El Estado eludió su obligación frente a los problemas que surgieron a partir de la modificación de la Ley de Refugiados, afectando a grupos de personas en situación de vulnerabilidad. Los organismos de derechos humanos que solicitaron la audiencia pidieron al organismo internacional que visitara el país.
Argentina04 de marzo de 2025
Sures Noticias
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó este lunes las preocupaciones de organizaciones de la sociedad civil y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sobre los riesgos que enfrentan las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Argentina. La audiencia se centró en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 942/2024, emitido por el gobierno de Javier Milei en octubre de 2024, que modifica la ley de protección a refugiados.
Organizaciones como la Comisión Argentina para personas Refugiadas y Migrantes (CAREF), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) expresaron su profunda preocupación por las modificaciones introducidas por el DNU, que consideran que vulneran principios fundamentales como la no devolución y la confidencialidad.
Según las organizaciones, el DNU elimina la posibilidad de recurrir decisiones negativas en la instancia administrativa, establece un plazo de solo 5 días para presentar un recurso judicial (lo que dificulta el acceso a la justicia para quienes necesitan asistencia legal) y amplía arbitrariamente las causales de exclusión, menoscabando el principio de inocencia y el carácter humanitario del estatuto de refugiado.
Durante la audiencia, representantes del Estado argentino, incluyendo el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, y la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia de la Nación, María Florencia Zicavo, optaron por atacar a los organismos de derechos humanos en lugar de defender las políticas del gobierno. Esta actitud fue criticada por las organizaciones, que resaltaron la importancia del diálogo constructivo en la defensa de los derechos humanos.
Las organizaciones solicitan a la CIDH que inste al gobierno argentino a derogar el DNU y a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Asimismo, subrayaron la necesidad de garantizar la idoneidad de los funcionarios encargados de analizar y resolver las solicitudes de refugio.
La audiencia ante la CIDH refleja la creciente preocupación por el retroceso en la protección de los derechos de las personas refugiadas en Argentina y la necesidad de una respuesta urgente por parte del Estado para garantizar el cumplimiento de sus compromisos internacionales.
“Con la publicación del DNU N° 942/2024 en octubre del año pasado, la modificación de la composición de la CONARE (Comisión Nacional para los Refugiados) y la reglamentación de la Ley de Refugiados a puertas cerradas, el Estado incumple con pactos internacionales vigentes e introduce medidas regresivas con relación a los estándares sobre protección internacional. Expresa una mirada sesgada que afecta de manera directa la protección de las personas refugiadas y solicitantes de asilo con un ataque sistemático a los derechos y garantías que pretende justificar a través de una mirada unidimensional e ideologizada del concepto de seguridad nacional. El resultado es una afectación directa e ilegítima del derecho a buscar y recibir asilo de la Convención Americana”, mencionó frente a las autoridades Gabriela Liguori, Directora Ejecutiva de CAREF. Fuente Canal Abierto
Por su parte, Juliana Miranda, Coordinadora del Equipo de Trabajo Internacional del CELS, señaló que el argumento del terrorismo fue la excusa para modificar la política argentina hacia las personas que llegan al país como refugiadas. “El criterio de protección de derechos que primaba, y que había sido reconocido internacionalmente por distintos organismos internacionales, viene siendo reemplazado por otro centrado en la ‘seguridad nacional’, como si la política de proteger a quienes piden asilo fuera una fuente de amenazas. En este criterio se basó, precisamente, la incorporación del Ministerio de Seguridad a la CONARE”. Fuente Canal Abierto
Luego fue el turno del sacerdote jesuita Julio Villavicencio, del Servicio Jesuita a Migrantes, quien aseguró que no existen datos oficiales que respalden la afirmación de que el asilo es utilizado de manera fraudulenta o que sea una vía sistemática para el ingreso de personas vinculadas a actividades delictivas en Argentina.
“La estigmatización de ciertos grupos nacionales no solo carece de fundamento, sino que además pone en riesgo la integridad y seguridad de quienes buscan protección, en abierta contradicción con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina”, dijo. Y agregó que “estamos acá por el compromiso con la dignidad humana, especialmente de quienes se ven forzados y forzadas a huir de sus países. Por eso, queremos hacer presentes a quienes han llegado a la Argentina con la esperanza -y el legítimo derecho- de reconstruir sus proyectos de vida libres de la persecución, la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos y la violación masiva de los derechos humanos”. Fuente Canal Abierto
Durante la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado argentino respondió a la defensiva y evadió la responsabilidad de dar respuestas claras a los cuestionamientos técnicos planteados por organizaciones de la sociedad civil y la propia Comisión.
Según las organizaciones, el Estado aseveró que no existe ninguna norma que lo obligue a hacer partícipe a la sociedad civil en la reglamentación de las leyes, desconociendo la relevancia de los procesos participativos en Argentina. Esta postura fue fuertemente criticada, ya que ignora la existencia de múltiples marcos normativos que promueven la participación ciudadana.
