El Gobierno de Milei no logró justificar sus políticas relacionadas con los refugiados ante la CIDH.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó este lunes las preocupaciones de organizaciones de la sociedad civil y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sobre los riesgos que enfrentan las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Argentina. La audiencia se centró en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 942/2024, emitido por el gobierno de Javier Milei en octubre de 2024, que modifica la ley de protección a refugiados.

Organizaciones como la Comisión Argentina para personas Refugiadas y Migrantes (CAREF), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) expresaron su profunda preocupación por las modificaciones introducidas por el DNU, que consideran que vulneran principios fundamentales como la no devolución y la confidencialidad.

Según las organizaciones, el DNU elimina la posibilidad de recurrir decisiones negativas en la instancia administrativa, establece un plazo de solo 5 días para presentar un recurso judicial (lo que dificulta el acceso a la justicia para quienes necesitan asistencia legal) y amplía arbitrariamente las causales de exclusión, menoscabando el principio de inocencia y el carácter humanitario del estatuto de refugiado.

Durante la audiencia, representantes del Estado argentino, incluyendo el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, y la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia de la Nación, María Florencia Zicavo, optaron por atacar a los organismos de derechos humanos en lugar de defender las políticas del gobierno. Esta actitud fue criticada por las organizaciones, que resaltaron la importancia del diálogo constructivo en la defensa de los derechos humanos.

Las organizaciones solicitan a la CIDH que inste al gobierno argentino a derogar el DNU y a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Asimismo, subrayaron la necesidad de garantizar la idoneidad de los funcionarios encargados de analizar y resolver las solicitudes de refugio.

La audiencia ante la CIDH refleja la creciente preocupación por el retroceso en la protección de los derechos de las personas refugiadas en Argentina y la necesidad de una respuesta urgente por parte del Estado para garantizar el cumplimiento de sus compromisos internacionales.

“Con la publicación del DNU N° 942/2024 en octubre del año pasado, la modificación de la composición de la CONARE (Comisión Nacional para los Refugiados) y la reglamentación de la Ley de Refugiados a puertas cerradas, el Estado incumple con pactos internacionales vigentes e introduce medidas regresivas con relación a los estándares sobre protección internacional. Expresa una mirada sesgada que afecta de manera directa la protección de las personas refugiadas y solicitantes de asilo con un ataque sistemático a los derechos y garantías que pretende justificar a través de una mirada unidimensional e ideologizada del concepto de seguridad nacional. El resultado es una afectación directa e ilegítima del derecho a buscar y recibir asilo de la Convención Americana”, mencionó frente a las autoridades Gabriela Liguori, Directora Ejecutiva de CAREF. Fuente Canal Abierto

Por su parte, Juliana Miranda, Coordinadora del Equipo de Trabajo Internacional del CELS, señaló que el argumento del terrorismo fue la excusa para modificar la política argentina hacia las personas que llegan al país como refugiadas. “El criterio de protección de derechos que primaba, y que había sido reconocido internacionalmente por distintos organismos internacionales, viene siendo reemplazado por otro centrado en la ‘seguridad nacional’, como si la política de proteger a quienes piden asilo fuera una fuente de amenazas. En este criterio se basó, precisamente, la incorporación del Ministerio de Seguridad a la CONARE”. Fuente Canal Abierto

Luego fue el turno del sacerdote jesuita Julio Villavicencio, del Servicio Jesuita a Migrantes, quien aseguró que no existen datos oficiales que respalden la afirmación de que el asilo es utilizado de manera fraudulenta o que sea una vía sistemática para el ingreso de personas vinculadas a actividades delictivas en Argentina.

“La estigmatización de ciertos grupos nacionales no solo carece de fundamento, sino que además pone en riesgo la integridad y seguridad de quienes buscan protección, en abierta contradicción con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina”, dijo. Y agregó que “estamos acá por el compromiso con la dignidad humana, especialmente de quienes se ven forzados y forzadas a huir de sus países. Por eso, queremos hacer presentes a quienes han llegado a la Argentina con la esperanza -y el legítimo derecho- de reconstruir sus proyectos de vida libres de la persecución, la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos y la violación masiva de los derechos humanos”. Fuente Canal Abierto

Durante la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado argentino respondió a la defensiva y evadió la responsabilidad de dar respuestas claras a los cuestionamientos técnicos planteados por organizaciones de la sociedad civil y la propia Comisión.

Según las organizaciones, el Estado aseveró que no existe ninguna norma que lo obligue a hacer partícipe a la sociedad civil en la reglamentación de las leyes, desconociendo la relevancia de los procesos participativos en Argentina. Esta postura fue fuertemente criticada, ya que ignora la existencia de múltiples marcos normativos que promueven la participación ciudadana.

Las organizaciones denunciaron que el Estado, en lugar de gestionar de manera seria y eficaz los trámites administrativos, traslada las consecuencias de sus falencias a las personas refugiadas y solicitantes de asilo, vulnerando sus derechos a través de procedimientos inconstitucionales.

La representante del Estado cuestionó algunas de las denuncias presentadas, argumentando que no reflejan la realidad de las políticas implementadas. Sin embargo, reconoció la necesidad de seguir mejorando en la protección de los derechos de los refugiados y solicitantes de asilo.

Ante esta situación, las organizaciones solicitaron a la CIDH que:

Inste al Estado argentino a fundamentar sus políticas y prácticas en el principio de no discriminación.
Garantice procesos consultivos amplios.
Revise las modificaciones realizadas al sistema de asilo para cumplir con sus obligaciones internacionales.
Además, pidieron al organismo internacional que realice una visita a Argentina para escuchar las voces de las personas afectadas por estas políticas, las organizaciones que las acompañan y la Defensoría Pública especializada en la temática.

La postura del Estado argentino durante la audiencia generó preocupación entre las organizaciones de derechos humanos, que instaron a la CIDH a tomar medidas para garantizar la protección de los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en el país.

Resumen 

La audiencia aborda los riesgos en la protección de derechos de refugiados y solicitantes de asilo en Argentina, destacando preocupaciones sobre modificaciones legales, acceso a procesos justos y medidas restrictivas que podrían vulnerar derechos fundamentales. Ver acá 

Video completo de la audiencia