Medios comunitarios alertan por la concentración de la pauta oficial en Córdoba y reclaman criterios democráticos

Tiempos de credulidad.  El 17 de mayo del 2024 se anunciaba en sede del Cispren la creación de cuatro líneas de aportes no reembolsables, destinadas exclusivamente a los medios cooperativos y comunitarios. Del acto participó el gobernador de la Provincia de Córdoba, Martín Llaryora, quien se fue con una foto de mutuo aval con parte de los actores que hoy, a dos años, le reclaman distribución de la pauta oficial. Foto Cispren.

El Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) y la Red de Medios Digitales (RMD), en articulación dentro de la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios (CMCC), presentaron un informe sobre la distribución de la pauta oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba durante el año 2025, elaborado en base a los datos publicados en el Portal de Transparencia provincial. La iniciativa cuenta además con el acompañamiento del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren), lo que le otorga un respaldo sindical y profesional en el terreno de la comunicación. El documento se propone aportar insumos para el debate público en torno al derecho a la información, la libertad de expresión y la construcción de un sistema de medios plural y democrático, poniendo bajo la lupa el uso de recursos estatales destinados a publicidad.

Según el relevamiento, durante 2025 se verificó una fuerte concentración de los fondos públicos asignados a la publicidad oficial en manos de agencias de publicidad y grandes empresas mediáticas, en detrimento de medios cooperativos, comunitarios y populares. Esta concentración, señalan las organizaciones, no solo implica un reparto desigual de recursos económicos, sino que se traduce en una menor presencia de voces diversas en la agenda informativa que llega a la ciudadanía. La pauta oficial, concebida como herramienta de política pública para garantizar información de interés general, corre el riesgo de convertirse en un mecanismo de premiación o castigo que, si no se regula con criterios claros, puede impactar directamente en el pluralismo.

Los autores del informe enfatizan que el acceso a la información es un derecho humano y que la publicidad oficial debe ser gestionada bajo parámetros de transparencia, diversidad y no discriminación. En esa línea, sostienen que la distribución de la pauta no puede responder a intereses coyunturales o meramente comerciales, sino que debe garantizar el acceso de toda la ciudadanía a información diversa, plural y de evidente interés público. Cualquier esquema que derive en concentración de recursos y favorezca solo a un segmento del mapa mediático afecta la diversidad de voces disponibles y, en definitiva, limita la posibilidad de que las audiencias se informen a través de múltiples fuentes.

Las organizaciones consideran que los datos que surgen del Portal de Transparencia provincial evidencian la necesidad de avanzar hacia una nueva política de publicidad oficial, basada en criterios públicos, transparentes, federales y democráticos. La propuesta incluye la idea de establecer reglas explícitas que contemplen la igualdad de oportunidades para todos los actores del sistema de medios, independientemente de su tamaño o modelo de gestión. Desde FARCO, la Red de Medios Digitales y la CMCC insisten en que la pauta debe funcionar como un instrumento para fortalecer la diversidad informativa, estimulando a los medios comunitarios, cooperativos y populares que trabajan en territorios donde muchas veces los grandes conglomerados no tienen presencia.

En el marco de la presentación del informe, se invita a instituciones públicas, universidades, organizaciones sindicales, federaciones, cooperativas, organismos de derechos humanos y representantes de la sociedad civil a conocer y difundir los resultados del estudio. La intención es que la discusión sobre la pauta oficial trascienda el ámbito especializado de la comunicación y se convierta en un debate amplio sobre el rol del Estado en la configuración del ecosistema mediático. Para las entidades que impulsan el documento, la distribución de la publicidad oficial tiene un impacto directo en la libertad de expresión y en el pluralismo, porque define qué voces cuentan con más recursos para producir contenidos y cuáles quedan relegadas.

El llamado se enmarca en una concepción de comunicación democrática que reconoce el aporte estratégico de los medios cooperativos, comunitarios y populares en la construcción de agendas locales y en la cobertura de problemáticas sociales que rara vez ocupan los titulares de los grandes medios. Estos espacios, sostienen FARCO y la RMD, contribuyen a la participación ciudadana, fortalecen vínculos comunitarios y amplían la mirada sobre la realidad, por lo que requieren políticas públicas que garanticen condiciones de equidad en el acceso a los recursos públicos. Sin esa base de equidad, la estructura mediática tiende a concentrarse y se vuelve más dependiente de actores privados con capacidad económica, lo que puede distorsionar la jerarquización de temas y perspectivas.

El informe insiste en que la construcción de un ecosistema mediático verdaderamente diverso, federal e independiente solo será posible si la pauta oficial se administra bajo criterios objetivos y verificables, abiertos al control público. Esto supone, entre otros puntos, publicar periódicamente la información sobre montos, criterios de selección, tipos de campaña y medios beneficiados, de manera que periodistas, investigadores y ciudadanía puedan evaluar el uso de esos fondos. La transparencia en la asignación, remarcan las organizaciones, es un componente clave para desalentar cualquier mecanismo discrecional de premiar o castigar medios según su línea editorial.

En su comunicado, los impulsores del informe subrayan que la pauta oficial debe pensarse como una herramienta para facilitar el ejercicio del derecho ciudadano a recibir información de múltiples fuentes y no como una palanca para ordenar el mapa mediático según intereses coyunturales. Reorientar la política de publicidad hacia un esquema plural y federal, que contemple la realidad de medios de distintas escalas y formatos, aparece como una condición necesaria para robustecer la libertad de expresión en la provincia. Al mismo tiempo, sostienen que esa transformación solo será posible si el Estado abre canales de diálogo con las organizaciones del sector y escucha las propuestas de quienes trabajan cotidianamente en la producción de contenidos desde un enfoque comunitario y cooperativo.

La expectativa es que diversos actores se sumen a la difusión del estudio y a la instalación del tema en la agenda pública, como un paso más en la disputa por una comunicación más justa, plural y arraigada en las realidades de los territorios.

Informe competo acá: 

Pódcast en apoyo a la campaña e informe del CISPREN, FARCO Y RED de MEDIOS DIGITALES realizado por MÁS DEMOCRACIA. Hecho con supervisión humana con herramienta IA