Las organizaciones denunciaron que el Estado, en lugar de gestionar de manera seria y eficaz los trámites administrativos, traslada las consecuencias de sus falencias a las personas refugiadas y solicitantes de asilo, vulnerando sus derechos a través de procedimientos inconstitucionales.
La representante del Estado cuestionó algunas de las denuncias presentadas, argumentando que no reflejan la realidad de las políticas implementadas. Sin embargo, reconoció la necesidad de seguir mejorando en la protección de los derechos de los refugiados y solicitantes de asilo.
Ante esta situación, las organizaciones solicitaron a la CIDH que:
Inste al Estado argentino a fundamentar sus políticas y prácticas en el principio de no discriminación.
Garantice procesos consultivos amplios.
Revise las modificaciones realizadas al sistema de asilo para cumplir con sus obligaciones internacionales.
Además, pidieron al organismo internacional que realice una visita a Argentina para escuchar las voces de las personas afectadas por estas políticas, las organizaciones que las acompañan y la Defensoría Pública especializada en la temática.
La postura del Estado argentino durante la audiencia generó preocupación entre las organizaciones de derechos humanos, que instaron a la CIDH a tomar medidas para garantizar la protección de los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en el país.
Resumen
La audiencia aborda los riesgos en la protección de derechos de refugiados y solicitantes de asilo en Argentina, destacando preocupaciones sobre modificaciones legales, acceso a procesos justos y medidas restrictivas que podrían vulnerar derechos fundamentales. Ver acá
Video completo de la audiencia
Así lo afirma Daniel Gómez, exdirector del Instituto y el actual del Centro de Oncología Molecular y Traslacional de la UNQ, en una entrevista para la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ.
Un análisis realizado por ManpowerGroup indica que Argentina presenta las proyecciones de contratación más bajas de América para el segundo trimestre de 2025. Según la Encuesta de Expectativas de Empleo (ENE), se reporta un índice del 0%, lo que sugiere un estancamiento en el mercado laboral.
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad relevó que el 17% de las 338 sentencias dictadas desde la reapertura de los juicios incluye condenas por los tipos penales relacionados con agresiones sexuales a las víctimas del terrorismo de Estado.
Los sindicatos han rechazado el esfuerzo del Gobierno por aprobar el acuerdo con el organismo internacional a través de un DNU, eludiendo así el debate en el Parlamento.
La disposición ordenaba al Ejecutivo abstenerse de despedir al personal de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y detener la eliminación de programas vinculados a esta área. Sin embargo, los jueces determinaron que dicha orden representa una "intervención indebida del Poder Judicial en ámbitos que son competencia exclusiva del Ejecutivo".
A los 77 años y mientras era juzgado por crímenes de lesa humanidad, falleció ayer el genocida y apropiador de bebés Juan Carlos Vázquez Sarmiento. Prófugo de la justicia durante dos décadas, nunca dio información sobre sus víctimas ni tuvo condena firme por sus crímenes.
Bajo la consigna que impulsara para la marcha del 24 de marzo "Unir la memoria y las luchas contra el fascismo y el neoliberalismo. Milei y LLaryora cómplices” el Foro por la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos de Córdoba presentó su agenda de actividades hacia la Marcha del 24 de Marzo del 2025.
"Porque es necesario un fuego que no destruya, un fuego que mantenga la vida encendida. Porque nos quieren pisotear para apagarnos", se puede leer en el IG de Gaudalupe Gomez, como preludio del espectáculo que se presenta este sábado 15 de marzo.
Un análisis realizado por ManpowerGroup indica que Argentina presenta las proyecciones de contratación más bajas de América para el segundo trimestre de 2025. Según la Encuesta de Expectativas de Empleo (ENE), se reporta un índice del 0%, lo que sugiere un estancamiento en el mercado laboral.
Así lo afirma Daniel Gómez, exdirector del Instituto y el actual del Centro de Oncología Molecular y Traslacional de la UNQ, en una entrevista para la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ.
La iniciativa busca poner en valor el patrimonio cultural, ecológico e histórico de Córdoba. Participaron autoridades locales, estudiantes, docentes, vecinas y vecinos de la comunidad.
La primera se desarrollará el 27 de marzo 17 y 30 hs Auditorio Ramona Bustamante: FCS - Ciudad Universitaria y lleva como título "Memoria y fascismo" y la segunda será el 28 de marzo 2025 a las 19 hs en el Centro de Congresos y Convenciones de Cosquín bajo el nombre de “El uso de los discursos de odio como estrategia política: Sus efectos en la organización de los trabajadores”
La Fiscalía de Instrucción Distrito III Turno Tres, pide colaboración para dar con el paradero de Milagros Micaela Bastos, de 22 años, quien actualmente vive en situación de calle.
Se realizó este jueves 13 de marzo, en Tinku Arte, la 4ta edición de la entrega de los “Reconocimientos 24 de marzo 2025 al compromiso con los Derechos Humanos”, entregados por el Foro por la Libertad, la Democracia y los Derechos y Humanos y el Colectivo Más Democracia.