Soberanía en riesgo: el debate sobre la ley de inviolabilidad de la propiedad privada

Legisladores, abogados, activistas y referentes de comunidades originarias advirtieron que la norma que el Senado trata esta semana encubre la derogación de la Ley de Tierras Rurales y forma parte de un paquete normativo que compromete recursos estratégicos del país.
Argentina15 de julio de 2026Sures NoticiasSures Noticias

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El 14 de julio de 2026, a horas del tratamiento en el Senado de la Nación del proyecto denominado "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", el Movimiento Río convocó un conversatorio virtual de urgencia. Legisladores, abogados, investigadores, activistas y representantes de comunidades indígenas de la Patagonia y Buenos Aires se reunieron para analizar las consecuencias de una norma que, según los expositores, va mucho más allá de la protección de la propiedad: encubre la derogación de hecho de la Ley de Tierras Rurales, la Ley de Manejo del Fuego y otras normativas centrales para la soberanía territorial argentina.

La charla vía Zoom contó con la participación de Magdalena Odarda, Adriana Serquis, Jorge Rachid, Florencia Gómez, Sandra Contreras, Raúl “Rudy” Ortiz, Silvia Horne, Martín Palumbo y Hugo Carhuela. 

La Ley de Tierras Rurales: historia, alcances y ataque sistemático

Florencia Gómez, abogada especializada en políticas de tierras rurales y coautora de la Ley 26.737, abrió el encuentro con una exposición técnica. Explicó que la norma, aprobada en 2011 con amplia mayoría en el Congreso, estableció cuatro limitaciones centrales: un límite del 15% de superficie por titularidad extranjera a nivel nacional, provincial y departamental; un tope del 30% por nacionalidad, para evitar que un solo país concentre grandes extensiones; un límite personal de 1.000 hectáreas en zona núcleo, con su equivalente en el resto del territorio; y la prohibición de adquirir tierras con cuerpos de agua permanentes, contenida en el artículo 10 y considerada la disposición más estratégica de la ley, orientada a impedir la apropiación privada de bienes de dominio público.

Gómez detalló que la implementación exigía que todo extranjero interesado en comprar tierras obtuviera previamente un certificado de habilitación del Registro Nacional de Tierras Rurales, sin el cual ningún escribano podía labrar la escritura pública.

"Este proyecto del gobierno de inviolabilidad de la propiedad privada no es ni nada más ni nada menos que la derogación de la ley de tierras", sostuvo.

La abogada recordó además que la ley ya había sido blanco de ataques previos: primero, el decreto 820 de Mauricio Macri, en 2016, que flexibilizó los controles sobre transferencia de acciones vinculadas a la tierra; después, el DNU 70/2023 de Javier Milei, que intentó derogarla directamente y fue declarado inconstitucional a partir de un amparo presentado por excombatientes de Malvinas.

Gómez señaló también una irregularidad estadística que calificó de "muy extraña": durante su gestión al frente del Registro de Tierras había cerca de 50 departamentos que superaban el 15% de extranjerización, mientras que en la actualidad Bariloche figura oficialmente con un 13,6%.

Un paquete legislativo extractivista

Adriana Serquis, diputada nacional y ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, amplió el análisis al ubicar la ley de inviolabilidad como parte de un conjunto normativo mayor, con un hilo conductor común: el extractivismo y la entrega de soberanía. Según explicó, el proyecto se combina con la reforma a la Ley de Glaciares, el régimen SUPERIG y la reforma a la Ley de Sociedades.

"Creemos que es una fábrica jurídica de impunidad", afirmó.

Extranjerización y Estados extranjeros

Magdalena Odarda, legisladora provincial, denunció la presencia de capitales de Emiratos Árabes Unidos y Qatar en aproximadamente 70.000 hectáreas patagónicas.

"Ya no son las grandes corporaciones las que vienen a comprar tierra... sino que ya son los Estados, vienen los Estados camuflados, escondidos", advirtió.

Comunidades originarias: despojo territorial en curso

Hugo Carhuela y Aldino Jaramillo, loncos mapuches, describieron el despojo territorial sistemático que enfrentan sus comunidades, señalando la existencia de certificados de ocupación otorgados a empleados de capitales extranjeros dentro de territorios indígenas.

El conversatorio dejó en evidencia que la "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada" es percibida por especialistas y organizaciones sociales como el eslabón más reciente de un proceso estructural de entrega de recursos naturales estratégicos —agua, tierra y biodiversidad— a capitales extranjeros y Estados del Golfo Pérsico. Los oradores reclamaron unidad de las luchas sociales, defensa de las leyes de presupuestos mínimos y una investigación legislativa sobre los vínculos entre poder económico y político en la provincia de Río Negro.

Tratamiento en el senado suspendido

El Mileismo entreguista buscaba hoy dar media sanción al proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en la última sesión antes del receso invernal, la sesión comenzó a las 12 y se preveía que durara alrededor de siete horas. finalmente el tratamiento se postergo para el 6 de agosto. La reunión estuvo presidida por Victoria Villarruel, quien había pedido que no se realizara por los festejos de la Selección.

La iniciativa, que reduce las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de empresarios extranjeros, habilita desalojos exprés y debilita las protecciones sobre bosques nativos y zonas arrasadas por el fuego, generó rechazo entre las bancadas opositoras. Para sus críticos, el proyecto facilita la extranjerización del territorio y desmantela salvaguardas ambientales y sociales sobre tierras productivas y comunidades afectadas por incendios.

Wado de Pedro, senador nacional por Unión por la Patria, afirmó que la propuesta de corte libertario persigue “la extranjerización del territorio” y cuestionó el calendario legislativo: “No es casualidad que quieran tratarlo en medio del Mundial: tienen que hacerlo cuando la sociedad está mirando para otro lado. Nosotros insistimos con nuestro rechazo porque a la Argentina hay que defenderla en todas las canchas”, dijo.

En la Cámara baja, la diputada Lucía Cámpora, también de Unión por la Patria, alertó que con la aprobación de la ley “quieren habilitar que se pueda vender nuestro país”. Señaló, sin eufemismos, que la iniciativa de Javier Milei implicaría poner en venta provincias enteras y recordó los recursos estratégicos del país: “Argentina es la segunda reserva mundial de gas no convencional, tiene una de las reservas más importantes de agua dulce y forma parte del triángulo del litio”, sostuvo, en un mensaje que mezcla preocupación por la soberanía territorial y el peso estratégico de los recursos naturales.

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