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En los últimos meses el gobierno de Javier Milei modificó la ley que protege a las personas refugiadas y cambió principios fundamentales que impiden cuidar a quienes piden asilo, como la no devolución y la confidencialidad. Para informar esta situación, el CELS solicitó junto a CAREF y al SJM una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La audiencia se realizará el lunes 3 de marzo a las 11 (hora de Argentina) y se podrá asistir vía Zoom con registro previo.
Desde el CELS señalan que las modificaciones implementadas por el gobierno a través del DNU 942 impactan en los criterios para que una persona sea o no reconocida como refugiada. A su vez, amenazan los principios de no devolución y el de confidencialidad, fundamentales para refugiados y solicitantes de asilo. En el caso del primero, una persona podría ser enviada a su país, donde podría correr riesgo de vida, por la simple sospecha de que está asociada a un delito vinculado con el terrorismo. Teniendo en cuenta que en la región esta categoría suele utilizarse como excusa para la persecución política, lo que propone el Estado es dejar en mayor vulnerabilidad a las personas refugiadas. De igual manera, si se viola la confidencialidad y se difunde información crítica sobre las personas refugiadas en Argentina se las puede poner en peligro, alertando a quienes las persiguen de dónde se encuentran.
Además del planteo sobre la normativa, el objetivo es que la Comisión esté informada sobre los discursos con los que el gobierno justifica estas políticas. La estigmatización y la violación del derecho al secreto de las personas refugiadas forman parte del discurso de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
