaciones frena por 60 días la privatización impulsada por Bullbarrel S.A., que planeaba un bar en el sitio de secuestros y torturas durante la dictadura. Sobrevivientes y organismos reclaman preservación como espacio de memoria histórica.
Organizaciones políticas, de DDHH, sindicatos y movimientos sociales se concentraron en la Casa de los Trabajadores exigiendo la Libertad de Milagro Sala y de todxs lxs presxs politicos de Argentina, también se expresaron en contra de la persecución judicial, el DNU de Milei y el Código de Convivencia de Llaryora, con palabras, convocatorias, arte y música.
La industria metalúrgica volvió a cerrar un año en rojo: en 2025 la actividad se retrajo 0,9% frente a 2024, período en el que ya se había desplomado 12,1%, lo que confirma la continuidad de la crisis en el sector.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa reclamó en el Senado la eliminación de cinco artículos del proyecto oficial de reforma laboral, al considerar que desnaturalizan los convenios colectivos y pueden disparar una ola de juicios y conflictos. La entidad, que agrupa a pymes de todo el país, sostuvo que los cambios propuestos vulneran el artículo 14 bis de la Constitución y convenios internacionales de la OIT, y reclamó “de manera imperiosa” suprimir esos puntos para preservar la seguridad jurídica en las relaciones de trabajo.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.