Este 7 de junio es uno de los peores días de los y las periodistas para quienes trabajamos en esta profesión. A los salarios de pobreza que reclamamos desde año y en cada paritaria, que genera precarización laboral y pluriempleo, se suma un ataque a la libertad de expresión sin precedente en democracia.
La cobertura de una protesta de jubilados frente al Congreso Nacional en Buenos Aires se convirtió en un escenario de violencia policial. Más de 80 personas resultaron heridas y al menos cuatro fueron detenidas, entre ellas periodistas y fotorreporteros que denunciaron agresiones directas por parte de las fuerzas de seguridad.
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) ha emitido un comunicado alertando y denunciando los ataques del presidente Javier Milei, los cuales intensifican su agresión hacia periodistas y trabajadores de prensa, comprometiendo su integridad física.
En un comunicado la Federación de periodistas expresó: Desde el comienzo de su mandato, el Gobierno nacional dejó en claro su hostilidad al trabajo de la prensa, con la suspensión de la Pauta Oficial, las limitaciones inéditas en la cobertura de actos oficiales, la intervención de los medios públicos y la represión a trabajadores de prensa durante el tratamiento de la Ley Ómnibus.
El SiPreBA presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal tras distintos episodios producidos contra trabajadores de Télam, Radio Nacional y la Televisión Pública, ocurridos en coberturas, en la puerta de sus lugares de trabajo y en redes sociales.
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) realizará hoy una conferencia de prensa para denunciar "amenazas y persecución a periodistas" durante la cobertura del conflicto mapuche en la provincia de Río Negro.
Carla Gaudensi de SiPreBA, Pablo Jiménez de Santa Fe, María Ana Mandakovic del Cispren y Flavio Ramírez de Neuquén encabezan una conducción que cuenta con el apoyo de 17 sindicatos de prensa del país.
La Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, que encabeza el ministro Walter Correa, expresó su “más enérgico repudio” al gesto del presidente Javier Milei de regalar el libro “Defendiendo lo indefendible”, cuyo capítulo sobre “el que contrata niños” legitima la explotación laboral de niñas y niños y choca frontalmente con la normativa nacional e internacional vigente.
El gobierno de Axel Kicillof terminó el borrador de un proyecto que busca garantizar condiciones mínimas de trabajo decente a unos 80 mil repartidores y choferes de plataformas en territorio bonaerense. La norma se plantea como respuesta a la reforma laboral regresiva de Javier Milei y prevé desde paradores obligatorios hasta una app con botón de emergencia para los trabajadores.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
El Gobierno modificó por decreto la Ley de Inteligencia, rediseñó el organigrama del Sistema de Inteligencia Nacional y otorgó nuevas facultades a sus agentes, incluyendo la posibilidad de aprehender personas y la persecución política a través de un esquema parapolicial encubierta.
La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.
El 23 de abril de 2026 comenzará en La Plata el juicio oral por crímenes de lesa humanidad contra Emilio Parodi, exgerente de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda, en una causa que busca fijar responsabilidades empresariales en el terrorismo de Estado a 50 años del golpe.