CELS exige el procesamiento de jefes policiales por la razzia del 8M 2017

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó ante la Justicia el pedido de procesamiento de seis comisarios y subcomisarios que, el 8 de marzo de 2017, participaron de un violento operativo de represión al finalizar la movilización del Paro Internacional de Mujeres. Durante la razzia, fuerzas de la Policía Federal y de la Ciudad detuvieron arbitrariamente a 21 personas, mayoritariamente mujeres, y ejercieron sobre ellas violencia física, verbal y requisas vejatorias en diversas comisarías. Todas las detenidas fueron imputadas falsamente por atentado, resistencia a la autoridad y lesiones, cargos que tiempo después serían descartados por la Justicia.

Ya pasaron más de ocho años de los hechos, y la causa judicial apenas avanzó producto de la inacción fiscal, maniobras dilatorias y la declaración de incompetencia de los tribunales. Sólo recientemente los imputados —entre ellos el comisario mayor Héctor Cajida, actualmente a cargo de la Subsecretaría de Despliegue Territorial de la Policía Federal— prestaron declaración, intentando desligarse de responsabilidades y justificando el accionar represivo con argumentos inconsistentes.

La prueba acumulada confirma que las órdenes de desalojar la Plaza de Mayo mediante gases, balas de goma, un carro hidrante y la detención al voleo provinieron de los altos mandos, y que las 21 personas arrestadas no cometieron delito alguno. Además, dos jefes policiales resultan directamente responsables por los tratos crueles y degradantes sufridos por las detenidas bajo su custodia: requisas invasivas, exposición al frío, condiciones insalubres y maltrato verbal y psicológico.

Para el CELS, la permanencia de Cajida y otros responsables en puestos de conducción evidencia una política de seguridad que perpetúa la impunidad y permite la repetición de estos abusos, año tras año, ante cada protesta social. Mientras tanto, las víctimas siguen esperando justicia y el Estado argentino mantiene una peligrosa continuidad de prácticas represivas que atentan contra el derecho a la protesta y la integridad de manifestantes.