Crónica de una impunidad anunciada: el feminicidio de Eliana Luján y el silencio de la justicia en Punilla

Foto restaurada vía IA

La inacción judicial en casos de violencia de género no es un simple vacío administrativo; es una forma activa de violencia institucional que garantiza la libertad de los agresores y condena a las familias al desamparo. Cuando el aparato estatal decide no investigar, envía un mensaje de permiso para matar. En el Valle de Punilla, el caso de Eliana Luján representa una radiografía de esta negligencia sistémica, donde la desidia procesal ha permitido que, tras dos años, la justicia sea solo una quimera para una familia humilde que lucha contra el olvido.

Mientras la fiscalía de Cosquín se pierde en burocracias revictimizantes, un femicida y violador camina libre por las mismas calles donde fue hallado el cuerpo, amparado por una investigación que nació muerta. Dos años de silencio cómplice, una escena del crimen saboteada y seis niños huérfanos de madre sin asistencia. 

Para reconstruir este mapa de la impunidad, escuchamos las voces de la Dra. Daniela Pavón, abogada querellante que recientemente asumió el caso; Mariana, hermana de la víctima; y Lourdes, la hija mayor de Eliana, quien ha tomado la posta de un reclamo que la justicia intentó enterrar.

1. El hallazgo y el sabotaje de la escena (septiembre 2022)

La clasificación inicial de una muerte violenta define el éxito o el fracaso de la verdad. Cuando el Estado caratula prematuramente un crimen como "suicidio", activa un protocolo de descarte que destruye pruebas irreemplazables. Este sesgo inicial en el caso de Eliana Luján no fue un error técnico, sino el primer acto de una cadena de negligencias que contaminó la investigación desde su origen.

El 18 de septiembre de 2022, el cuerpo de Eliana fue hallado en el río de Cosquín. La familia, residente en Córdoba Capital, no recibió una notificación oficial; el horror llegó por redes sociales. Mariana, hermana de la víctima, relata la brutalidad del momento: "Ella se enteró por un grupo de WhatsApp que suben la foto del cuerpo de mi hermana preguntando quién era... la policía hacía 2 horas que no llegaba". A pesar de las alertas de los vecinos, la respuesta estatal fue una mezcla de tardanza y precariedad.

El resguardo del lugar del hecho —paso fundamental en cualquier protocolo de feminicidio— fue inexistente. Según testimonios recolectados, no hubo perimetraje ni intervención inmediata de la Policía Judicial. En un acto que la querella califica de gravedad extrema, el cuerpo fue retirado de forma precaria: "A ella la levanta un móvil común y se la llevan", denuncia Mariana. Este traslado en un patrullero estándar, antes de las pericias forenses en el sitio, constituye una "imprudencia" que contaminó el cuerpo y la evidencia biológica. La hipótesis del suicidio se sostuvo durante meses, ignorando los signos de defensa, hasta que el informe forense fue irrefutable: la causa de muerte fue asfixia mecánica y Eliana había sido víctima de un abuso sexual.

2. Radiografía de la inacción: la gestión de la fiscalía

La debida diligencia exige rapidez y exhaustividad. Sin embargo, la gestión de la fiscalía ha transitado el camino de la parálisis durante 24 meses. En este tiempo, no hubo detenidos, ni imputados, ni una comunicación mínima con los familiares, quienes fueron ignorados sistemáticamente.

La Dra. Daniela Pavón describe un escenario de abandono procesal alarmante. A pesar de que, según informaciones extraoficiales, existirían restos de ADN que permitirían individualizar al culpable, la fiscalía ha preferido el letargo. "Desde la fiscalía ni siquiera la instructora pudo salir a atenderme", señala la abogada, subrayando que recién tras su constitución como querellante hace dos semanas, la justicia hizo un amague de contacto con la familia.

El punto más polémico de la gestión actual es la insistencia en una "autopsia psicológica" de la víctima. Para la querella, esta medida es un desplazamiento perverso del foco investigativo: el sistema judicial pretende indagar en la personalidad y la vida privada de la mujer asesinada en lugar de rastrear el material genético del asesino. "Intentan poner en la víctima el foco y acá hay que buscar quién la mató... ni siquiera se han ocupado de buscar móviles", advierte la Dra. Pavón. Esta táctica revictimizante busca en el pasado de Eliana una "justificación" o distracción, mientras un violador sigue suelto en una zona de alto movimiento turístico como el Valle de Punilla.

Eliana Luján

3. El impacto humano: pobreza, aislamiento y un estado ausente

La vulnerabilidad socioeconómica se ha convertido en el aliado perfecto para la impunidad. Para una familia humilde de Córdoba Capital, el costo de viajar a Cosquín para presionar a una fiscalía hermética resultó una barrera insalvable. "No tenemos posibilidad de viajar todo el tiempo para ir para allá a averiguar o a presionar... llamamos un montón de veces y jamás nos quisieron decir nada", lamenta Mariana.

Eliana dejó seis hijos menores de edad que hoy viven un "infierno" de ausencia y falta de respuestas. El desamparo no es solo judicial, sino asistencial: a pesar de las promesas iniciales del Polo de la Mujer, la asistencia psicológica para los niños nunca se concretó. "Se comunicaron en su momento... ofrecieron asistencia y después no se hizo, no se concretó", explica su hermana.

Este abandono fue profundizado por una defensa anterior que la familia describe como apática y deshumanizada. Lourdes, la hija mayor, recuerda con dolor el trato recibido antes de la llegada de la Dra. Pavón: "Con la abogada que teníamos fue un desastre... ni siquiera nos ponía 'hola'. Yo le mandaba testamentos pidiendo por favor que se pusiera en mi lugar, y era totalmente ignorada". La diferencia radical en el compromiso de la nueva querella ha devuelto a la familia una cuota de esperanza, pero no borra los dos años de silencio impuesto por quienes debían protegerlas.

4. Exigencias: el imperativo de la justicia en Punilla

Con la proximidad del Encuentro de Mujeres, el caso de Eliana Luján se presenta como un reclamo ineludible de justicia territorial. No se puede hablar de un Valle de Punilla seguro para el turismo si su sistema judicial es incapaz de resolver una violación y un asesinato ocurrido a plena luz del día en el río de Cosquín.

La querella liderada por la Dra. Daniela Pavón ha establecido una hoja de ruta crítica y urgente:

• Acceso inmediato y pleno al expediente y a los informes de autopsia.
• Diligenciamiento de las pruebas de ADN para individualizar al agresor.
• Toma de testimonios a vecinos y al entorno que nunca fueron citados en dos años.
• Presentación de una denuncia por mal desempeño contra la fiscalía de la Dra. Paula ante la evidente y prolongada inacción.

La verdad sobre el femicidio de Eliana Luján es una deuda que el Estado tiene con sus seis hijos y con todas las mujeres que habitan y transitan Punilla. La justicia lenta, que se detiene ante la falta de recursos de las víctimas y que prefiere auditar la vida de las muertas antes que perseguir a los vivos que matan, no es justicia; es un engranaje más de la maquinaria feminicida. El nombre de Eliana no caerá en el olvido, y la lucha de su familia no se detendrá hasta que el responsable deje de caminar por las calles con la tranquilidad que hoy le regala la fiscalía.

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