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Medios comunitarios, alternativos y cooperativos de Argentina profundizan su reclamo contra el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y el gobierno nacional, exigiendo el cumplimiento de la ley de financiamiento y denunciando la retención de fondos que por derecho les corresponden. La preocupación crece ante la ausencia de información oficial sobre el destino de aproximadamente 7 mil millones de pesos recaudados a través del impuesto a la comunicación audiovisual, dinero que debería ser destinado al Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA).
Crisis y movilización: el sector en emergencia
Organizaciones como el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), convocan para este miércoles 16 de julio a las 12:30 a una asamblea frente a las puertas del ENACOM, en Perú 103, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El objetivo es visibilizar lo que ellos califican como una situación de emergencia y de grave deterioro institucional, derivada de las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.
La preocupación principal radica en la paralización del FOMECA, el principal canal de financiamiento para medios comunitarios, y la falta de rendición acerca del destino de los fondos recaudados. “Hay 7 mil millones de pesos que no sabemos cuál fue el destino”, advirtió el presidente de FARCO, Juan Salvador Delú.
Denuncias de censura, vaciamiento y favoritismo en la pauta
Delú remarcó que el gobierno de Milei designó a Juan Martín Ozores como interventor “a dedo”, sin consulta con la oposición ni la sociedad civil, violando así el carácter plural y democrático requerido para el manejo de ENACOM. Adicionalmente, las organizaciones denuncian censura, ataques a periodistas, vaciamiento de los medios públicos y una fuerte caída en el financiamiento a medios populares, mientras que la pauta oficial se concentra en medios aliados al gobierno, muchas veces canalizada vía YPF.
Estas irregularidades, indican, afectan directamente la producción de información independiente y la pluralidad de voces, elementos esenciales para una democracia sólida. “Acá hay un incumplimiento de la ley gravísimo. El impuesto audiovisual lo pagan todos los medios, el 10% debería ir al fondo concursable, pero no sabemos dónde está la plata. El Congreso debería intervenir”, sentenció Delú.
Contexto legal y social
Desde la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, los fondos recaudados mediante el impuesto a la comunicación deben destinarse, por ley, a fomentar la diversidad, fortalecer medios alternativos y garantizar el acceso plural a la información. Sin embargo, las organizaciones alertan sobre una deuda millonaria con proyectos ya aprobados y una tendencia creciente al vaciamiento del organismo encargado.
La transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública son una demanda recurrente de entidades de la sociedad civil, que insisten en la importancia de los fondos concursables para sostener la pluralidad de voces y el derecho de las comunidades a informar y ser informadas.
Movilización y exigencias
La asamblea frente a ENACOM busca ser el primer paso de un plan de acción más amplio, que incluya pedidos al Congreso y a organismos de control. Los representantes anticipan que, de no obtener respuestas, se profundizarán las medidas de protesta y se elevarán denuncias formales en el ámbito legislativo.
En medio de políticas controvertidas, el reclamo de los medios comunitarios refleja una disputa clave en la agenda pública argentina: la defensa del derecho a la comunicación y la transparencia en el uso de fondos que, por ley, corresponden a la sociedad y no a discrecionalidad gubernamental.
El gobierno nacional elimina programas del enacom que beneficiaban a PYMES
El lunes, el Gobierno nacional oficializó la eliminación de más de una docena de programas del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) destinados a expandir el acceso a Internet y fomentar el desarrollo tecnológico en pequeñas y medianas empresas (PYMES), cooperativas y regiones vulnerables. La resolución, publicada en el Boletín Oficial, pone fin a iniciativas que ofrecían financiamiento para infraestructura, créditos a tasas preferenciales y promovían la digitalización en viviendas sociales y parques industriales.
Entre los programas cancelados se incluyen aquellos relacionados con la conectividad en parques industriales, el programa Viviendas Digitales y fondos para áreas en emergencia, como la Comarca Andina. También se anulan líneas de apoyo para mejorar la infraestructura digital de cooperativas y para proporcionar acceso a Internet en instituciones públicas y polos tecnológicos.
La decisión se basa en un informe de la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo, que argumentó la baja cantidad de postulaciones en algunas convocatorias. Sin embargo, dicho documento reconoció la existencia de fundamentos sólidos para las iniciativas. El Gobierno sigue así con su política de recortes, a pesar de que la Ley Argentina Digital establece la revisión periódica de estos programas.
Esta medida llega poco después de la finalización de las facultades delegadas por el Congreso mediante la Ley Bases, lo que ha generado preocupación sobre la reducción de políticas que buscaban disminuir la brecha digital. La eliminación de estos programas tendrá un impacto directo en las pequeñas empresas y comunidades que dependían de ellos para mantener o expandir sus servicios de conectividad.
