Justicia en Salta: prisión perpetua para un expolicía federal por el asesinato de dos militantes en un operativo ilegal de 1975

René Esteban Locascio Terán y Ramón Antonio Díaz Romero, asesinados el 20 de abril de 1975 durante un allanamiento ilegal en la ciudad salteña de San Lorenzo.

El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta condenó ayer a prisión perpetua al exinspector de la Delegación Salta de la Policía Federal Argentina (PFA) Juan Carlos Alzugaray por los homicidios de los militantes políticos René Esteban Locascio Terán y Ramón Antonio Díaz Romero, cometidos el 20 de abril de 1975 durante un allanamiento ilegal realizado en una vivienda de la localidad salteña de San Lorenzo, en el marco del terrorismo de Estado implementado en la última dictadura cívico-militar.

El fallo fue en línea con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal. Durante su alegato, el fiscal general Carlos Martín Amad y el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila habían pedido la pena máxima para el ahora condenado y sostuvieron que el procedimiento en el que se cometieron los crímenes fue una emboscada planificada para ejecutar a las víctimas y simular posteriormente un enfrentamiento armado.

El tribunal, integrado por la jueza Gabriela Catalano y los jueces Diego Matteucci y Abelardo Basbús, consideró a Alzugaray coautor funcional del delito de homicidio agravado por alevosía y por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de las dos víctimas. Además, calificó los hechos como delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. Asimismo, resolvió que el condenado continúe cumpliendo prisión domiciliaria. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 30 de julio.

Alzugaray ya registra otras dos condenas por crímenes de lesa humanidad. La más reciente fue dictada el 21 de agosto de 2024, cuando recibió una pena por el delito de aplicación de tormentos.

Fusilados mientras dormían

El juicio tuvo por objeto un operativo realizado el 20 de abril de 1975 por personal de la Delegación Salta de la Policía Federal, que irrumpió en una vivienda de la calle Lugones, en San Lorenzo, donde asesinó a Locascio Terán y Díaz Romero, en el marco del plan sistemático de exterminio de enemigos políticos que el aparato represivo estatal llevaba adelante en aquel período.

Por estos mismos hechos ya habían sido condenados el exjefe de la Policía de Salta, Miguel Raúl Gentil, y el excomisario general Joaquín Guil, considerados autores mediatos del doble homicidio.

Durante el debate quedó acreditado que la vivienda se encontraba vigilada antes de la llegada de las víctimas y que el objetivo del procedimiento no era detenerlas sino ejecutarlas para luego simular los fusilamientos como un enfrentamiento entre fuerzas policiales y guerrilleros.

El 26 de junio pasado, al exponer en su alegato, Amad sostuvo que la prueba reunida desmentía la versión oficial y que "todo fue una operación mascarada para matarlos".

"La evidencia demuestra que las víctimas no hicieron un solo disparo. Tampoco utilizaron la granada que llevaban consigo. Si realmente hubiera existido un enfrentamiento, lo esperable habría sido que intentaran defenderse, pero eso nunca ocurrió", explicó el representante del Ministerio Público Fiscal.

En ese sentido, el fiscal afirmó que el operativo había sido planificado para consumar las ejecuciones. "Las víctimas no se defendieron porque no tuvieron oportunidad de hacerlo. Los ejecutaron cuando dormían", sostuvo.

La fiscalía reconstruyó que, tras un atentado cometido días antes en la provincia de Jujuy contra un directivo de la empresa Ledesma, las fuerzas de seguridad identificaron a las víctimas como integrantes de la organización Montoneros y montaron el operativo que culminó con sus asesinatos.

El juicio había comenzado el 10 de junio último. Entre los testimonios más relevantes, la propietaria de la vivienda donde ocurrió el doble homicidio relató las torturas y amenazas que sufrió tras su detención, mientras que otro testigo que se encontraba en la Jefatura de Policía declaró haber escuchado al entonces jefe policial Guil ordenar "no los quiero vivos", cuando le informaron que las víctimas estaban "acorraladas" en San Lorenzo.