CELS

El decreto firmado por Javier Milei redefine el sistema de inteligencia nacional, amplía al máximo el secreto, permite que la SIDE detenga personas, otorga mayor autonomía a las Fuerzas Armadas y habilita el acopio masivo de datos personales, en un esquema que el CELS considera inconstitucional y peligroso para la vida democrática.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de Martín Cormick, anuló la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación al considerar que criminaliza la protesta social, avanza sobre facultades del Congreso y vulnera estándares internacionales de derechos humanos, en una causa impulsada por el CELS y decenas de organizaciones.

A más de ocho años de la represión durante el Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo de 2017, el CELS solicita el procesamiento de seis altos mandos policiales responsables por la detención arbitraria y los tratos vejatorios contra 21 manifestantes. Mientras algunos de los involucrados siguen en funciones y la causa se dilató durante años, organizaciones exigen justicia y el fin de la impunidad institucional.

La abogada especialista en discapacidad presentará esta tarde una acción judicial para declarar inconstitucional el artículo que suspende la ejecución de la Ley 27.793, sancionada recientemente, exigiendo su cumplimiento inmediato y protección para todas las personas con discapacidad.

El Estado eludió su obligación frente a los problemas que surgieron a partir de la modificación de la Ley de Refugiados, afectando a grupos de personas en situación de vulnerabilidad. Los organismos de derechos humanos que solicitaron la audiencia pidieron al organismo internacional que visitara el país.

Será este lunes 3 de marzo en una audiencia pedida junto a CAREF y SMJ en la que se informará a la Comisión sobre los impactos negativos que tuvieron las medidas tomadas por el gobierno que afectan a las políticas de asilo.

Durantes las audiencias ante la CIDH el representante del gobierno de La Libertad Avanza dijo que la pobreza está bajando, pero no pudo contestar por políticas sociales concretas para niñas, niños y adolescentes. Tampoco contestó sobre la entrega de insumos médicos para garantizar la salud sexual y reproductiva, y rechazó la existencia de la violencia de género. En la última audiencia atacó a las organizaciones de derechos humanos y las acusó de buscar venganza.

Los procesamientos y prisiones preventivas de manifestantes van en línea con la estrategia de criminalización que impulsa el Gobierno para limitar el ejercicio del derecho a la protesta. Nos presentamos como amicus curiae ante la Cámara Federal de Apelaciones, señala el CELS.

El fiscal Fabián Canda consideró que debía admitirse la acción de amparo interpuesta por Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra el Ministerio de Seguridad de la Nación, a fin de obtener datos sobre la normativa que regula las misiones, funciones, estructuras y actividades de inteligencia criminal de las cuatro fuerzas de Seguridad federales.

El Centro de Estudios Legales y Sociales rechazó la iniciativa oficial porque "pretende desactivar procedimientos clave y avanzar sobre medidas regresivas para los derechos humanos y la democracia". Advirtió que el Parlamento "tiene la responsabilidad de no convalidar" la propuesta.